Tardó pero llegó. Luego de mostrarse a favor de la aplicación del fallo de la Corte Suprema, que benefició con el 2×1 al represor Luis Muiña, el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj rechazó 6 días después esa decisión.
Lo hizo a través de un comunicado de la Secretaría en la que manifestó la oposición a un pedido del represor tucumano Carlos Trucco a ser beneficiado con la misma reducción de pena.
«La Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación se opuso al pedido de aplicación del beneficio del 2×1 efectuado por Carlos Eduardo Trucco, que fue condenado en diciembre de 2013 por el Tribunal Oral Federal Número 1, a la pena de catorce años de prisión, por haber cometido delitos de Lesa Humanidad en Tucumán, cuando reportaba como Jefe de la Compañía ‘A’ y Jefe de Personal (OEM) del Regimiento 19º de Infantería de esa provincia, a cargo de la llamada ‘Fuerza de Tarea Aconquija’ , señaló la secretaría.
«La Secretaría considera inadmisible la solicitud por la desproporcionalidad en la aplicación de la pena violando garantías constitucionales, además de que no se puede pretender la aplicación de la Ley Penal mas Benigna (en este caso el 2×1), dado que era una Ley que no se encontraba vigente al momento que el imputado se encontraba privado de su libertad», aseguró y agregó: «Por último, atento la normativa internacional incorporada a nuestra Constitución, no pueden acogerse al beneficio que hubiera otorgado la Ley del 2×1 aquellas personas que se encuentren imputadas por delitos de Lesa Humanidad.»
Horas después del fallo de la Corte sobre el 2×1, Avruj fue el primer funcionario del gobierno en referirse al tema. En ese momento, aseguró que iba a acatar la decisión del máximo tribunal. «Sostuve siempre que los derechos humanos son para todos. El estado de derecho y las normativas que tenemos es para ser cumplidos por todos por igual, y si los jueces consideraron que el marco legal permitía eso, tengo que respetarlo», manifestó.
Al día siguiente, la mayoría de los funcionarios del gobierno nacional y provincial se despegaron de la decisión de la Corte y dejaron al funcionario de Derechos Humanos en una postura incómoda.
