«Que tenga amigos dentro del nuevo Gobierno no significa que me vayan a ayudar», decía compungido el empresario Sergio Szpolski en diciembre del año pasado, pocos días después del balotaje que confirmó la victoria de Mauricio Macri sobre Daniel Scioli por escaso margen. El entonces «dueño» del Grupo 23, con rostro de víctima, se lamentaba de la derrota padecida en carne propia el 25 de octubre, cuando su candidatura a intendente de Tigre se desmoronó en las urnas del mismo distrito bonaerense donde posee su lujosa casa dentro del barrio cerrado La Escondida, en Rincón de Milberg. Detrás del novelón de mala calidad que protagonizan Szpolski y su socio, Matías Garfunkel, desde que comenzaron a pelearse en público (y también en la Justicia), se presume que funcionó un aceitado mecanismo de lavado de fondos públicos a partir de la pauta publicitaria que le facturaban al Estado y cuya recaudación era derivada al desarrollo de otros negocios en los que aparecen repetidamente sociedades comerciales, una firma radicada en Panamá y una serie de figuras clave vinculadas al espionaje vernáculo: Juan José Gallea, actual director de Finanzas de la Agencia Federal de Inteligencia, el abogado Darío Richarte, miembro de la SIDE durante el gobierno de la Alianza; Javier Fernández, el perenne miembro de la Auditoría General de la Nación, reconocido en tribunales como un añejo operador judicial de la SIDE; y el hombre más poderoso de la catacumba estatal hasta que Cristina Fernández de Kirchner decidió echarlo a fines de 2014: el espía Horacio Antonio Stiuso. Szpolski y luego a Garfunkel actuaron como los dos «fronting» del conglomerado de empresas que, en su mayoría, estaban registradas en el fisco como «pymes» para pagar la mitad del IVA.

Las amistades que Szpolski descartaba por esos días resultaron claves un año después. Gallea, su exgerente general del Grupo 23, volvió en diciembre de 2015 al cargo de director de Finanzas de la AFI, un puesto que ya había ocupado en la SIDE en 2000, durante la tragedia política de la Alianza, cuando los jefes del organismo de espionaje estatal eran el banquero Fernando De Santibañes y el abogado Richarte, dos piezas centrales en el viejo escándalo de las coimas del Senado que, luego de una década de maniobras judiciales, no prosperó en tribunales.

Richarte, socio del abogado Diego Pirotta, también forma parte del entramado de socios ocultos que operaban detrás de Szpolski como cara visible de un esquema de sociedades fantasma que eran encabezadas en los papeles por empleados suyos, como Roberto Oscar Flores, que fungió como titular de la mayoría de las empresas que conducía Szpolski y, desde febrero de 2011, también el millonario Garfunkel, que vive en Miami desde el año pasado, cuando dijo haber roto su relación societaria con «Sergio» y lo denunció penalmente por «amenazas» ante la jueza María Gabriela López Iñíguez.

Destino Panamá

En el diseño de sociedades fantasma controladas por Szpolski, dedicadas al lavado de dinero, Tiempo descubrió en Panamá la existencia de una empresa de turismo llamada Elos Internacional INC, creada por la familia Szpolski, ya tristemente célebre hace 15 años por la quiebra del Banco Patricios. Según el acta societaria registrada el 11 de marzo de 2013 en el Registro Público panameño, sus directores son Elke Szpolski (hermana de Sergio), Iona Szpolski (su sobrina) y Regina Symner, que también figura como titular de otras sociedades del empresario. La agencia de viajes sigue en funcionamiento, es propietaria de la marca «Premium Travel Panamá Diseño», que ofrece en su web institucional la venta de un paquete para ver el partido Panamá – Argentina en la Copa América Centenario de julio pasado.

La firma panameña con el apellido Szpolski debería ser investigada, entre otros organismos por la Unidad de Información Financiera, a cargo del abogado Mariano Federici. Sin embargo, el funcionario también forma parte de las estrechas relaciones de las que se jacta «Sergio», que habría fundado la agencia de viajes panameña cuando ya era socio de Garfunkel.

La bicicleta del amigo Brito

Las vinculaciones que Szpolski siempre negó con furia y vehemencia son investigadas en distintas causas penales que pueden confirmar un aceitado mecanismo de lavado de fondos públicos, a partir de la pauta publicitaria, cuya recaudación era derivada al desarrollo de otros negocios, incluso alimenticios, donde aparecen familiares directos de Szpolski y hasta de Stiuso. El menú de «bicicletas financieras» que diagramaba el empresario de origen judío (e íntimo amigo de la ex embajadora de Israel en Buenos Aires, Dorit Shavit) iba desde obtener beneficios fiscales para canejar los aportes previsionales por publicidad pública, hasta vender en forma anticipada las facturas publicitarias por cobrar a distintas entidades financieras, como el Banco Macro, presidido por Jorge Brito, otro vidrioso personaje de las finanzas de la city porteña, que mantiene una estrecha relación con Szpolski a través del financiamiento de las cuentas sueldo del Grupo 23, con descubiertos autorizados, compra de facturas y blanqueo bancario de dinero, cuya procedencia la Justicia aún no ha indagado.

El 5 de diciembre de 2015, Szpolski pagó el último salario a los trabajadores de este diario y desde entonces desarrolló una estrategia de vaciamiento que dos meses después derivó en la aparición del ignoto empresario correntino Mariano Martínez Rojas, supuesto comprador de Tiempo Argentino y Radio América, que dejó de imprimir el matutino dos semanas después de haber protagonizado la presunta adquisición. Parte de la operación fraudulenta, que incluyó una revisión de los números por 90 días que nunca se concretó, incluía la cobranza de la pauta que el Estado le debía a las empresas del Grupo 23. Hasta hace poco tiempo atrás, distintas fuentes oficiales confiaron a este diario que es el propio Szpolski quien buscó cobrar los pagos por todos los medios posibles, tanto para obtener dinero fresco, como para garantizar la cancelación de las facturas por publicidad que le había vendido a su amigo Brito, a Nacion Factoring, al Banco Provincia de Buenos Aires y a las entidades Mariva y Meridian. En los anticipos girados a las cuentas de Szpolski por los bancos compradores de las facturas, existe otra parte de la organización del robo de dineros públicos, ya que las publicidades eran sobrefacturadas por cifras millonarias para garantizar la obtención de dinero fresco en forma rápida y luego garantizar el pago del 25% de comisión que cobra cada banco por comprar facturas a término.

Aportes impagos y patota propia

La retención de los aportes previsionales de los empleados del G23 comenzó a ser investigada por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) a fines de 2015. Luego de ocho meses de investigaciones administrativas, el 12 de julio pasado, el organismo que conduce Alberto Abad decidió denunciar el caso ante el Juzgado Penal Económico N° 7, en manos de Juan Pedro Galván Greenway. La presentación detalló que las 18 empresas controladas por Szpolski habían desviado ilegalmente 85 millones de pesos, cuya ruta de dinero ahora es indagada en 18 expedientes separados. En todos están acusados Szpolski, su empleado Flores, y otras diez personas, entre ellos el director de Vorterix Mario Pergolini y el mendocino Alejandro Olmos, uno de los propietarios del Grupo Crónica que le compró la Revista 23 y estuvo a un paso de adquirir Tiempo Argentino y América, en una operación que no se concretó porque Garfunkel se negó a firmar las transferencias y luego demandó penalmente a su exsocio por haber concretado la operación con Martínez Rojas, ya por entonces procesado penalmente en Corrientes por librar cheques sin fondo para comprar autos de alta gama. El caso, luego del desastre que originó en Tiempo y en América, derivó en el pedido de prisión preventiva del entrepreneur del espectáculo, que vive en Buenos Aires. En el medio, el 4 de julio, Martínez Rojas comandó una patota con barrabravas que intentaron sacar a los trabajadores de Tiempo y América de las instalaciones que ocupaban desde febrero en defensa de sus puestos de trabajo. Entre los matones estaba Juan Carlos Blander, jefe de patovicas de Daniel Grinbank, exempleado porteño durante la gestión de Fernando de la Rúa y contratado por empresas del espectáculo como Fénix Entreteinment Group. Un dato curioso: en la denuncia que Garfunkel le inició a Szpolski por la supuesta venta sin su autorización de seis empresas del grupo, el excandidato a intendente de Tigre alegó en su defensa no haber concretado venta alguna, lo que de algún modo terminó de confirmar que la venta a Martínez Rojas nunca existió.

Balcarce: el alfajor secreto

El elenco de socios ocultos que no fueron mencionados por la AFIP aparece en otras dos demandas penales que instruye la Justicia. Una de ellas ofrece datos que se remontan al nacimiento de Tiempo Argentino, cuando llegó a los kioscos en 2010, con la posibilidad de que cada lector pudiera aprovechar un voucher canjeable por una caja de alfajores Balcarce. Según la denuncia que radicó el 29 de febrero pasado el legislador porteño Gustavo Vera, Panificadora Balcarce SA fue constituida en el año 2010 y su socio principal es Gallea, a través de Magnum Sabores Argentina SA, dueña del 51 por ciento. Vera denunció que esa firma «es continuadora de la empresa Magnum Records SA, que estaba integrada por Gallea y por Darío Richarte. En el escrito, el denunciante agregó que dos años después, la panificadora que elabora el pan de mesa Sacaan tiene como empleada a M. C.R. De acuerdo con Vera, se trata de la segunda esposa de Stiuso que, «según se desprende de la base de datos NOSIS», recibió el pago de las cargas sociales en tiempo y forma por parte de la panificadora.

La denuncia recayó en el Juzgado Federal 9, en manos del magistrado Luis Rodríguez, por la supuesta infracción al artículo 303 del Código Penal, que castiga con tres a diez años de prisión a quien haga circular dinero «proveniente de un ilícito» para que «adquiera la apariencia de lícito». La instrucción del expediente está en manos del fiscal federal Federico Delgado, que ya pidió una serie de medidas de prueba, en una denuncia donde aparece una decena de empresas fantasma, y en la que se repite la presencia de Richarte, Gallea y hasta Garfunkel, que aparece como presidente de Expresso Management INC y gerente de Amores LLC y Neumáticos LLC, dos de las diez empresas denunciadas. El listado incluye dos viejas firmas: Tiumayo SA y OSGRA SA, dos empresas controladas por la SIDE a través de Daniel Salinardi, un espía cuyo rol fue revelado hace diez años por el periodista Gerardo Young, en el libro SIDE La Argentina Secreta, donde se puede apreciar que el funcionario del aparato de espionaje de la Presidencia llegó a tener todas las propiedades y tapaderas del organismo a su nombre.

En la denuncia, cada uno de esos personajes, salvo Szpolski, fue imputado por Vera como culpable de manejo de fondos del Estado y lavado de dinero a través de sociedades anónimas. Dentro de la batería de denuncias penales, hay una donde sí aparecen acusados todos los miembros públicos y ocultos del Grupo 23. Fue presentada por la diputada Elisa Carrió a principios de año y quedó en manos del juez en lo Penal Económico Alejandro Catania. En el escrito le pide que investigue a Szpolski, Garfunkel, Richarte, Gallea y Javier Fernández por «maniobras fraudulentas en desmedro del fisco y de sus acreedores en general» realizadas desde el Grupo 23. En la presentación reclamó distintas medidas, pero especialmente que «se remitan las declaraciones juradas patrimoniales» del auditor Fernández, porque figuran préstamos por más de 8 millones de pesos a la empresa Perio Mundo, del Grupo 23, pese a que el auditor general había firmado dos informes muy críticos sobre la distribución de la publicidad oficial. «

Protección a vaciadores en el fuero que debe definir la quiebra

En el manual no escrito del lavado de dinero, la especialización en quiebras es una pieza clave. Su aplicación no solo necesita de abogados expertos en impunidad, sino de las redes que puedan tener en los tribunales. Al parecer, parte de ese mecanismo está en marcha dentro del fuero comercial porteño, donde la magistrada Vivian Fernández Garello de Dieuzeide, titular del Juzgado Comercial 23, ya negó en primera instancia el pedido de quiebra que presentaron los trabajadores del diario Tiempo Argentino a través de sus delegados. Luego de la fuga de Szpolski y la aparición del vaciador Martínez Rojas, los trabajadores de este medio decidieron crear la Cooperativa Por Más Tiempo, que ya lleva seis meses de vida y es la empresa recuperada de trabajadores de prensa más grande del país.

La negativa de Fernández Garello ahora está en manos de la Sala A de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, integrada por los jueces Alfredo Kolliker Frers, Isabel Miguez y María Elsa Uzal, tres camaristas que el 27 de septiembre se negaron a privilegiar los derechos de los trabajadores de la ex Librería del Profesional, que formaron la la Cooperativa de Trabajo LDP Ltada.

Según el fallo, los camaristas se negaron a reconocer los derechos de los trabajadores abandonados por la empresa, que habían reclamado recibir parte de la mercadería como compensación a favor de «los créditos con privilegio especial reconocidos por la Fiscal General a favor de los cooperativistas».

En la decisión los jueces sostuvieron que «no solo se encuentran en juego los derechos de los trabajadores, sino, además, los de los acreedores (…) Menospreciar o postergar irrazonablemente a los acreedores de la quiebra para favorecer el interés particular de un grupo de sujetos –por mejor intencionada que esa conducta pudiera resultar–, importa también, poner en riesgo la fuente de trabajo que aquéllos constituyen».

En la apelación, los trabajadores del diario presentaron nuevos elementos sobre el entramado de agentes de Szpolski, como el rol del testaferro Roberto Flores en la firma de cientos de cheques sin fondos de, al menos, ocho empresas del Grupo 23, que fueron denunciadas por ex diputado provincial del massismo Walter Martello a principios de año.

Ante la situación, los trabajadores pidieron la intervención de la fiscal ante la Cámara, y agregaron un interrogante que sigue sin respuesta: «Nos preguntamos a quién está intentando proteger la justicia al seguir permitiendo y haciendo caso omiso de los hechos que son de público conocimiento y que han sido debidamente acreditados».

La cooperativa cuenta con el patrocinio legal del abogado Pablo Godoy, del colectivo Técnicos para la Economía Social (TES).

Limbo judicial

Los ataques provocados por la patota el 4 de julio, también son parte de un complejo entramado penal: primero intervino el Ministerio Público Fiscal porteño e imputó a los agresores por usurpación y daño. Un día después, los trabajadores del diario, representados por la abogada María del Carmen Verdú, argumentaron la existencia de otros delitos de naturaleza federal, como interrupción de las comunicaciones y entorpecimiento del funcionamiento de un servicio de comunicación pública. El Juzgado 28 porteño aceptó la incompetencia y desde entonces dos magistrados porteños y el juez federal Martínez de Giorgi concidieron en que se trataba de un caso federal. Dos jueces consideraron que las querellas de los trabajadores de Tiempo y de Radio América eran conexas, pero el juez federal Daniel Rafecas se ha negado desde septiembre a aceptar esa conexidad, con una llamativa premura.