La filial argentina de Innocence Project (IP), una organización que asume la defensa de inocentes condenados injustamente en diversos lugares del mundo, consideró que el Poder Judicial debe “dejar de dar vueltas y de posponer decisiones” sobra la situación de hacinamiento de presos ante el riesgo de contagio masivo de coronavirus.
“No se pueden posponer decisiones y dar vueltas como la justicia en este momento, porque de esa manera se van a generar contagios, muertes o motines. Es necesario tomar decisiones rápidas y razonables. Esto es responsabilidad de los jueces pero también de la dirigencia política. Los Poderes Ejecutivos son los responsables de la política criminal y de la administración de las cárceles”, opinó uno de los referentes de IP, el ex fiscal de Investigaciones Administrativas Manuel Garrido.
IP es una entidad que cobró notoriedad en la Argentina después de la investigación de la denominada “masacre de Pompeya”, el episodio ocurrido en enero de 2005 y que generó una condena contra Fernando Carreras que corrigió la Corte Suprema, pero después de que el imputado falsamente permaneciera preso siete años de su vida.
Garrido presentó dos “amicus curiae” ante la Corte Suprema, mientras el documental, “Rati horror show”, del cineasta y piloto de aviones Enrique Piñeyro, era repartido en formato de CD en las puertas de los tribunales para que esa verdad real se impusiera por sobre la falsa verdad judicial.
Según su página web, IP –con sede central en Estados Unidos y representación en 13 países- esta “orientada al litigio estratégico en casos de condenas erradas y promoción de legislación y políticas públicas”.
Una de sus actuales campañas busca la liberación de Clemente Vera, quien lleva 7 años y 8 meses en prisión por el homicidio de las jóvenes francesas Cassandre Bouvier y Houria Mounmi, ocurrido en Salta, en 2014. El propio padre de Cassandre encabeza el reclamo de libertad de este ciudadano ante la Corte Suprema de Justicia, convencido de su inocencia y de la manipulación de un proceso judicial que suma graves cuestionamientos.
Garrido consideró que en torno a la cuestión carcelaria, “la oposición es absolutamente irresponsable y va en contra de las recomendaciones de los organismos internacionales y de lo que han hecho otros países”.
“El gobierno está tomando decisiones siguiendo las recomendaciones de los epidemiólogos y de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Mantener la salud en las cárceles no sólo es un deber de derechos humanos. Es también proteger a los presos, los penitenciarios, las familias de los penitenciarios y la comunidad en general”.
Garrido recordó que “entre las recomendaciones globales para la prevención del COVID 19 está la de reducir sensiblemente la población carcelaria”. ¿Cómo hacerlo? Los fallos de las Cámaras de Casación Federal, Nacional y de la Capital Federal causaron una enorme polémica artificial sobre las liberaciones masivas.
Según Garrido, los beneficios de “la excarcelación o la prisión domiciliaria (que no es libertad)” deberían abarcar a “los que estén cumpliendo prisión preventiva (especialmente si están en esa situación por un tiempo irrazonable) y los que estén próximos a cumplir la condena o a obtener la libertad condicional”.
“Es necesario evaluar si se trata de un preso de alto riesgo. Si es así, no hay beneficio. Pero la gran mayoría no tiene esa condición”.
“Debe empezarse por las penas cortas por delitos no violentos, por mujeres embarazadas, niños, personas encarceladas arbitrariamente (entre los que se encuentran los inocentes condenados por error) y los presos que estén en grupos de riesgo”.
“Respecto de los que permanezcan en prisión, hay que adoptar medidas adecuadas de prevención. Las mismas para los presos, para los internados en manicomios, para los menores internados en Institutos y para los adultos mayores en geriátricos. No se trata de un problema de la Argentina sino de todo el mundo”.
