El magnate que dejó de ser billonario por culpa del gobierno de Mauricio Macri le prende velas a la Cámara Civil y Comercial Federal para evitar que su patrimonio se reduzca aún más. Eduardo Costantini, el empresario inmobiliario creador de Nordelta y mecenas del museo MALBA, apeló una multa de (en total) dos millones y medio de pesos que le aplicó la Comisión Nacional de Valores (CNV) por la presunta manipulación de la cotización de acciones de una de sus principales empresas. Los hechos se remontan a 2008, pero sólo tuvieron sanción a mediados del año pasado. Unas semanas después, Costantini estalló contra el gobierno: «Se equivocó en todo sentido», dijo a la radio AM 530 (y reprodujo el diario Perfil) el 18 de octubre). El mismo medio, pero un mes más tarde, consignó la frase que quedó grabada como una demostración de que el gobierno de Cambiemos también perjudicó a los ricos que no son sus amigos: «Muchos dejamos de ser billonarios». Costantini figura en el ranking de millonarios de la revista Forbes, pero se queja porque las acciones de sus compañías valen hoy «un 30% de lo que valían».

Es imposible saber, pese a la simultaneidad temporaria, si la sanción económica por la supuesta manipulación de la cotización de una de sus principales empresas, Consultatio, está relacionada con su crítica visión sobre el gobierno de Mauricio Macri. En todo caso, forma parte de la libre interpretación.

La información dura indica que en 2008, la CNV inició un sumario a raíz de las sospechas de manipulación de la cotización y el volumen de venta de las acciones de Consultatio en la Bolsa porteña. Esa maniobra podría ser, incluso, considerada un delito penal. Se llama «agiotaje», y está contemplado en el artículo 300 del Código: «Será reprimido con prisión de seis meses a dos años el que hiciere alzar o bajar el precio de las mercaderías por medio de noticias falsas, negociaciones fingidas o por reunión o coalición entre los principales tenedores de una mercancía o género, con el fin de no venderla o de no venderla sino a un precio determinado; el fundador, director, administrador, liquidador o síndico de una sociedad anónima o cooperativa o de otra persona colectiva, que a sabiendas publicare, certificare o autorizare un inventario, un balance, una cuenta de ganancias y pérdidas o los correspondientes informes, actas o memorias, falsos o incompletos o informare a la asamblea o reunión de socios, con falsedad, sobre hechos importantes para apreciar la situación económica de la empresa…».

El sumario de la CNV abarcó no sólo a Consultatio y a Costantini, a título personal, sino también a la Compañía Inmobiliaria San Martín de Tours, de su propiedad, y a la directora titular, su hija Mariana Costantini. Entre mayo y agosto de 2008, según la investigación, Costantini por sí mismo y a través de San Martín de Tours concentraba la compra de acciones de Consultatio de manera tal de fijar el «precio de cierre», simulando una demanda que no era tal, con el objetivo de generar un «efecto artificial». Esas conductas debían ser informadas a la CNV, pero ello –según la acusación– no ocurrió. La CNV aplicó una multa de un millón y medio de pesos a Costantini, a título personal y como miembro del directorio y del Comité de Auditoría de Consultatio. A ese monto se le suma una multa de un millón de pesos contra la Compañía de Inversiones San Martín de Tours, que también le pertenece.

El empresario apeló la sanción ante la Cámara en lo Civil y Comercial Federal. «El sumario se inició hace diez años para investigar ciertas compras de acciones y desde la clausura del período probatorio ocurrida el 21 de junio de 2012 hasta la notificación de la Resolución de Conclusión, el 5 de junio de 2018, no ha existido ni un solo acto impulsorio del proceso o interruptivo de la prescripción. Quince días antes de que se cumpliera la prescripción, fue impulsado por la CNV con el único objetivo de evitarla. Transcurrieron diez años entre los hechos investigados y su sanción. El sumario administrativo tuvo esa duración debido a la morosidad de la administración, siendo un plazo excesivo y a todas luces irrazonable», argumentó.

En esa respuesta parece deslizar una intencionalidad más allá de la corrección por una infracción en las prácticas comerciales. La Sala Uno de la Cámara acaba de obtener de la Corte Suprema una autorización para prolongar la resolución del conflicto por 180 días. Es decir que durante seis meses más, el empresario estará expuesto a una sanción que es mucho menos grave desde lo económico que desde lo político. Dos millones y medio de pesos son mucho menos dolorosos frente a la Bolsa que la consolidación de una sanción por haber incurrido en prácticas mal vistas para un empresario de tamaña envergadura y prosapia. «