El macrismo estuvo a una decena de votos de echar a un diputado opositor sin más sustento que su propio deseo. Lo reconoció el diputado Pablo Tonelli con sinceridad brutal: «La causa para excluir a un diputado es absolutamente discrecional de la Cámara. Por tanto, cualquier causa puede ser fundamento para excluir a un diputado, en la medida, lógicamente, que la causa sea grave». ¿Quién determina qué es una «causa grave»?

Los propios diputados que deciden la exclusión.

La espeluznante frase del legislador pasó inadvertida en el fárrago de barbaridades que el miércoles se escucharon en el Congreso, pero vale la pena releerla, porque resume el peligroso antecedente que hubiese sembrado la expulsión de Julio De Vido: de haber prosperado la iniciativa oficial, en el futuro cualquier mayoría circunstancial podría despedir legisladores echando mano, por ejemplo, de procesamientos dispuestos –también con alto grado de discrecionalidad– por un juez.

Republicanísimo todo.

El primer espacio político que advirtió el riesgo fue la izquierda. «Ahora es De Vido, a quien repudiamos, pero mañana podemos ser nosotros», resumió Pablo López, uno de los tres legisladores del FIT que se abstuvieron de votar junto a macristas y massistas. La percepción tiene sustento: el gobierno decidió aplastar la crecida del conflicto social con represión y persecución judicial.

Como informó este diario, la criminalización del conflicto social incluye imputaciones penales por «alterar el orden público». Es cuestión de tiempo para que jueces oficialistas y/o reaccionarios –hay muchos de ambos– empiecen a procesar a dirigentes que se ponen al frente de las luchas populares que brotan en distintos puntos del país.

El macrismo justificó su pedido de remoción en los procesamientos que pesan sobre el exministro K. De Vido, en efecto, tiene un centenar de acusaciones. La más grave es por la masacre de Once. La muerte de 51 pasajeros entre los hierros de una formación del Sarmiento sintetiza las consecuencias letales de la corrupción. Es un estigma que acosa la campaña K. Pero el uso de esa tragedia expresa cuán miserable es la campaña buitre del oficialismo, que parece dispuesto a cualquier cosa para sostener la cortina de humo con la que busca encubrir el derrumbe económico.

El miércoles, la impericia política salvó al oficialismo de un atropello institucional. Dos días después, una resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recordó que sigue vigente otro: la prisión arbitraria de Milagro Sala. En su fallo, el organismo advierte indicios que permiten identificar a la dirigente como una presa política. Por eso conviene prestar atención a las palabras de Tonelli: tienen fuerza de confesión. «