Nosotros acompañamos al campo en los momentos difíciles, bajamos las retenciones, la sociedad acompañó… ahora les digo a ellos: ‘No retengan la soja, ¡empiecen a liquidar para que ingresen divisas!'», imploró Elisa Carrió. Curioso modo de defender los intereses de la República: los recursos que el propio gobierno le quitó al Estado ahora se suplican en un programa de televisión. 

Si las cerealeras no liquidan sus dólares es porque el gobierno lo permitió. Hasta hace poco, las comercializadoras de granos estaban obligadas a dejar en el país las divisas que obtenían por vender las cosechas en el extranjero. El levantamiento de esa obligación fue una de las varias regulaciones que desmontó el oficialismo, provocando la encerrona en la que se encuentra hoy. Algunas de esas medidas fueron:

-Total liberalización del Mercado Único Libre de Cambios (MULC). Con el supuesto objetivo de volver «más atractiva» la Argentina a los flujos de capitales foráneos, en diciembre de 2016 se derogó el tope para la compra y venta de moneda extranjera en efectivo.

-Se eliminó el encaje obligatorio para los capitales especulativos y el requisito de permanencia temporal mínima para los capitales golondrina. El primer paso lo dio Alfonso Prat-Gay, en diciembre de 2015, cuando corrió el plazo a 120 días. Un año después, su sucesor, Nicolás Dujovne, lo suprimió. Como se pudo apreciar con nitidez en estos días, la facilitación de la fuga potenció la exposición del país a la volatilidad de los mercados internacionales.

-La anulación de la obligatoriedad de liquidar divisas a los exportadores fue secuencial. En abril 2016 se amplió de 30 a 180 días el plazo para liquidación de trigo, cebada, centeno y avena. En agosto 2016 se extendió a cinco años para todas las mercaderías (agro, industria, etc.). En enero de 2017 se eliminó la obligatoriedad de liquidar los dólares para los servicios. Finalmente, en noviembre de 2017 se suprimió la obligación para todos los exportadores.

-A esa eximición se sumó la quita gradual de retenciones a la soja, que configura una suerte de bono en dólares para los productores que retienen sus cosechas. La cuenta es simple: el gobierno dispuso bajar las retenciones a un ritmo de 0,5% mensual, lo que implicará un 6% de quita acumulada al final del año. Con ese incentivo, ¿por qué un productor vendería ahora lo que en diciembre le reportará un 6% de ganancia adicional en dólares?

Así las cosas, fue el propio gobierno quien decidió ser víctima de las recurrentes presiones devaluatorias de los agroexportadores –como sugirió Carrió–, del mismo modo que decidió quedar expuesto a la volatilidad externa y someterse a los vaivenes histéricos de una moneda que el país no emite, pero que marca el pulso de la economía local.

Resta saber si lo hizo por convicción ideológica, impericia de gestión o negocios privados incompatibles con la función pública. «