Tras varias semanas de perfil bajísimo, la diputada Elisa Carrió sacudió la escena política con un par de definiciones que causaron molestia dentro del conglomerado de Cambiemos.  “La reglamentación para fuerzas de seguridad dictada por la ministro (sic) Bullrich viola los Derechos Humanos fundamentales. Nosotros no vamos a ir al fascismo”, fue el primer tuit que difundió Carrió a última hora del martes. La diferenciación de la líder de la Coalición Cívica-ARI no tardó en viralizarse de modo masivo. Un día después insistió: «Al humanismo no se renuncia por demagogia electoral», dijo. Otra vez eligió la red social Twitter para cuesionar en duros términos la medida del gobierno. 

La crítica de Carrió apunta a la resolución 936 del Ministerio de Seguridad, publicada el lunes en el Boletín Oficial con la firma de Patricia Bullrich. LA medida generó una oleada de repudios entre organismos de Derechos Humanos, legisladores de la oposición e incluso personalidades del ámbito judicial. De hecho, el ex juez del Tribunal Oral Federal N° 1 de La Plata Carlos Rozanski denunció a Bullrich ante la Justicia por haber suscripto el flamante protocolo que flexibiliza las circunstancias en las que los efectivos de las fuerzas de seguridad federales están autorizados a usar armas letales.

En su presentación, que también firma el abogado Luis Alen, Rozanski acusa a Bullrich por cometer los delitos de “abuso de autoridad” y “violación de los deberes de funcionario público”. Alen fue subsecretario de Derechos Humanos en un tramo de la gestión kirchnerista.

En su pronunciamiento por Twitter, Carrió criticó particularmente a Bullrich, aunque con palabras medidas. “Eso no significa que la Policía no tenga el poder para mantener el orden, pero a la ministro (por Bullrich) se le va la mano”, fue su segundo tuit caliente del día.

La diputada de la CC-ARI no se limitó a cuestionar la reglamentación sobre armas de fuego suscripta por Bullrich. Carrió también adelantó su rechazo a uno de los proyectos enviados al Congreso por Mauricio Macri en el marco de las sesiones extraordinarias: la habilitación a las empresas para ser aportantes directos en el financiamiento de las fuerzas partidarias.

“Voy a votar en contra del aporte de empresas a los partidos políticos, de acuerdo con la doctrina histórica de la CCC-ARI, porque esto es lo que nos permite mantener la independencia para defender al pueblo”, subrayó.