Cuando en 2019 el Frente de Todos llegó al gobierno, las organizaciones campesinas, indígenas y de pequeños y medianos productores de alimento, le presentaron un plan Agrario, Soberano y Popular, elaborado en un foro conjunto en mayo de ese mismo año. Dos años después, en junio de 2021, pasada la pandemia y en medio de las elecciones de medio término que ya esbozaban el disgusto de la población con las políticas del presente gobierno, se creó la Mesa Agroalimentaria Argentina. Bajo el lema “el campo que alimenta y construye soberanía alimentaria”, sus propuestas tienen que ver con algunos de los problemas que más afectan a los argentinos: la inflación y el hambre.
Actualmente integran la Mesa Agroalimentaria Argentina: la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) Somos Tierra, la Federación de Cooperativas Federadas (FeCoFe), la Federación de Organizaciones Nucleadas de la Agricultura Familiar (FONAF) y Bases Federadas (un espacio disidente de la conducción actual de la Federación Agraria Argentina).
Desconcentrar el mercado
“Las medidas que se van tomando son en función al modelo agroexportador, más allá de algunas iniciativas sueltas. Es necesario que todas las instancias del Estado nacional, provincial y municipal, generen políticas de comercialización propias de los productores. Ahí es donde, por oferta y demanda, van a bajar los precios. Porque por el canal de comercialización establecido, que es concentrado, es muy difícil intervenir en la cadena”, opina Nahuel Levaggi, coordinador de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) y ex director del Mercado Central.
Desde el Mercado Central se pudieron implementar políticas como la recuperación de 4 millones de kilos de residuos orgánicos para el compostaje y posterior distribución como abono, o un programa de acción comunitaria con la entrega de 10 millones de raciones diarias de frutas y verduras a 500 comedores comunitarios, entre otras iniciativas. Pero la renuncia de Levaggi tuvo que ver con la falta de implementación de otras propuestas más ligadas a la macroeconomía, que tenían que ver con desconcentrar la distribución de alimento a través de mercados de cercanías que acerquen consumidores y productores, evitando la especulación. Desde la UTT además de los clásicos verdurazos, y su red de mercados propios, vienen impulsando, en conjunto con gobiernos municipales como los de Lomas de Zamora, Quilmes o Avellaneda, espacios de comercialización que cubran esta distancia.
Políticas insuficientes
“Es necesario y urgente una política pública integral de acceso a los alimentos y que apunte a ocupar el territorio de la Argentina. Que las producciones de todo el país puedan llegar a través de un mercado de cercanías a un precio justo y con alimentos sanos”, reclama Juan Manuel Rossi, presidente FeCoFe, que nuclea, en 10 provincias, a 53 cooperativas dedicadas a la actividad agrícola, ganadera y de producción de alimentos elaborados.
Desde la Mesa Agroalimentaria Argentina se vienen impulsando leyes como la de Acceso a la Tierra, ley de Arrendamientos Rurales, ley de Protección y Fortalecimiento de los Territorios Campesinos y de la Agricultura Familiar, ley de Segmentación de las Políticas Impositivas y Agrarias y ley de Financiamiento y Fomento del Cooperativismo y la Transición Agroecológica.
A nueve años de su sanción, el gobierno acaba de reglamentar, a través del decreto 292, la Ley 27.118 de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena. Desde la Mesa Agroalimentaria Argentina calificaron la medida como insuficiente, ya que no fueron consultadas en su elaboración, se dejaron sin reglamentar 24 de los 36 artículos, a la vez que no se asigno presupuesto para el Banco de Tierras.
El alimento como un derecho
“Desde la Mesa Agroalimentaria Argentina logramos desarrollar en distintos territorios del país una diversidad muy grande de líneas productivas con agregado de valor, arraigo y generación de trabajo genuino que hoy se encuentran a disposición en distintos lugares del país. Esto fue posible a partir de que construimos estructuras de gestión, acopio, logística y distribución, en articulación con redes de consumo justo, instituciones académicas y organismos públicos. De a poco vamos demostrando que es posible generar esquemas de producción y distribución que sean sustentables económicamente y que su fin no es acumular ganancias privadas sino satisfacer necesidades alimentarias como un derecho», explica Pablo Blank del MNCI Somos Tierra.
“Las organizaciones nos hemos fortalecido, pero si eso queda solo a merced de lo que las organizaciones puedan generar el techo es muy bajo. Se requiere de una decisión política que implique generar espacios de acopio, fortalecer las herramientas financieras, habilitar líneas de compra estatal, entre otras cosas. Sin eso es muy difícil (sino imposible) trascender los límite propios de la economía popular en un mundo con niveles de concentración económica, financiera, productiva, comercial tan grandes”, aclara,
“Necesitamos un programa agrario que se centre en garantizar el plato de los argentinos y las argentinas. Nace de la Mesa Agroalimentaria Argentina, pero también de la historia de lucha de todas las organizaciones campesinas e indígenas. Justamente en función de entender el alimento como un derecho y ver que en nuestro país el modelo agrario siempre estuvo en mano de los grandes intereses concentrados. Nunca hubo un modelo agrario popular”, comenta Levaggi.
