El 10 de diciembre, ante la Asamblea Legislativa, Alberto Fernández denostó con tono entre pausado y enérgico una de las llagas institucionales provocadas por el macrismo: su injerencia en el Poder Judicial. Entonces, dijo: “¡Nunca más una justicia contaminada por servicios de inteligencia, por operadores, por procedimientos oscuros y linchamientos mediáticos!”

A casi un metro, el cortesano Ricardo Lorenzetti lucía una incomodidad rayana al ridículo. Las cámaras de TV le sacaban el jugo a la cuestión. Era una gran escena de la Historia.

El flamante presidente se refería en realidad al lawfare, tal como se le llama a la judicialización de la política mediante la triple alianza entre ciertos jueces, espías y periodistas, ya sea para desestabilizar gobiernos o perseguir a opositores y ex funcionarios. En Argentina fue aplicada con ambos fines. Así se articuló una especie de Estado Secreto. Sin embargo la brutal inhabilidad de sus hacedores hizo del asunto el tema del momento. Un tema que ahora anima hasta sobremesas y velorios. Aún así, el desafío del presente será neutralizar semejante maquinaria.

La Patria inquisidora

Cabe aclarar que el lawfare no es un invento reciente. Lo prueba el affaire Dreyfus, ocurrido al concluir el siglo XIX. Su víctima: el capitán del ejército francés Alfred Dreyfus, un oficial judío acusado injustamente por espionaje para la Alemania imperial. Y que fue enviado al penal de la Isla del Diablo, en la Guyana Francesa, pese a que en París ya se sabía la identidad del verdadero filtrador. Esta trama sacudió los cimientos de la Tercera República, además de dividir a la sociedad al ritmo del incipiente nacionalismo antisemita, alentado por la prensa amarilla de la época. En defensa del militar, Emile Zola publicó el 13 de enero de 1898 en el diario L’Aurore su aún recordado artículo “Yo acuso” (J’Acusse), que contribuyó a torcer el rumbo de los acontecimientos: en 1899, Dreyfus fue indultado por el presidente Émile Loubet. Pero recién en 1906 fue rehabilitado por la justicia.

Casi once décadas después, la artillería mediático-judicial, enlazada por el hilo invisible del espionaje, empezó a dispararse sobre las democracias más tormentosas de Occidente. Brasil –con el putsch parlamentario contra Dilma Rousseff y el encarcelamiento de Lula– es al respecto un ejemplo elocuente.

En Argentina, el primer signo visible de dicha metodología se remonta a finales de 2014, cuando el fiscal federal Alberto Nisman fabricó la denuncia contra Cristina Fernández de Kirchner y el canciller Héctor Timerman por el Memorándum de Entendimiento con Irán. Una iniciativa malograda el 18 de enero del año siguiente, al ser Nisman encontrado muerto en su departamento sin que desde entonces se haya podido probar la intervención de terceros en el tiro que le voló la tapa de los sesos. No obstante, la conversión de su suicidio en asesinato fue sin duda el bautismo de fuego del lawfare en el ámbito local. Otro hito: a mediados de 2015, la maniobra basada en el falso testimonio del convicto Martín Lanatta para frustrar la candidatura bonaerense de Aníbal Fernández. Y ya con Mauricio Macri en la Casa Rosada, el laboratorio en la materia fue la provincia de Jujuy con la crucifixión jurídica de Milagro Sala en aras de imponer un ejemplo aplastante de disciplinamiento social. Pero la temporada nacional de esta especialidad comenzó el 15 de abril de 2016 con la citación del juez Claudio Bonadio a la ex presidenta por el tema del dólar a futuro; aquella vez su llegada al edificio de Comodoro Py se transformó en un acto opositor. Aunque eso no frenó el ímpetu lindante entre la dramaturgia y el revanchismo que el Poder Ejecutivo había empezado a deslizar. A partir de ese momento las prisiones preventivas para ex funcionarios fueron moneda corriente, al igual que otros tantos expedientes surgidos de la imaginación de sus instructores. La lista es larga, pero no está de más rescatar dos clásicos: el caprichoso renacer de la denuncia por el Memorándum con Irán y el culebrón intitulado “La Ruta del Dinero K”. Pero el Oscar a la mejor ficción fue para la denominada “causa de las fotocopias”.

El lawfare fue concebido como un mecanismo de relojería. Pero basta apenas una falla en alguno de sus engranajes para convertir a sus articuladores en protagonistas de una embarazosa comedia de enredos. Aquí, tal engranaje no fue otro que el espía polimorfo Marcelo D’Alessio. Su salto a la luz puso en vilo al sistema mismo. Esa explosión hizo que todos sus protagonistas (y allegados) se sacudieran como monigotes.

Yo adivino el parpadeo…

Aquel martes, en el recinto de la Cámara de Diputados, el Presidente insistió: “Hemos visto detenciones indebidas y persecuciones arbitrarias. ¡Nunca más una justicia que persiga según los vientos políticos de turno!”

A Lorenzatti, pese a su intento por parecer impasible, se le escapaba un salvaje parpadeo. A su lado, Carlos Rosenkrantz, lo miraba de soslayo.

Horacio Verbitsky, en el programa Habrá Consecuencias de El Destape Radio, supo revelar al día siguiente la razón: “Lorenzetti inventó la ‘Doctrina Irurzun’ (prisiones preventivas a ex funcionarios por suponer que conservan un poder residual que les permitiría eludir la acción de la justicia o darse a la fuga). Fue él quien la llevó a una sesión de la Corte y quiso introducirla en un fallo”. Agregó que al ser rechazada la iniciativa por sus pares “tuvo reuniones privadas con un grupo de jueces federales y los instó a avanzar con las causas contra CFK, prometiendo que los iría a respaldar”. Ahí fue cuando el titular de la Cámara Federal, Martín Irurzun, asumió como suyo lo que, en rigor, había sido escrito por la pluma de Lorenzetti.

En resumidas cuentas, se sabe que habrá profundas reformas en los tres pilares del lawfare.

La ministra de Justicia, Marcela Losardo, ya trabaja en los proyectos de ley que integrarán el paquete de reforma judicial. Eso incluye la redistribución del organigrama federal, la puesta en marcha del sistema acusatorio, además del saneamiento de la Ley del Arrepentido (utilizado de manera grotesca por fiscales y jueces) y el traspaso de las escuchas telefónicas, entre otras medidas en desmedro de la corporación atrincherada en Comodoro Py. Por otra parte el Presidente enviará al Senado el pliego de Daniel Rafecas para ocupar el cargo de Procurador General. En tanto, la AFI será intervenida, cosa que contempla suspender los gastos reservados y vedar su participación en causas judiciales y operaciones políticas. En lo que hace a la prensa, se eliminarán las pautas del Estado para financiar programas individuales de periodistas (amigos).

Los únicos comunicadores que expresaron su disgusto ante esta última medida fueron los que dejarán de recibir ese dinero. También hubo reacciones desde las cloacas del Estado Secreto, como el hackeó a la cuenta de Twitter de la ministra de Seguridad, Sabina Frederic. Mientras –en medio del silencio entre ofendido y expectante de los dignatarios del fuero federal– la pintoresca cabecilla del Superior Tribunal de Jujuy, Clara “Titina” Lange de Falcone, chilló: “No vamos a permitir que Milagro Sala salga libre”.

Reflejos agónicos de un sistema kafkiano al borde del colapso final. La inminente conversión de D’Alessio en el arrepentido más temido del país hará del expediente que se instruye en Dolores la causa testigo del lawfare en su versión criolla. Con inquisidores así, nada podía haber salido bien.