Fue Darío Lopérfido, por entonces ministro de Cultura porteño, quien puso en duda la veracidad de que fueron 30 mil los desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar, y abrió la polémica al respecto, al punto de que tanto el presidente Mauricio Macri como el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, fueron interrogados al respecto. Además, a mediano plazo, esto desencadenó en la renuncia de Lopérfido a su cargo.

Macri dijo que no iba a entrar en el debate y Avruj, por su parte, salió a explicar que el número -30 mil- era emblemático, a pesar de que en Tecnópolis se exhibiera que los desaparecidos fueron 8571, tal como figura en el Registro Unificado de Víctimas de Terrorismo de Estado (RUVTE), creado en 2013. Esa es la cifra que, para sostener que no fueron 30 mil los desaparecidos, quiso divulgar la Asociación Civil Ciudadanos Libres por la Calidad Institucional, la cual presentó en agosto un pedido de informe a la Secretaría de Derechos Humanos para determinar cuántos desaparecidos hubo entre 1973 y 1983.

El 2 de noviembre, la Secretaría le respondió oficialmente con un documento que lleva la firma de Avruj. El mismo explica que existen 8571 denuncias por desaparición forzada de personas en ese lapso, aunque el secretario aclara que se debe respetar la cifra de 30 mil desaparecidos y que el listado de desaparecidos del informe “no debe entenderse como la totalidad de las víctimas”. A pesar de esta aclaración, la Asociación, liderada por José Magioncalda y que acumuló decenas de denuncias contra funcionarios kirchneristas, sostiene que el informe es contradictorio y vuelve a cuestionar la cifra de 30 mil. De hecho, desde su cuenta de Twitter, Magioncalda se encargó de reproducir todas las notas que destacaron que desde el gobierno «dijeron que los desaparecidos fueron 8571».

Desde H.I.J.O.S. cuestionaron el espacio y tiempo que se le dedica a la cifra de desaparecidos. Tiempo consultó a Carlos Pisoni, miembro fundador y ex subsecretario de Promoción de Derechos Humanos de la Nación: «Esto tiene que ver con el paradigma que el macrismo le quiere dar a la temática de Derechos Humanos. Se está poniendo en discusión lo logrado. Una forma de hacerlo es poniendo en duda el número de desaparecidos, o abriendo una discusión sobre si está bien que estén en prisión común los genocidas. Es su forma de destruir la fortaleza del movimiento de Memoria, Verdad y Justicia. Los organismos nunca negaron el número de desaparecidos porque sencillamente no lo tenemos. No nos pueden preguntar a nosotros por los desaparecidos porque los que saben son los genocidas y ahora no lo dicen. Entonces lo que se hizo en un momento es una estimación en base a pruebas que teníamos. Ahí están documentos como la carta abierta a la junta militar de Rodolfo Walsh, los cables desclasificados de la CIA en donde se hablaba que los militares reconocían unas 22 mil personas entre asesinados y desaparecidos en julio del 1978. A la Asociación Civil que pide los datos no la conozco, pero parece todo armado para habilitar este paradigma».

Los argumentos de Avruj

Después del Lopérfido-gate, y consultado por la Revista Mu, el secretario Avruj había dicho: “Fui el primero que salió al cruce de las declaraciones de Darío (Lopérfido). Creo que no hay duda alguna. Lo digo como Estado y lo digo como persona: el número de 30 mil más que simbólico es emblemático. Tiene que ver con una lucha, un paradigma que se planteó desde los organismos de Derechos Humanos como búsqueda de democracia y de verdad y tras el cual toda la sociedad se enarboló. Ese número no puede ser nunca motivo de discusión política ni ideológica. Eso es gravísimo, porque ¿qué vas a discutir? ¿La dimensión del horror? Si te digo que en vez de 30 mil fueron 25 mil, ¿qué estoy planteando? La minimización de lo que fue la tragedia del terrorismo de Estado: la ponés en duda. En todo caso, lo que sí corresponde es la discusión histórica y académica, pero por ahí no es el tiempo, esto vendrá más adelante. Pero nunca tiene que ser una discusión ideológica. Es cierto que la Conadep -un documento indiscutido por todo el mundo- tiene denuncias de 8400 y pico. Que esas denuncias, a su vez, se nutren del primer archivo que hicieron los familiares: se juntan las que habían recibido la APDH, más las que habían recibido Familiares, eso se le da a Conadep y la Conadep aumenta. Entonces, ese número no es discutible”.

Y en el documento que él mismo firmó, mantuvo sus argumentos: “La cifra de 30.000 desaparecidos ha sido una bandera portadora del reclamo de justicia por los organismos de derechos humanos y ha contribuido al proceso de reconstrucción y afianzamiento de la democracia en nuestro país, por lo que debe ser respetada (…) La lista de víctimas que se adjunta comprende la totalidad de denuncias debidamente formalizadas ante la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural a la fecha (2 de noviembre de 2016) y por lo tanto no debe entenderse como la totalidad de las víctimas ya que existen numerosos casos de denuncias ante la Justicia y otras instituciones y organismos no refrendados ante la Secretaría, lo que en modo alguno los invalida pero impide dar cuenta de ese universo en forma completa”.