La justicia junto a efectivos de la Policía Federal realizó un operativo en las oficinas de Aerolíneas Argentinas y en la ex empresa aérea de Mauricio Macri, Macair, en búsqueda información sobre un expediente sobre el trámite de condonación de deuda que hizo la empresa estatal a la compañía de los Macri.

Fuentes de Aerolíneas Argentinas confirmaron a Tiempo Argentino que el juez Sergio Torres ordenó la presentación a cargo de la Policía Federal en búsqueda de información.

En su edición del 10 de junio Tiempo publicó la denuncia que realizó el diputado Rodolfo Tailhade ante la justicia sobre la condonación de una deuda de casi medio millón de pesos.

La Gerencia de Asuntos Jurídicos y Regulatorios de Aerolíneas Argentinas, bajo la presidencia de Isela Constantini, desestimó una deuda de $ 481.229,18 que la firma de Macri mantuvo durante más de dos años con la línea de bandera.

Aerolíneas, ahora bajo el mando de Mario Dell’Acqua, justificó esa condonación al asegurar que la deuda con la empresa Macair se remonta a la administración Marsans y se dejó prescribir durante la administración Recalde. «La deuda era de imposible cobro, al carecer de instrumentos para respaldar el reclamo (facturas, contratos, por ejemplo). Por los dos aspectos antes mencionados iniciar acciones legales hubiera significado una erogación en gastos legales injustificada para la empresa», señaló la compañía.

El documento de Aerolíneas que determinó la «incobrabilidad» de la deuda de Macair ocurrió en el marco de tensión en el que convivieron la ex presidenta de Aerolíneas, Isela Costantini, y el gobierno por el uso, por parte de Macri, de los aviones ejecutivos de Macair para desplazarse por el país, y la eliminación de la flota presidencial, Tango 01, y Tango 04.

Tiempo accedió a un documento que permite dimensionar esa tensión. En el texto, la gerente de Asuntos Legales Marina Ávila Montquin responde en duros términos al reclamo del secretario general de la presidencia, Fernando de Andreis, quien pretendía que Aerolíneas se hiciera cargo de la asistencia técnica y mantenimiento del Tango 04.

«Me veo obligada a mencionar nuestra sorpresa por los términos de vuestra nota en tanto no se condicen con el espíritu de colaboración que hemos demostrado desde ARSA», plantea la apoderada, antes de reprochar que quien formula el reclamo, el coordinador general de Asuntos Presidenciales, «carece de la competencia requerida para resolver el acuerdo» de Soporte del Tango 04. Luego, le recuerda que la Presidencia de la Nación le adeuda a Aerolíneas $ 11.051.076 millones de pesos por servicios de mantenimiento ya prestados, le reclama, entre otras cosas, el pago de esa suma y le advierte que no se hará cargo del avión a su costa.

Hasta el momento, el escándalo ya se cobró el cargo de dos funcionarios presidenciales. Bajo las órdenes de De Andreis trabajaba Carlos Cobas, como director general de Logística, área que se encargaba de organizar todos los vuelos presidenciales. Cobas es un ex gerente comercial de MacairJet, que luego pasó a Avianca y pidió licencia para ejercer su función pública. Cobas tuvo que renunciar en marzo, cuando el fiscal Jorge Di Lello lo imputó junto al presidente; a su padre, Franco; al ministro de Transporte, Guillermo Dietrich; y a un grupo de empresarios por asociación ilícita, cohecho y defraudación contra la administración pública, en la investigación sobre si hubo intención desde el Estado de favorecer a la exempresa de los Macri.