Después de casi 40 años, un reclamo histórico de las comunidades indígenas de Salta agrupadas en la Asociación Lhaka Honhat comienza a encaminarse a una resolución. Se trata de una disputa por un territorio de 400 mil hectáreas en el norte de la provincia que los pueblos originarios ocupan desde hace 400 años, y que está por resolverse con la entrega del título de propiedad comunitaria.
El mes pasado, Lhaka Honhat firmó con los estados nacional y provincial un acta que establece la modalidad en la que se le otorgará esa titularidad, un hito importante mientras se avanza con el cumplimiento de la condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que estableció no sólo el acceso a la propiedad, sino la necesidad de garantizar los derechos al medio ambiente sano, a la alimentación adecuada, al agua y a participar en la vida cultural.
La sentencia de la Corte IDH fue la primera contra Argentina en materia de pueblos indígenas y aplica no sólo a Lhaka Honhat sino a todos los pueblos originarios del país con reclamos territoriales. Para dar cumplimiento, se creó en 2021 la Unidad de Ejecución a cargo de la Secretaría de Derechos Humanos, que se encarga de coordinar todas las acciones con el resto de los ministerios involucrados y con las comunidades.
“Hay mucha deuda del Estado ahí de hace mucho tiempo. Cuando se entregue el título y cuando se empiecen las obras de agua vamos a estar viendo un cambio importante en los principales reclamos de las comunidades. Estamos cerca. Es una de las zonas más golpeadas del país e históricamente postergada por la provincia de Salta. Lo que falta ahí es agua potable y si nosotros podemos dar una solución a eso se va a cambiar radicalmente la situación”, explicó a Tiempo Nicolás Rapetti, subsecretario de Protección y Enlace Internacional en Derechos Humanos de la Secretaría de DD HH y a cargo de la Unidad Ejecutora.
Los pueblos Wichí, Chorote, Toba, Chulupí y Tapiete habitan en esa zona desde al menos 1629, pero la llegada de colonos criollos a principio del siglo XX empezó a dificultar cada vez más su forma de vida: el alambrado impide su traslado por la zona y el acceso a los recursos que obtienen del monte, desde alimentos hasta medicina, y el ganado consume muchas de esas plantas y contamina los ríos.
En ese sentido, Diego Morales, director de Litigio del CELS, mencionó que, junto a la falta de agua, el traslado del ganado de los criollos es un tema esencial en el proceso: “Es un punto clave porque la forma de vida de las comunidades se relaciona de manera especial con el disfrute del territorio y la presencia de ganado en ese espacio implicó la afectación de sus derechos al ambiente, a la alimentación y al agua. Entonces, el traslado del ganado es un indicador clave de evaluación del cumplimiento del fallo de la Corte IDH”.
El reclamo a la provincia de esas tierras comenzó en 1984 y en 1991 presentaron su primer pedido formal para obtener la propiedad de los lotes fiscales 14 y 55, justo en el límite con Paraguay y Bolivia, en la región del chaco salteño. La falta de una solución se estiró durante siete años más, por lo que las comunidades, ya organizadas como Lhaka Honhat, recurrieron junto al CELS a la CIDH.
Rapetti recordó que durante el último gobierno de Cristina Fernández se había intentado llegar a una solución amistosa pero la llegada del gobierno de Mauricio Macri frenó todo el proceso e incluso dejaron de contestar los pedidos de la Comisión. Ante la falta de respuestas, la Corte IDH condenó al país en 2018.
Sobre la decisión de la Corte IDH, Morales destacó que significó un avance en el reconocimiento de los derechos de todos los pueblos originarios de la Argentina. “Le ordenó al Estado argentino una ley de propiedad comunitaria indígena que Argentina no tiene y también exigió otras medidas administrativas y/o judiciales que mejoren la seguridad jurídica de las comunidades. Lamentablemente, desde abril de 2020, tanto los órganos del gobierno federal como las autoridades provinciales no han respetado esta obligación concreta y específica y existieron desalojos de comunidades indígenas”, detalló.
La sentencia ordenó además el dictado de una ley o medidas que garanticen la consulta previa, libre e informada con relación a todos los asuntos que les interesen o los puedan afectar. En el caso de Lhaka Honhat se realizó durante 2022 y las comunidades pudieron hacer sus aportes sobre el acceso al agua y la demarcación territorial. Morales señala que debería replicarse en otros casos también pero no siempre ocurre, como denunciaron pueblos originarios de Jujuy en las protestas contra la reforma constitucional que impulsa Gerardo Morales. «
La Unidad Ejecutora, una experiencia para replicar
Luego de la consulta a las comunidades, la Unidad Ejecutora fue la encargada de diseñar un plan de acción a largo plazo para mejorar las condiciones de vida de Lhaka Honhat, que fue presentado a la Corte IDH días atrás. Para eso, coordinó las acciones con ministerios nacionales, provinciales y con el municipio. Después de casi dos años, Rapetti considera que el trabajo de la Unidad dejó una gran experiencia hacia adentro del Estado: “Después de una visita en la que fuimos unos 20 funcionarios, hubo Ministerios que se daban cuenta que estaban haciendo lo mismo, proyectando lo mismo en el mismo terreno. Esta experiencia de intervención centralizada en la Unidad hizo que todos pudieran interactuar de una manera más inteligente y es interesante para replicar, no exclusivamente con conflictos con pueblos originarios sino de intervención en un territorio”.
