El mensaje navideño del presidente Alberto Fernández tuvo un tono acorde con la fecha. Buenos deseos y apelaciones a la tolerancia, al respeto de la pluralidad, a la búsqueda de consensos básicos. Alberto ha dado innumerables muestras de que a estas expresiones no las deja solo en palabras. El dilema es que para bailar el tango hacen falta por lo menos dos.

El otro mensaje que llegó poco antes de la Nochebuena vino de Comodoro Py 2002, dirección del monumental edificio de los tribunales federales de la Capital Federal cuya fachada transmite un frío gélido. Es difícil discriminar hasta qué punto es por su arquitectura o por el alma que lo habita.

La Cámara de Casación decidió que la causa que investigaba en el juzgado federal de Dolores el espionaje ilegal y armado de causas durante el gobierno de Cambiemos debe seguir tramitándose justamente en Py. El expediente será puesto en un freezer más helado que el necesario para preservar las vacunas contra el Covid que utilizan ARN mensajero.

Uno de los principales impulsores de este cambio fue el fiscal Carlos Stornelli. Él está imputado en dos de las operaciones delictivas que se descubrieron luego del allanamiento de la casa y las oficinas del espía Marcelo Sebastián D’Alessio, en febrero de 2019.

La punta del ovillo de esta investigación fue la denuncia del empresario agropecuario jubilado Pedro Etchebest. Fue extorsionado por D’Alessio con la amenaza de que terminaría preso por el testimonio de Juan Manuel Campillo, uno de los arrepentidos en la famosa Causa Cuadernos.

Etchebest, a diferencia de otras víctimas de la mismas operaciones, decidió investigar a D’Alessio. Grabó las conversaciones telefónicas, filmó algunos de los encuentros. Una de las pruebas que más trascendió fue una reunión de casi cuatro horas entre D’Alessio y Stornelli en el balneario CR de Pinamar, el 8 de enero de 2019.

El empresario agropecuario investigó al espía sin imaginar que descubiría una red con tentáculos en todos los poderes del Estado y los medios de comunicación. Tampoco sabía que todo esto cambiaría su vida para siempre. Etchebest presentó la denuncia a finales de enero del 2019 y una semana después se fue del país. Creía, con obvios y sobrados motivos, que su vida corría peligro.

Etchebest es un héroe relativamente anónimo en la búsqueda de la verdad sobre el mecanismo de espionaje ilegal y armado de causas -lo que se define como lawfare- que se montó desde el Estado durante el gobierno de Mauricio Macri.

La decisión de enviar esta causa a la cámara frigorífica federal fue un triste mensaje de Navidad. Es la señal de que en la Argentina no tiene sentido arriesgarse por la verdad. De que finalmente la corporación judicial cuidará a sus miembros aunque estos puedan ser responsables de delitos gravísimos. Le da la razón a Etchebest por haberse ido del país luego de presentar en Dolores las pruebas que recopiló y por las que puso en juego su integridad física.

El fallo de Casación empuja algunas preguntas desoladoras: ¿tuvo sentido el riesgo que Pedro corrió? ¿Hubiera sido mejor que pagara los 300 mil dólares que D’Alessio le pedía para supuestamente dejarlo fuera de la Causa Cuadernos? ¿Cuántos años tendrán que pasar para que pueda regresar al país del que nunca debió haber tenido que irse por buscar la verdad?