El fiscal federal Carlos Stornelli pidió este martes la declaración indagatoria, el desafuero y posterior detención del ex ministro de Planificación Federal y actual diputado nacional Julio De Vido, en una causa que investiga un presunto millonario fraude en el yacimiento de Río Turbio.

Así lo solicitó en un dictamen acusatorio que presentó hoy ante el juez federal Luis Rodríguez, en el que incluyó a otros 23 investigados, entre ellos el actual intendente de la ciudad santacruceña de Río Turbio, Atanacio Pérez Osuna.

En un dictamen de 60 carillas, el fiscal pidió al juez federal Luis Rodríguez la indagatoria y la detención de todos los imputados y, en el caso del ex ministro Julio De Vido, el desafuero posterior a la indagatoria, que permita ordenar su prisión.

Al fundar su pedido, el representante del Ministerio Público Fiscal indicó que las maniobras por defraudación a la administración pública superiores a los 26 millones de pesos investigadas en la causa «no habrían podido prosperar sin el silencio de los ex funcionarios del Ministerio de Planificación y de la ex secretaría de Minería de la Nación», quienes -indicó- estaban «obligados a velar por el fiel cumplimiento de las normas de obra pública».

Además de De Vido se pidió la indagatoria y detención de su ex segundo en Planificación Federal, Roberto Baratta; del actual intendente de Río Turbio, Pérez Osuna; y del ex secretario de Minería de la Nación entre 2002 y 2015, Jorge Mayoral.

También, solicitó la misma medida en relación a Jaime Álvarez, ex coordinador general de la cartera de Planificación que, durante toda la gestión kirchnerista, encabezó Julio De Vido.

«Todos en aquel tiempo eran garantes en la protección del patrimonio público aplicado en los proyectos» que la Justicia cuestiona, agregó Stornelli.

Así lo hizo en el marco del expediente que tramita en el juzgado a cargo de Rodríguez, iniciado merced a una denuncia presentada por el abogado Santiago Dupuy De Lome.

En este sentido, el fiscal consideró que hay pruebas contra los acusados y reclamó las detenciones por la «gravedad del delito».

Los millonarios fondos estaban destinados a reconvertir la mina de Río Turbio, algo que no sucedió y a la construcción de un tren que costó 400 millones de pesos que también se cuestiona.

Además se imputan irregularidades en las comisiones cobradas por la Universidad Tecnológica Nacional y la de Santa Cruz por obras que les fueron cedidas.

Por ello, el pedido de indagatoria y detención abarcó además a responsables de ambas casas de estudio y también de una fundación de la UTN que, para el fiscal, se creó a fin de vehiculizar el pago irregular de comisiones por Río Turbio.