Un fiscal pidió la intervención de Interpol para investigar en seis países la situación del presidente Mauricio Macri en relación con las sociedades off shore a las que está vinculado en los Panamá Papers. Y reclamó, además, los expedientes de los juicios de divorcio de Macri, ante la presunción de que allí hay información trascendente sobre «el manejo de los bienes, en particular a las sociedades radicadas en el extranjero».  Las más de 20 medidas de prueba reclamadas por el titular interino de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, Santiago Eyherabide, tienen como referencia un artículo periodístico expresamente citado en su dictamen: la tapa de Tiempo del domingo pasado.
Eyherabide está a cargo de la ex Fiscalía de Investigaciones Administrativas y es, en la causa Panamá Papers, una suerte de colaborador del fiscal federal Federico Delgado y del juez Sebastián Casanello. A ellos les sugirió que «se requiera a Interpol para que mediante circular a sus dependencias en Panamá, Suiza, Singapur, Brasil, Italia y Uruguay realicen diversas tareas investigativas a los efectos de obtener de registros públicos información de interés respecto a las firmas Kagemusha S.A.  y Fleg Trading», ambas relacionadas con los Macri.
Pero también reclamó los expedientes civiles de los divorcios de Mauricio Macri con Ivonne Bordeu, en 1991, y con Isabel Menditeguy, en 2005.  Y del de su hermano Mariano Macri con Marie France Peña Luque. Todo, «en aras de obtener información relevante para la investigación». Eyherabide busca «datos que resulten relevantes respecto a las declaraciones brindadas por Isabel Menditeguy y Marie France Peña Luque respecto al manejo de los bienes de sus ex esposos, en particular a las sociedades radicadas en el extranjero».
¿Por qué explora esa línea de investigación? Los divorcios en los que hay muchos bienes de por medio suelen ser fuertemente controversiales y estos no parecen la excepción. El fiscal cree que tanto Menditeguy cuanto Peña Luque contaron detalles privados que hoy podrían resultar útiles para esclarecer un asunto público. Aquí aparece en escena la socióloga Rachel Holway,  titular de la ONG «Alerta Vida» quien se comunicó con el abogado denunciante en la causa por los Panamá Papers, Eduardo Barcesat, prometiendo información reveladora sobre los manejos económico-financieros de la familia presidencial. Poco más o menos, insinuó que Menditeguy –quien pasa parte de su tiempo en Uruguay- también podría hacerlo. En la red social Twitter, Holway escribió: «No se puede creer lo mal asesorado que está @mauriciomacri legalmente con respecto a #panamapapers . Está obligando al Juez a allanarlo. Si #Juzgado #Federal te solicita #documentos tenes #obligación de presentarlos así te llames #Macri Si no los presentás va #allanamientos».
Entre las demás medidas propuestas por el fiscal figura una que tiene como objetivo determinar si Mauricio Macri sacó divisas del país desde 2012 en adelante. El fiscal pidió que «se solicite al Banco Central de la República Argentina que informe, previa circular a las entidades que supervisa, toda transferencia hacia o desde el exterior destinada o enviada por Mauricio Macri, Mariano Macri, Gianfranco Macri o Francisco Macri, desde el año 2012 a la actualidad». Pero no se trata sólo de operaciones blancas.  El documento postula que «se solicite a la Unidad de Información Financiera (UIF) que informe si existen reportes de operaciones sospechosas (ROS) que involucren a Kagemusha y Fleg Trading». La medida se hace extensiva a Brasil, Uruguay, Italia y Panamá, y comprende a otras firmas cuya existencia y vinculación con los Macri fue revelada por este diario: Global Collection Service, Fleg Trading Ltd., Socma Americana S.A., Socma S.A., Kagemusha S.A. y Owners do Brasil Ltda.
Además, el fiscal apuntó al origen mismo de las sociedades asentadas en paraísos fiscales y propuso exhortos internacionales para determinar «nombres de abogados y/o escribanos intervinientes en su constitución (Ver Aparte), actas de directorio con sus eventuales modificaciones, constancias de aporte de capital, conformación del paquete accionario desde el inicio de su actividad a la fecha, domicilios de las empresas, bienes registrables, cuentas bancarias con sus movimientos, y si participan en otras sociedades (holdings)».
La explicación oficial sobre el vínculo del presidente Macri con Fleg Trading se limitó a tres ejes: que era de su padre, Franco; que Mauricio no tuvo intervención efectiva en ellas, y que la firma no tuvo actividad. Que fue creada para llevar el sistema Pago Fácil’ a Brasil, pero ello no se concretó.
Tiempo reveló en su edición anterior documentación que desmiente, al menos parcialmente, esas afirmaciones. El fiscal también duda de la ajenidad del jefe del Estado, y por eso reclamó una consulta a la Dirección Nacional de Migraciones sobre «los movimientos migratorios de Mauricio Macri» y sus parientes en 1981 y en 1998. En 1981 fue inscripta Kagemusha; en 1998, Fleg Trading.
En ese contexto, el fiscal Eyherabide pidió la declaración testimonial de Marcelo Antonio Temporini, ex CEO de Global Collection Service de Brasil, «empresa a través de la cual se habría gestionado el ‘Pago Fácil’ en Brasil, para que brinde detalles de la instalación de la firma en el país vecino y demás datos que resulten de interés para la investigación.
El juez Casanello ya realizó varias de las medidas reclamadas y evalúa la procedencia de otras. Si bien se trata de un tema sensible, lo cierto es que esa información debería ser pública, atento a la investidura de Mauricio Macri: «detalle de bienes en el país y en el exterior (con sus respectivas aperturas por rubros) y sus deudas; detalles de cuentas bancarias, montos de acreditaciones bancarias y operaciones de cambio; operaciones de comercio exterior (importaciones y exportaciones) con identificación del proveedor/cliente exterior, productos comercializados, importes abonados o cobrados, cuentas bancarias intervinientes y país de intercambio».

Amplían denuncia por Fleg Trading

Por Adrián Murano

Los Pamamá Papers abrieron una fisura que el macrismo pretendió sellar con explicaciones vagas. No funcionó. Nuevos hallazgos, como los documentos difundidos el domingo pasado por Tiempo, alimentan sospechas que reclaman respuestas precisas.
El diputado neuquino Norman Rodríguez, por caso, tomó las revelaciones de este diario para ampliar su denuncia, que tramita en la justicia federal. «Creemos que el aporte substancial de esta investigación periodística a la causa es la información del movimiento de 11.715.449 Reales, que al valor de la época (1R=1,20 U$S), da 9.762.874 dólares», detalla el escrito.
En su presentación, el legislador del FPV plantea que «si Fleg Trading Ltd realizó un aporte a la sociedad Owners Do Brasil Participações Ltda de más de 9 millones de dólares, que luego retiró para invertir en el Nuraghe Porto Rotondo SPA, quiere decir que Fleg Trading Ltd tuvo (o tiene) cuentas bancarias. Y al  desconocerse el origen de esos fondos podemos estar en  presencia de una operación de lavado de dinero», evalúa.
Rodríguez agrega que «los elementos de prueba que adjuntamos son suficiente evidencia para dar por tierra con los argumentos hasta hoy esgrimidos por el Sr. Presidente Mauricio Macri de que ‘la sociedad nunca tuvo cuentas bancarias porque nunca funcionó’.

Las dudas sobre un hombre clave

El contador uruguayo Santiago Diego Lussich Torrendell aparece como el hombre que gestionó a nombre de los Macri la constitución de la sociedad offshore Fleg Trading Ltd. a través del estudio panameño Mossack Fonseca. El fiscal Eyherabide detectó un dato cuanto menos curioso  respecto de él.
“Posee registrado ante la AFIP el domicilio fiscal sito en la Av. Scalabrini Ortiz 2417 de la Ciudad de Buenos Aires”, pero “dicho inmueble se encuentra afectado al régimen de propiedad horizontal, con multiplicidad de viviendas”. Ninguna de ellas está a nombre de Lussich Torrendel.
El fiscal quiere saber si “existe vinculación entre alguna de las unidades funcionales del inmueble en cuestión y el precitado sujeto”.