La Fundación Felices Los Niños de Hurlingham amaneció este lunes con una guardia pretoriana de agentes del Grupo de Apoyo Departamental. El equipo de elite de la Bonaerense aguardaba celosamente que se acercara el ex interventor Juan Manuel Casolati para poder actuar. Pero el ex secretario de Ejecución Penal de la Defensoría de San Martín no les dio esa posibilidad: es que las autoridades de la Provincia sospechaban que Casolati intentaría tomar el control de la Fundación tras un fallo de la Cámara Civil y Comercial de La Plata que suspendía la “intervención liquidadora” de la institución.

El jueves pasado, el tribunal de alzada resolvió que hasta tanto y en cuanto no se expidiera en la cuestión de fondo (si la intervención dispuesta por la Provincia se desarrolló en el marco de la legalidad) quedaba suspendida la medida.

A mediados de junio, el ministerio de Justicia bonaerense, a través de la dirección de Personas Jurídicas había decidido intervenir la institución luego de acusar a Casolati, quien estaba a cargo de Felices los Niños desde fines de 2014, de cometer ciertas irregularidades con las cuentas del lugar. 

“La provincia de Buenos Aires interviene la Fundación porque las gestiones anteriores no presentaban los balances desde 2007. Y lo hace directamente para liquidarla. Mi gestión empezó en el 2015 y me reclamaban los balances de 2007 a 2014. Yo no tenía nada que explicar”, indicó Casolati a Tiempo, por lo que consideró que “esta decisión fue arbitraria, ilegal y hasta delictiva con un interés inmobiliario”.

La suspensión de la intervención dictada el jueves se debió a que Casolati había apelado esa medida ante Personas Jurídicas. Desde esa dependencia concedieron el recurso judicial y lo elevaron a la Sala I de la Cámara Civil y Comercial de La Plata para que resuelva. Esta última, no falló ni a favor ni en contra de la intervención, pero sostuvo que el recurso concedido por Personas Jurídicas debió tener “efectos suspensivos”. 

Casolati entendió que podía volver a hacerse cargo de la Fundación, pero el viernes pasado la interventora Paula Expósito le negó el ingreso al lugar. El ex secretario de Ejecución Penal de la Defensoría de San Martín entonces denunció penalmente a Expósito en la UFI 3 de Morón.

Ese mismo viernes, a instancias del Ministerio de Justicia, los camaristas debieron aclarar fuera de su horario laboral que “la suspensión administrativa se realizó sin perjuicio de convalidar, o no, aquellos actos que se realizaron durante la intervención. Es que en el medio sacaron a los 50 chicos, vendieron cosas, despidieron gente y contrataron personal para tareas administrativas. Debieron avalar todo eso porque ya es imposible volver para atrás”, analizó Casolati.

De acuerdo al ex interventor de Felices Los Niños, durante su gestión de apenas dos años se había logrado recuperar el predio en el que funcionaban “diez escuelas, desde jardín hasta profesorado y el hogar convivencial más grande de la Provincia”. El panorama hoy sería muy diferente: “La Fundación está saqueada, tiene roturas, se robaron mampostería, puertas, ventanas, hay pastizales por todos lados. Donde antes había canchas de fútbol ahora hay basurales. Se robaron las máquinas textiles, de la carpintería, para cortar el pasto, está roto el tejido perimetral. Por acción u omisión la intervención es responsable de todo esto”, insistió.

El mismo viernes, el director de Personas Jurídicas Leonardo Jakim se ajustó a la decisión de la justicia y emitió una resolución en la que la “intervención liquidadora” pasaba a ser “intervención administrativa”. 

“Lo bueno es que parece que no se va a liquidar . Ese gran anuncio de que iban a dejar morir a la Fundación queda congelado. Lo malo es que después de cuatro meses no sé que van a administrar porque ya destruyeron todo el proyecto que había”, concluyó Casolati.