Se conoció un fallo sin precedentes sobre el tratamiento judicial respecto a las prácticas torturas en forma sistemática que sufrieron los presos alojados en cárceles del Servicio Penitenciario Federal (SPF). Durante los últimos días el Juzgado Federal N° 2 de Lomas de Zamora dispuso el procesamiento de 54 agentes acusados de cometer los delitos de imposición y omisión de evitar las torturas, entre otros tratos crueles.
La Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) es querellante en la causa en la que se investigó una cantidad de hechos seguidos que tuvieron lugar entre el 9 y el 13 de junio de 2019 en el Módulo III, pabellón B del Complejo Penitenciario Federal N° 1 de Ezeiza.
Este diario entrevistó al procurador adjunto Ariel Cejas Meliare, el funcionario contó en detalles los hechos; “empezó con un reclamo colectivo que hicieron los detenidos porque les habían modificado de mala manera el régimen de visitas que ellos tenían con sus familiares”.
Represión a los detenidos
Por eso los presos quemaron colchones en la puerta de ingreso al pabellón. Los guardias del lugar llamaron al cuerpo de requisa compuesto por la División Control y Registros (DCR), el Grupo Especial para la Resolución de Conflictos (GERI) y el Grupo Operativo Anti Siniestros (GOAS).
“Todos estos grupos ingresaron al pabellón con escopetas, escudos, palos, llevaron a los detenidos hasta el fondo del módulo, allí fueron brutalmente golpeados a palazos, patadas y torturados bajo distintas técnicas”, reconstruyó Cejas Meliare. También aseguró que les arrojaron “gas pimienta en los ojos, los agarraron a los escopetazos con la posta de goma a corta distancia, lastimaron a muchos presos, algunos pudieron esconderse en las celdas pero los agentes igual les tiraron gases. Además de todo esto, luego los requisaron y los dejaron encerrados como castigo”.
“No recibieron agua ni alimentación durante casi cuatro días, el pabellón permanecía todo sucio, no tenían luz artificial, baño ni ducha”, denunció el procurador adjunto. También explicó que todo esto “ocurrió en pleno invierno y los detenidos tenían las ventanas peladas. Los penitenciarios les aplicaron un régimen de aislamiento prolongado y condiciones inhumanas de detención”.
Torturas y tormentos
Los tormentos y las torturas empezaron el 9 de junio y terminaron el 13 del mismo mes, cuando intervino -por una recorrida de inspección- el Sistema Interinstitucional de Control y Seguimiento de control judicial de unidades carcelarias. El mismo fue creado en la órbita de la Cámara Federal de Casación Penal.
“Entonces realizaron una exhaustiva investigación, intervino la Fiscalía Federal N° 2 del fuero conducido por la doctora Cecilia Incardona, y contó con la colaboración del doctor Claudio Pandolfi”, recordó Cejas Meliare. Fue así como se logró la “identificación e imputación de los 54 funcionarios responsables”, agregó.
Un fallo ejemplar
“Lo importante del fallo es que expresa en forma clara y precisa la calificación de que son hechos de torturas, los reconoce como tal, no indica sólo de las agresiones físicas, sino también describe el régimen de aislamiento y las condiciones insalubres e inhumanas de detención en las que se encontraban las víctimas”, remarcó el procurador adjunto. También dijo que esto “constituye un cuadro jurídico valioso, pero lamentablemente es poco explorado por la jurisprudencia nacional ante casos de esta naturaleza ocurridos en democracia”.
“Nosotros consideramos que la decisión del Juzgado Federal N°2 de Lomas de Zamora es un avance muy importante en la lucha contra la impunidad de la tortura”, subrayó Cejas Meliare. Además celebró que así mismo “se dispuso el procesamiento de los cincuenta y cuatro penitenciarios que están acusados de cometer los delitos de imposición y omisión de evitar torturas, entre otros crueles”.
“Quiero destacar el monitoreo que hizo el Sistema de Control de Cárceles”, exaltó el procurador adjunto. Finalizó señalando que este organismo está compuesto por varias personalidades “como ser, jueces, la Procuración Penitenciaria de la Nación, la Comisión de Cárceles y la Defensoría General”.
