Mientras el juez federal Claudio Bonadio recorta el alcance de la causa de los cuadernos para salvar a IECSA, empresa de los Macri, y a Techint, de Paolo Rocca, un fallo de la Cámara Federal complicó a la constructora de la familia presidencial y a su padre, Franco Macri.

Así lo reveló Ámbito Financiero en una nota firmada por el periodista Gabriel Morini en la que destaca el fallo de los camaristas Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia en la investigación por los sobornos de Odebrecht en el soterramiento del Sarmiento.

En ese fallo, la Cámara Federal instó al juez Marcelo Martínez de Giorgi a avanzar sobre las constructoras que formaban parte del consorcio adjudicatario de la obra por lo que la empresa brasileña reconoció haber pagado coimas. Y avaló que las maniobras iniciales para obtener la licitación comenzaron en 2005, cuando se registraron facturas por servicios de una consultora fantasma encabezada por Manuel Vázquez, sindicado como el testaferro del exsecretario de Transporte, Ricardo Jaime.

Los camaristas hicieron especial hincapié en el rol de Javier Sánchez Caballero, el segundo de Franco cuando estaba al frente de la firma y luego del primo del presidente Ángelo Calcaterra.

Sánchez Caballero es mencionado como emisario de IECSA en los cuadernos de Oscar Centeno, chófer de Roberto Baratta, sobre el pago de sobornos para obras públicas y declaró como arrepentido ante el juez Bonadio.

«No puede perderse de vista que a partir de las irregularidades advertidas en el proceso de licitación y su vinculación con los posibles pagos de sobornos que datarían según lo dicho por el juez del año 2005 en adelante- corresponderá analizar las particularidades de todos los tramos de los hechos actuando en consecuencia», afirmó Irurzun.

Los camaristas también advirtieron al juez Martínez de Giorgi por haber establecido un laxo cronograma de indagatorias y por no avanzar en los embargos a las empresas ni en procesamientos.

Según un informe de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, IECSA y COMSA, las dos empresas que lideraban el consorcio, pagaron facturas mensuales a Controles y Auditorías Especiales Sociedad Anónima (Caesa), una empresa fantasma a través de la que Jaime habría cobrado pagos ilegales. Los pagos mensuales de 10.000 dólares de IECSA entre 2005 y 2010 totalizan unos 600.000 dólares por “servicios de consultoría” y su socia, COMSA, otros 270.000 dólares. Estos pagos habrían servido para que las dos empresas se hicieran con la obra millonaria.