Con el decreto 271/16 firmado por Mauricio Macri, la democracia dio un paso atrás: devolvió a las Fuerzas Armadas parte de la autonomía que habían perdido después de la dictadura cívico militar y favorece el autogobierno. Es que como ocurrió hasta 1984, el Ministro de Defensa sólo tendrá autoridad sobre los jefes del Estado Mayor Conjunto y los jefes de cada una de las tres armas, y delegará la organización y dirección de las armas, y el poder sobre ascensos, traslados y designaciones del resto de la oficialidad superior en manos de los mandamases militares. Una modificación clave que afecta directamente en la tropa, es el tratamiento de las denuncias administrativas, como hostigamientos o abusos, que a partir de ahora se resolverán puertas adentro del cuartel.
«Esta es la primera decisión que un gobierno democrático toma en sentido contrario a la política de fortalecimiento del control civil de la Defensa», advirtió a Tiempo el ex ministro de Defensa y actual Diputado del Parlasur, Agustín Rossi. Es que la primera alerta que despertó el Decreto 721 fue que derogaba del 436/84, inaugural para el gobierno civil de las fuerzas en los albores de la democracia.
A pesar de que el viejo decreto existió desde el inicio del gobierno de Alfonsín, comenzó a implementarse desde 2006 con la llegada de Nilda Garré a Defensa. Fue a partir de la aplicación de las resoluciones 1216/07, 1288/08 y 1319/08, que el miércoles ya no estaban en la web de la cartera. Con la derogación, el Poder Ejecutivo ya no cuenta con la herramienta para profundizar el gobierno civil de las tres armas.
«El decreto fue escrito por alguien que conoce los resortes del gobierno de las Fuerzas», deslizó un ex funcionario de Defensa que prefirió el anonimato. Con la frase descartó de plano la explicación oficial a cargo de Pablo Tosco, el Director General de Asuntos Jurídicos de la cartera de Defensa, conocido por su identificación con los reclamos corporativos de las FF.AA: que se trata de un reordenamiento de tareas administrativas. «¿Qué ascendencia puede tener un ministro civil que no decide siquiera el destino ni el traslado de un teniente coronel que quiere hacer conducta para ascender y crecer en su carrera militar?», se preguntó la fuente.
Una de las modificaciones claves del decreto 721 es que delega en los Jefes de los Estados Mayores Generales del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea y los Jefes del Estado Mayor Conjunto (JEMCO)de las Fuerzas Armadas, la reasignación de los destinos de la oficialidad superior. En un documento elaborado por el equipo de asesores de Rossi se explica que hasta el martes la cartera política «calificaba el egreso y promovía los grados» y que ahora sólo los otorga y deja la calificación a la fuerza. «Por otro lado, el Decreto le quita al Ministro la facultad de disponer los cambios de destino, otorgando esta facultad a los Jefes.»
Lo mismo ocurrió con las designaciones del personal militar. En los 33 años de democracia el Ministro realizaba designaciones a partir del grado de Coronel (el quinto lugar de la cadena de mandos), y eran «controladas por las distintas áreas del Ministerio (DDHH, Transparencia Institucional), por lo que al limitar esta facultad, se evita el control de los antecedentes del personal militar propuesto».
Sin trapitos al sol
Según este decreto los reclamos administrativos se agotan dentro de la fuerza y en el ministerio nadie se entera de la queja. La normativa prohíbe reclamar afuera y las FF AA son las únicas instituciones del Estado que no están contempladas por las Defensorías. De esta forma, ante un caso de hostigamiento por no cumplir una orden ilegal la persona violentada queda sometida al instrumento que la violenta. Rossi la consideró en el documento como una medida «arbitraria y hasta violatoria del derecho de defensa, del debido proceso y de la Ley de Procedimientos Administrativos».
Un paso atrás
La norma generó rápido rechazo en organismos de Derechos Humanos y en la oposición, quienes advirtieron que se trata de un «retroceso para la democracia». El PRO -con ayuda de Graciela Ocaña- logró frenar en la Legislatura el proyecto de José Cruz Campagnoli (NE-FPV), que advertía que el decreto «otorga a las Fuerzas Armadas la posibilidad de autogobernarse y puede pavimentar el camino hacia la modificación de la Ley de Seguridad Interior». En el mismo tono, el viernes Diputados del FPV-PJ presentaron en el Congreso un proyecto para derogar la norma publicada el martes en el Boletín Oficial. La consideran «un terrible paso atrás en la democratización de las Fuerzas».
El decreto firmado por Macri y su Ministro de Defensa, el radical Julio Martínez, abandona un paradigma de la democracia: el gobierno civil de la Defensa. «Después de este decreto, el Ministro tiene menos atribuciones que antes y los jefes militares que antes tenían menos atribuciones hoy tienen más», completó.
«Es muy grave concederles a las FF.AA el poder de decisión sobre la gestión de su propio personal, especialmente al que está dedicado a la formación y educación de sus integrantes», se quejaron Mario Volpe y Ernesto Alonso del Centro de Ex Soldados Combatientes de Malvinas (CECIM) La Plata. Y detallaron que en los ámbitos «más íntimos de formación» se propone revisar al Terrorismo de Estado bajo la «teoría de los dos demonios» y con la guerra de Malvinas continúan con el relato épico sin hacerse cargo de las violaciones a los Derechos Humanos de la propia tropa.
Cuarenta años es poco tiempo para espantar el fantasma del genocidio. Sin embargo, Rossi recordó que «las FF.AA tienen compromiso con la democracia, con las instituciones, tienen respeto por los DD.HH, se han ciudadanizado y tienen más del 80% de su personal ingresado en democracia». Aún así, recordó que se trata de «una corporación que tiende, intrínseca e inercialmente, a tener cada vez mayores grados de autonomía», por lo que son necesarios los mecanismos que permitan el control del poder político, civil.
