Las causas judiciales por los homicidios de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán exhiben cosas que pasaron, otras que pasarán y algunas –tal vez las más importantes- que probablemente no pasarán nunca. Entre las que pasarán está el tiempo. Inexorablemente, los dos policías bonaerenses condenados a prisión perpetua, Alfredo Fanchiotti y Alejandro Acosta, recuperarán la libertad. No será de inmediato: La Cámara de Garantías de Lomas de Zamora acaba de rechazar sendos pedidos de libertad condicional y, subsidiariamente, de salidas transitorias.

Pero cuando ocurrieron los asesinatos, el máximo de la extensión de la perpetua era de 30 años, con lo que a los 20 de cumplimiento efectivo estarán en condiciones de acceder a la condicional.

Ambas condenas están firmes, pero las defensas de todos los policías imputados tienen dos coincidencias: las acciones de uno y otro no fueron las mismas, pese a lo cual se les aplicó idéntica pena sobre la base de un criterio de coautoría  utilizado por primera vez y cuestionado, pese a que fue convalidado en todas las instancias judiciales. La segunda coincidencia es que hay más responsables; intervinieron la bonaerense y tres fuerzas federales, pero sólo hubo condenas para los integrantes de aquella a la que el entonces presidente interino Eduardo Duhalde había calificado como “la mejor policía del mundo”.

Lo que parece difícil que vaya a pasar, pese al impulso de las querellas, las organizaciones sociales a las que pertenecían Kosteki y Santillán y los partidos de izquierda, será la determinación clara de las responsabilidades políticas.

Durante el juicio oral que se celebró en 2006, el imputado Acosta contó que el entonces gobernador bonaerense, Felipe Solá «felicitó por el operativo» al comisario Fanchiotti el mismo 26 de junio de 2002, cuando fueron asesinados Kosteki y Santillán. Poco después, a raíz de una secuencia de fotoperiodismo, Fanchiotti fue detenido.

Las responsabilidades políticas tramitan en un expediente que está abierto en el juzgado federal a cargo de Ariel Lijo, con intervención de la fiscal Paloma Ochoa.

El fallo del tribunal oral analizó en sus considerandos sobre lo ocurrido en la Estación Avellaneda que “aquello que debió encauzar la natural acción propiamente política aunada al debate argumentado para resolver los lacerantes problemas sociales, fue sustituido por una insensata batalla con ropaje maniqueo donde naturalmente prevalecieron los que fueron capaces de exhibir mayor poder para neutralizar al oponente. En ese contexto, el Estado -pese al esfuerzo del despliegue de fuerzas articulado- fue incapaz una vez más no ya de la básica preservación de los bienes públicos y de los particulares sino de evitar que se alargue la mano homicida para cobrarse dos víctimas en un desenlace totalmente evitable”.

Hace dos semanas, la fiscal Ochoa pidió nuevamente información a la AFI y los periodistas Alejandro Bercovich y Patricio Escobar, autores del documental “Diciembre” (sobre los tortuosos días que precedieron a la caída del gobierno de Fernando De la Rúa) estuvieron como testigos en Comodoro Py 2002. Entregaron el “crudo” (la filmación completa, parte de la cual utilizaron para el documental) de una entrevista con Duhalde, en la que reconoció que fue él quien dio la orden de impedir que los manifestantes que desde el sur marchaban hacia la Casa Rosada subieran al Puente Pueyrredón.

Sin embargo, durante el debate oral de 2006,  a instancias del fiscal Bernardo Schell, quedaron descartadas no ya eventuales imputaciones sino directamente las declaraciones del propio Duhalde y de sus colaboradores cercanos, entre ellos Carlos Ruckauf, Jorge Matzkin, Felipe Solá y Juan José Álvarez.

La madre de Kosteki,  Mabel Ruiz, impulsó una investigación en los tribunales de Lomas de Zamora. Es la IPP (Investigación Penal Preparatoria) 583.266/05, caratulada “víctima Ruiz, Mabel, s/instigación a cometer delitos, que tramitó ante el Juzgado de Garantías número cinco y la UFI número ocho de Delitos Económicos y Violencia Institucional del Departamento Judicial Lomas de Zamora. Fue archivada, según explicó la titular de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) María del Carmen Verdú. Y la mamá de Kosteki murió en setiembre de 2003, poco más de un año después del homicidio de su hijo.

Las hermanas de Kosteki y el padre de Darío Santillán, Alberto, empujan la causa de Comodoro Py, identificada con el número 14.215/2003 y caratulada “Ruckauf Carlos y otros s/homicidio”. Los 19 años transcurridos desde su inicio, en 2003, son demasiado tiempo en espera de una respuesta. ¿Cómo se explican? Primero, por una extensa estadía en la Corte Suprema, que partió el expediente en dos; luego, en 2012 la causa fue cerrada y tres años más tarde, en 2015, reabierta a instancias de las querellas. Allí se hizo cargo la fiscalía de Ochoa, pero habían pasado 13 años desde los hechos. Hoy intenta remontar la cuesta.

En septiembre de 2019, los diputados Nicolás del Caño, Romina Del Plá y Mónica Schlotthauer presentaron un proyecto de declaración de “repudio a la inacción, el encubrimiento y el silencio que, por parte del Estado y la Justicia, se sigue perpetuando en torno a los responsables políticos e intelectuales del asesinato de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki”. El texto reclamaba “el urgente avance de las causas que deben investigar la responsabilidad penal de las autoridades políticas involucradas en la brutal represión, que culminó con decenas de heridos y dos asesinatos, del 26 de junio de 2002”.  Nunca se trató.  «