En su conferencia de prensa de la semana que culminó, Mauricio Macri habló de un “Gran Acuerdo Nacional” (GAN). Sonó a un eufemismo para pedir la reanudación del acuerdo de gobernabilidad entre Cambiemos y los gobernadores y legisladores del «peronismo que gobierna», que funcionó -con ciertos límites- entre el 10 de diciembre de 2015 y la Navidad de 2017. Se anunció el retorno de los operadores federales -Frigerio y Monzó- a la mesa chica del gobierno; es cierto que, en lo que va de 2018, casi no se avanzó en la agenda legislativa del oficialismo, en buena medida porque la cooperación Nación – Provincias se diluyó. Ante los periodistas Macri habló del Presupuesto 2019, que seguramente se convertirá en un eje ordenador del ajuste fiscal del próximo año. «El mundo» -los operadores financieros, la prensa económica en inglés, organismos y gobiernos internacionales, calificadoras de riesgo- quieren ver gobernabilidad y capacidad ejecutiva, y la hipótesis de un Presidente bloqueado asusta. Pero las leyes de Presupuesto, después de algunas idas y venidas, en general siempre salen. ¿Habrá algo más? Los gobernadores quieren poner más temas en una mesa de acuerdo. Quieren, como siempre, maximizar sus recursos. Y el gobierno quiere ajustar. No va a ser una mesa fácil.

Al día siguiente de la aparición presidencial tuvo lugar una reunión de la Comisión Federal de Impuestos en Córdoba, en la que representantes de todas las provincias volvieron a pedir por una nueva ley de Coparticipación Federal. Esta CFI -no confundir con el Consejo Federal de Inversiones- es el órgano encargado de aplicar la ley de coparticipación de 1973, una de las últimas obras de aquella dictadura. Domingo Cavallo la puso en el freezer, Duhalde y el kirchnerismo la dejaron ahí, pero Cambiemos la reactivó en 2017. Tal vez, porque tenía en mente algún plan que ahora cambió.

La ley-convenio de 1973, firmada por Lanusse y sus ministros Wehbe y Mor Roig, persiguió en su momento el objetivo de transferir más poder fiscal a las provincias, en desmedro del gobierno nacional. Su timing político se asemeja al de la “Ley Bignone” de 1983, que incrementó la representación legislativa de las provincias chicas: fue una costumbre de las dictaduras salientes buscar debilitar a los gobiernos nacionales democráticos por venir, a través de una activación de los mecanismos federales. Los historiadores suelen decir que hicieron eso porque los militares imaginaban que en las provincias chicas podían conservar cierto poder a través de partidos provinciales. Algo que fue cierto solo hasta cierto punto. La “ley de copa” sostiene que una parte importante de lo que se recauda en impuestos nacionales va a la Nación, otra parte igualmente importante a las provincias, y un pequeño porcentaje a un Fondo de Desarrollo Regional, dirigido a las áreas más desventajadas.

En el plano fiscal, los gobiernos nacionales intentaron compensar la coparticipación de diferentes formas. Creando impuestos no coparticipables, poniendo topes, reteniendo porcentajes para financiar agencias nacionales (como el caso de la ANSES). Actualmente hay 17 provincias con demandas a la Nación por asuntos relativos a la coparticipación de impuestos.  Entre ellas, se destaca la que reinició la provincia de Buenos Aires en 2017, por la eliminación del tope impuesto al Fondo de Reparación Histórica del Conurbano. Este Fondo, ideado por Cafiero en 1989 y finalmente logrado por Duhalde cuando asume la gobernación -una de las promesas que le arrancó al federalista Menem- transfería a la gigantesca provincia bonaerense una partida especial para compensar las desventajas a las que la condenó el régimen de coparticipación. Luego, el tope impuesto al Fondo -equivalente a medio punto de PBI- fue licuando sus efectos.

La demanda bonaerense podría cambiar las finanzas públicas nacionales. La Corte avisó, a fines de año, que los reclamos bonaerenses eran justos, pero que ella no pensaba fallar sola: solo lo haría con el acuerdo del conjunto de las provincias, y a cambio de la implementación de medidas compensatorias para el resto. El Fondo está reservado mayoritariamente para hacer obras públicas en el Conurbano, y de allí iban a financiarse buena parte de los planes de infraestructura del gobierno nacional.

Pero ahora no hay plata. Parte del ajuste que se veía venir, y que el ministro Dujovne confirmó hace días, es sobre la obra pública. “Lo que está en marcha se terminará, pero no se licitarán obras nuevas”, se acotó. Si el Conurbano se queda sin obras, es porque no se llega a un acuerdo sobre el Fondo de Reparación y lo que iba a repararlo. Los gobernadores ahora tienen la pelota picando en su campo, y por eso lanzan un pase desde una CFI que fue reactivada para otra cosa. ¿Irán a proponer nuevos criterios de regionalización, para repartir lo poco que hay? Si él único acuerdo consiste en distribuir el sacrificio, parece poco probable que los comenzales vayan con ganas a sentarse en esa mesa.  «