En esta nueva fase de aislamiento obligatorio, el Congreso empezará a poner el foco en proyectos vinculados a lo que será la post pandemia con leyes que ayuden a paliar la crisis económica en el país y la regulación de nuevos trabajos que se incorporaron como “esenciales” en este contexto.

Sin embargo, lo que sucedió el jueves en el Senado, cuando Juntos por el Cambio decidió retirarse del recinto para no tratar dos DNU del gobierno de Mauricio Macri y dejó sin número al oficialismo para debatir iniciativas consensuadas como la Ley de Alquileres y Educación a Distancia, abre nuevas tensiones políticas. En la Cámara Baja, el oficialismo está en negociaciones constantes con una oposición que ante determinados temas que considera delicados, patea proyectos que tienen acuerdo político.

La semana pasada, el cuerpo legislativo que preside Sergio Massa no sesionó, pese a haber podido avanzar en la modificación de la Ley de Promoción de Economía del Conocimiento, proyecto acordado entre el Ejecutivo nacional, empresarios del sector y todos los espacios políticos. La postergación pareció sorprender a propios y ajenos pero la media sanción podría concretarse esta semana en el recinto, ya que con la mayoría simple el proyecto puede ser aprobado y ser girado al Senado.

El régimen de Economía del Conocimiento fue aprobado el año pasado durante el gobierno de Mauricio Macri, pero Alberto Fernández apenas asumió suspendió la norma por encontrar “dificultades” en su aplicación y decidió mejorarla en cuanto a las condiciones de pymes y contribuciones patronales. El pasado 19 de mayo, luego de una visita “virtual” al plenario de comisiones de Comunicación y Presupuesto del ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, el proyecto tuvo despacho favorable por unanimidad.

“Hay un consenso en que es necesario tener la ley lo antes posible para que este sector, que es tan relevante, que tiene mucho para ofrecer a la Argentina en cuanto a capacidad de desarrollo para generar empleo altamente calificado, pueda funcionar con estos beneficios y porque también tenemos la percepción y los datos concretos de que hay oportunidades, incluso de crecimiento en la pandemia, para el sector exportador”, expresó Kulfas ante los representantes.

En diálogo con Tiempo, el presidente de la Comisión de Comunicaciones, Pablo Carro, reiteró la importancia del proyecto: “La clave es que es un puente o antigrieta, porque está en línea con lo que demanda todo el sector, ya que busca fijar una política de Estado en los próximos 10 años. Es un sector que, pese a la crisis mundial, demanda puestos de trabajo y genera mucho mercado en disputa con países como India”. El representante de la provincia de Córdoba señaló que permite el ingreso de dólares al país –unos 6000 millones, con la idea de llevar esa cifra a 10 mil en diez años–, que además tiene perspectiva federal, con mayores exenciones en caso de que estén en zonas desfavorables, incorpora perspectiva de género en sus contrataciones y tiene sentido progresista en lo que es la soberanía tecnológica”.

Por otro lado, consideró que “un tema de suma importancia es avanzar en un plan de conectividad, para considerarla un derecho humano básico que tiene que estar garantizado”, en esta pandemia la comunicación mediante el uso de banda ancha resultó fundamental, sobre todo en lo que respecta a la educación.

En sintonía con los temas vinculados a la regulación laboral en el marco de la pandemia, la Comisión de Legislación de Trabajo que preside la diputada del Frente de Todos Vanesa Silley, tiene varias iniciativas para analizar. Según pudo saber este diario, en las próximas semanas se avanzará con una reunión informativa en la que se tratará la modalidad “excepcional” del teletrabajo. Para esto se convocará a reuniones informativas en las que participarán de manera remota actores y empresarios del sector privado. Los legisladores quieren poner el ojo en la determinación de quiénes deben aportar los insumos como la energía, pero sobre todo con el derecho a la desconexión.

También está en discusión la situación laboral y de desprotección sanitaria de los trabajadores de plataformas electrónicas digitales como Glovo, Rappi yPedidosYa, entre otras empresas de distribución a domicilio, que pese a su condición de precariedad laboral se volvieron esenciales en el marco de la pandemia.

Los trabajadores, que realizaron diferentes protestas para reclamar, entre otras cuestiones, un aumento salarial,aguardan una ley que regule su actividad. Elministro de Trabajo, Claudio Moroni, prometió enviar al Parlamento un Estatuto Especial para este tipo de actividad, con mecanismos propios y específicos del sector. En la Comisión está pendiente el tratamiento de un proyecto presentado por la diputada Cristina Álvarez Rodríguez que establece que los empleadores deberán proveer guantes, barbijos y alcohol en gel, así como una cobertura de Riesgos del Trabajo.

La reforma tributaria que encarará el presidente Alberto Fernández será un pendiente que dentro del Congreso se espera discutir a fin de año, mientras que se sigue esperando el ingreso formal del proyecto de “aporte solidario” que deberán realizar por única vez las 12 mil personas que tienen patrimonios superiores a 200 millones de pesos.