Solicitan elevar a juicio oral a tres exmilitares por la desaparición de un conscripto en 1977, en la ciudad de Puerto Deseado, luego de que se lo destinara a una comisión de servicio, en lo que constituye el primer caso de crímenes de lesa humanidad que llega a esa instancia judicial en la provincia.

El pedido elevado por el fiscal Lucas Colla incluye a los coroneles retirados Juan José Luis Vargas y Norberto Miguel Giordano y al suboficial Lorenzo Fernández, por la desaparición del conscripto Héctor Manuel Irastorza.

El escrito realizado por el fiscal también pide la extracción de testimonios para ahondar en la investigación respecto de Luis Alberto Montenegro, quien acompañó al soldado a tomar un micro el día de su desaparición y quien aún no fue hallado.

En el requerimiento de elevación a juicio, el fiscal relató que el conscripto fue enviado a entregar una documentación en el Comando de la Novena Brigada de Infantería, en la ciudad de Comodoro Rivadavia, acompañado por el conscripto enfermero Montenegro, quienes el 10 de febrero de 1977 iban a abordar un micro de la empresa Transportes Patagónicos.

Vargas y Giordano revestían los cargos de mayor y coronel, y se desempeñaban, respectivamente, como jefe y jefe 2° del Escuadrón de Caballería Blindada N°9 de Puerto Deseado, mientras que Fernández era el suboficial principal encargado de esa dependencia, a la que había llegado Irastorza luego de su ingreso al servicio militar obligatorio, el 20 de enero de 1976, en Campo de Mayo.

El suboficial principal encargado del Escuadrón, Lorenzo Fernández, redactó un informe en el que daba cuenta que Irastorza se ausentó, sin causa justificada, entre el 27 de febrero y el 3 de marzo de 1977, luego de regresar de una comisión de servicio. En consecuencia, Giordano ordenó que se instruyeran las actuaciones por el delito militar de «deserción simple», aunque no pudo constatarse si efectivamente Irastoza llegó a Comodoro Rivadavia, ni se tomó declaración a Montenegro.

En cambio, según el fiscal Colla, el conscripto estuvo recluido en el centro clandestino de detención “La Cacha”, ubicado en la ciudad de La Plata, entre marzo y principios de septiembre de 1977.

Vargas fue acusado por la privación ilegal de la libertad de Irastorza, y a Giordano y Fernández por haber encubierto ese crimen y por falsear el legajo de deserción.

Irastorza integra la lista de los 129 soldados conscriptos desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar, según consigna en su libro El Escuadrón Perdido, el fallecido capitán del Ejército José Luis D’Andrea Mohr. En Argentina hay más 218 detenidos-desaparecidos mientras hacían el servicio militar obligatorio, pero muchos de estos casos no están judicializados.

La desaparición de conscriptos fue una metodología desarrollada por las Fuerzas Armadas entre 1974 y 1983, contra todos aquellos efectivos considerados como «subversivos», por los altos mandos.

Entre los casos emblemáticos, se encuentra el de Luis Pablo Steimberg, desaparecido en 1976, cuyo caso fue expuesto durante un juicio en el que se condenó al genocida Reynaldo Bignone.