La Legislatura porteña sancionó la Emergencia Económica que le permite a Horacio Rodríguez Larreta reasignar partidas sin pasar por el Parlamento capitalino. Desde la oposición advirtieron por la falta de controles a un Poder Ejecutivo que continúa engrosando la planta en medio de la pandemia, y razones no faltaban: pese al discurso de austeridad del oficialismo capitalino, trascendió la firma de un contrato por 2 millones de dólares y 1,5 millones de pesos con una consultora para la selección del personal que trabajará en la Gerencia de Reasentamiento de la villa 31.
La sanción de la ley se retrasó más de lo que hubiera querido el jefe de Gobierno. El kirchnerismo y la izquierda se negaron a habilitar una tabla para tratar el proyecto diez días atrás, pero el oficialismo hizo valer su alianza política para conseguir la mayoría simple necesaria y sumó a otras fuerzas que suelen votar en sintonía con el larretismo. La oposición cuestionó la falta de claridad sobre el destino de los fondos.
El proyecto original contemplaba la posibilidad del cobro escalonado de salarios para los trabajadores del Estado capitalino y fue rechazado por todos los bloques opositores y aliados. Hay quienes creen que el pago en cuotas buscó distraer la discusión de los controles al gasto público.
Las sospechas opositoras apuntaban a licitaciones controversiales como una compra de barbijos por $ 45 millones que terminó en manos de un socio del hermano del jefe de Gabinete porteño Felipe Miguel y miembro del directorio del Grupo Clarín. O al alquiler de un hotel en el que son socias la media hermana de Rodríguez Larreta y la hija de la exnúmero dos de la Secretaría de Inteligencia.
Tras una reunión de Larreta con Martín Lousteau, referencia del radicalismo porteño, y Maximiliano Ferraro, dirigente de confianza de Elisa Carrió, ambos se comprometieron a aportar sus votos a la Emergencia. La Coalición había sido uno de los aliados que cuestionó la falta de transparencia de las contrataciones y, como publicó Tiempo, Elisa Carrió había llegado a pedir la salida de Felipe Miguel.
Larreta aceptó conformar una comisión de control del gasto como había pedido la oposición, pero tendrá control absoluto del oficialismo. La integrarán los presidentes de la comisión de Hacienda, Claudio Romero, y de Salud, Patricia Vischi. El primero pertenece al bloque larretista y la segunda es aliada del gobierno. Los restantes nueve integrantes de la comisión serán nombrados por el vicepresidente 1º de la Legislatura, Agustín Forchieri.
La Emergencia también contempla que la Auditoría de la Ciudad participe del control de gastos, pero sólo intervendrá si se lo solicita la comisión. “Es alarmante que la comisión esté presidida y con mayoría del oficialismo, y sin participación de la Auditoría”, impugnó la presidenta del organismo, la kirchnerista Mariana Gagliardi.
Desde el oficialismo cuestionaron que el peronismo no acompañara la sanción de la Emergencia. Primero Romero, luego el radical Juan Nosiglia y el “Lilito” Facundo del Gaiso, recordaron que en diciembre la oposición acompañó una iniciativa similar de Alberto Fernández.
“No corresponde que el jefe de Gobierno tenga superpoderes. Nos están negando una de nuestras tareas como legisladores, que es el control, y además nos lo dificultan cada vez más. La Emergencia de Nación dice expresamente lo que se va a financiar”, contrapuso la legisladora del Frente de Todos, María Rosa Muíños.
Tras conseguir la Emergencia Económica, el gobierno porteño tiene el foco puesto en los barrios de emergencia, donde en la última semana se multiplicaron exponencialmente los contagios de coronavirus, especialmente en la villa 31. Parte del larretismo expresó su malestar con Diego Fernández, secretario de Integración Social y Urbana.
El funcionario es quien controla las obras en el barrio Padre Mugica, que desde hace días no tiene agua potable. En los papeles cuenta con recursos similares a los del Instituto de la Vivienda, con la diferencia de que el IVC debe ocuparse de todos los barrios populares de la Ciudad.
En medio de las políticas de austeridad anunciadas por Larreta, Fernández, que es uno de los creadores de la exclusiva cadena de sushi Dashi, firmó un contrato por 1,2 millones de dólares, $1,5 millones y una extensión por otros 800 mil dólares. El oneroso acuerdo, publicado por la cuenta @votecerebro, fue firmado con la consultora HYTSA para la selección del personal que trabajará en la 31 para la Gerencia de Reasentamiento.
Desde el gobierno porteño aseguraron que el contrato corresponde al reasentamiento de 651 familias en el sector YPF y otorgado por el Banco Mundial. Por el acuerdo que comenzó el año pasado y se extenderá hasta diciembre, HYTSA tercerizará la contratación de 52 empleados para que supervisen demoliciones, realicen informes sociales y confeccionen legajos para las escrituras de dominio.
