La guerra está en marcha y no parece tener vuelta atrás. El Gobierno, el mismo día que se llevó a cabo el primer paro general desde que gobierna Mauricio Macri, publicó en el Boletín Oficial una serie de «recomendaciones» para las elecciones de los sindicatos.

En simultáneo, la diputada nacional de Cambiemos, Olga Rista, solicitó tratar un proyecto de ley que busca «frenar los abusos de poder en los sindicatos» y «democratizar» los gremios. El proyecto fue presentado por la legisladora hace un año y es una propuesta originalmente impulsada por el exsenador Ramón Mestre.

Las «recomendaciones» publicada en el Boletín Oficial ya son tomadas como una amenaza por algunos dirigentes sindicales. La disposición establece una serie de recomendaciones para transparentar las elecciones gremiales, como incorporar el voto electrónico, cumplir la ley del cupo femenino del 30% y rechazar que dirigentes que estén «inhibidos penal o civilmente» formen parte de las listas electorales de los gremios.

La resolución cita el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que habla del derecho de los trabajadores a «una organización sindical libre y democrática».

El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, anticipó que exigirá el cumplimiento de las recomendaciones por parte de los sindicatos. «Hay algunos que desde la posición gremial han abusado de la conducta que les corresponde por ley y se han transformado en extorsionadores», sostuvo el ministro en declaraciones a Radio Mitre.

Desde los gremios expresaron que la inicitiva marca, dentro de otras cosas, el gran nivel de desconocimiento del gobierno de las organizaciones y de la realidad de los trabajadores de cada una de las actividades. Héctor Daer, uno de los triunviros, calificó de inviable en la mayoría de las actividades.
El Gobierno desde el Boletín Oficial reclama «el control y rechazo efectivo de la integración de las listas con candidatos inhibidos en sede penal o civil», dice que esto obedece a un necesario «control de idoneidad» y recomienda «la necesaria recolección de los antecedentes civiles y penales de los candidatos» a ocupar cargos en cada gremio.

Por su parte, el texto que se impulsa en el Congreso contiene reformas a la Ley 23.551 de Asociaciones Sindicales, para limitar la reelección de los dirigentes y los mandatos.

Según el texto, la elección de las autoridades de un gremio debería hacerse por voto secreto y directo, y el mandato de la conducción del gremio no podría ser superior a cuatro años, con una sola reelección posible.

Además, la iniciativa establece la obligatoriedad de darle representación a las líneas minoritarias en al menos un 30% de los puestos de conducción, y se incluye también el cupo femenino del 30% en caso de que el gremio tenga un número de afiliadas igual o superior a esa cifra. En otro punto clave, el proyecto prohíbe recibir financiamiento de partidos políticos nacionales o extranjeros a todos los sindicatos. Si así lo hicieran, se les suspendería su personería.

«En nuestro país la libertad sindical está siendo coartada por los personalismos y las prácticas que están fuertemente arraigadas en los gremios. Tal situación hace ineludible la necesidad de crear mecanismos especiales para canalizar las inconformidades que se dan hoy en el escenario laboral, por eso presentamos este proyecto de ley», argumentó Rista.

Para la diputada de la UCR, «teniendo en cuenta el clima que se vive en la actualidad, donde las intimidaciones y el miedo se encuentran presentes puertas adentro y fuera de las estructuras sindicales, el proyecto debe ser tratado este año legislativo».