Al mismo momento que se conocía la resolución de la ONU que ordena al Estado argentino a que libere de forma inmediata (acompañado de un resarcimiento) a Milagro Sala, por considerar que su detención es arbitraria, el gobierno de Jujuy pidió la elevación a juicio del abogado defensor de la diputada del Parlasur, Luis Paz.
El Ministerio Público de la Acusación emitió este requerimiento fiscal contra el letrado en el marco de una causa caratulada como amenazas coactivas. Según dijeron desde la Tupac Amaru, se trata de una causa inventada sin más prueba que el testimonio de la hija de Jorge Rafael Páes (Yesica), vinculado a una de las causas contra Milagro Sala, y que a pesar de estar procesado en dos instancias fue sobreseído por el juez residual Pablo Pullen Llermanos tras denunciar a la dirigente social. Una de esas causas lo tiene a Páes como coautor de tentativa de homicidio. Luego de la denuncia a Sala, fue beneficiado por el juez con prisión domiciliaria.
Las miradas recaen sobre el Poder Judicial de Jujuy, cuya independencia fue cuestionada por el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias. Uno de los mayores cuestionamientos data de enero de este año, cuando ampliaron la Corte Suprema provincial, de cinco a nueve miembros, designando a dos diputados radicales que acababan de votar esa ampliación, y a la hermana del vicegobernador al frente de la Defensoría General.
La denuncia contra Luis Paz surgió luego de que Pullen Llermanos, tras suspender una audiencia testimonial en el marco de la causa de encubrimiento que tiene como imputada a Milagro Sala, estuviera alrededor de siete horas en su despacho con la testigo que lo denunció, sin la presencia de los abogados defensores de la dirigente social ni los del otro imputado, afirmaron desde la organización que lidera Milagro Sala. Y agregaron que el nuevo pedido de juicio al abogado fue por orden directa del contador Morales, profundizando la persecución política que se vive en la provincia de Jujuy desde el 10 de diciembre.
Pullen Llermanos fue denunciado por los abogados de Milagro Sala ante el Superior Tribunal de Justicia por supuestas irregularidades, entre ellas la de ejercer presión sobre la hija de Páes, obligándola a declarar, a pesar de que el artículo 256 de la ley 3584 establece que no pueden ser llamados como testigos los descendientes de los procesados.
La denunciante dijo que antes de ingresar a la audiencia el abogado de Sala le habría mostrado un escrito diciéndole ojo que acá está la Flaca, hecho que fue desmentido por Paz e incluso por el defensor de Jorge Rafael Páes. Mientras tanto, el gobierno jujeño sigue desligándose de la formulación del Grupo de Trabajo de la ONU acerca de la liberación de la dirigente social. Desde el gobierno de Morales sostienen que el dictamen no es vinculante y que está desactualizado. El periodista Horacio Verbitsky, presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), una de las entidades que forma parte del equipo de la ONU, aseguró que «este no es un problema de Jujuy, si no del Estado Nacional argentino», aclaró que el gobierno debe cumplir inmediatamente y que «el Estado tiene 6 meses para informar cómo ha cumplido la resolución». Y completó: «Un país que decide ignorar el pronunciamiento de la ONU se coloca al margen de la legalidad internacional».
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