El presidente del Tribunal Oral Federal número 1 de Córdoba, Jaime Díaz Gravier, cerró ayer el debate del juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos en los centros clandestinos de detención y exterminio de La Perla y La Ribera, y anunció que los jueces pasaban a deliberar para dictar sentencia este mediodía. Así, culmina uno de los procesos orales más emblemáticos vinculados con la última dictadura cívico-militar, por el que están imputados 43 represores, entre ellos quien fuera el jefe del Tercer Cuerpo de Ejército, Luciano Benjamín Menéndez, y los militares Héctor Pedro Vergez y Ernesto «Nabo» Barreiro, quien enfrenta su primera condena por delitos cometidos en centros clandestinos de detención.

El juicio comenzó el 4 de diciembre de 2014. El 12 de marzo de ese año se incorporaron cinco nuevas causas. En aquel momento, sumaban a 52 los imputados. Luego de tres años de audiencias, en su cuarto año de proceso, suman diez los imputados que murieron sin condenas.

Organizaciones de Derechos Humanos, sociales y políticas se movilizaron frente a los Tribunales de Córdoba para escuchar la sentencia en la megacausa La Perla, que abarca otros CCD como el que funcionó en el Departamento de Informaciones de la Policía –D2– y Campo de la Ribera. Allí hubo detenidas unas 716 víctimas de la cuales 279 continúan desaparecidas.

Ayer, dos de los imputados hicieron uso de su derecho a pronunciar las últimas palabras, antes de que se dispusiera el cuarto intermedio hasta la lectura de la sentencia.  El represor Jorge Exequiel Acosta utilizó ese recurso para plantear una vez más la «nulidad» del juicio porque, sostuvo, «se han violado todas las garantías constitucionales» y en las audiencias «la mayoría de los testigos falsearon la verdad».

«No tengo nada de qué arrepentirme ni nada de qué pedir perdón, he cumplido con mi deber de soldado de defender a mi patria hasta perder la vida en contra del ataque artero de un enemigo terrorista y despiadado, instruido y entrenado en naciones extranjeras, convirtiéndolos en traidores a la Patria», expresó.

Acosta, que en el momento de los hechos juzgados se desempeñaba en el Destacamento de Inteligencia 141, está acusado como autor de 253 privaciones ilegítima de la libertad, 13 homicidios calificados, 12 imposiciones de tormentos y la sustracción de un menor de diez años. No obstante, insistió en proclamar su «inocencia en todo y en cada uno de los hechos» que le imputan y agregó: «Nunca recibí órdenes ilegales, ni impartí órdenes ilegítimas.»

El otro imputado que hizo uso del derecho a últimas palabras, Arnoldo José López, expresó que sus garantías constitucionales fueron «sistemáticamente violadas» durante el juicio y habló de un «relato mentiroso» de los testigos y concluyó que «nada ha hecho el tribunal al respecto».

López era personal civil (PCI) del Destacamento de Inteligencia 141 del Ejército, integró el grupo paramilitar Comando Libertadores de América (CLA, versión provincial de la Triple A) y está acusado de ser autor de 283 privaciones ilegítimas de la libertad, 267 casos de tormento, 190 homicidios calificados y 14 casos de tormentos seguidos de muerte.

 A la audiencia asisten el gobernador Juan Schiaretti; la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, la titular de Abuelas en Córdoba, Sonia Torres, nietos recuperados, legisladores provinciales y nacionales.