Cuatro años de resultados económicos negativos
El 16 de octubre de 2015, en plena campaña presidencial, Mauricio Macri prometió ante mil empresarios reunidos en el Coloquio de Idea crear dos millones de puestos de trabajo nuevos durante su eventual gestión al frente del país. La realidad, sin embargo, resultó bien distinta.
Cuando concluya su mandato, el gobierno de Cambiemos posiblemente no tenga un solo pergamino que exhibir en materia de gestión económica. En cuatro años, la evolución del Producto Bruto Interno resultará negativa. En otras palabras, la economía nacional se habrá reducido al cabo de cuatro años en los que millones de argentinos salieron todas las mañanas a trabajar.
Según datos oficiales del Indec, el PBI a precios corrientes pasó de los $ 719 mil millones en el cuarto trimestre de 2015 a $ 688 mil millones en el segundo trimestre de este año. Se trata de un retroceso del 4,25% en tres años y medio. Si la comparación se realizara con el segundo trimestre de aquel año, que debería presentar un comportamiento similar, la caída asciende hasta un 5,48 por ciento.
En julio de este año, el Índice de Producción Industrial manufacturero del Indec retrocedió un 1,9%, acumulando 16 meses consecutivos de caída interanual. De los 44 meses transcurridos entre enero de 2016 y julio de 2019, 31 arrojaron índices de crecimiento interanual negativo de la producción industrial. A la misma fecha, la utilización de la capacidad instalada de la industria se ubicó en 58,7%, cuando en julio de 2016 alcanzaba un 62 por ciento. Antes que ejecutar inversiones productivas, la industria deberá recuperar un nivel de actividad suficiente para hacer uso del capital adormecido del que ya dispone.
Quiénes pagan los platos rotos del ajuste
El costo del retroceso económico general y el industrial en particular no se distribuyó de manera homogénea entre los diversos actores y clases sociales que intervienen en la producción. Según datos del propio Indec –el informe de la Cuenta de Generación de Ingresos–, el aporte al valor agregado que realizan las ganancias empresarias por un lado y el salario de los trabajadores por el otro, tuvo una marcada variación en favor de las patronales.
Mientras durante el primer trimestre de 2016, del total del valor agregado de la economía, un 54,6% se explicaba por el trabajo asalariado y un 34,8% por «el excedente de explotación bruto» (equivalente a la ganancia empresaria), en el último informe oficial del primer trimestre de 2019, la relación se modificó, llevando la remuneración al trabajo asalariado hasta un 48,3% del valor agregado y la ganancia, a un 38,9 por ciento. El ingreso bruto mixto, que explica la remuneración de los trabajadores autónomos, pasó de representar un 12,2% en aquel trimestre a un 13,7%, lo que indica también un proceso de precarización de los trabajadores bajo convenio.
En el sector industrial, las remuneraciones explicaban en el primer trimestre de 2017 (primer dato disponible) el 49,4% del valor agregado, mientras en la última medición retroceden hasta un 43,1 por ciento.
Así las cosas, han sido los trabajadores quienes cargaron –y cargan– con el peso de la crisis provocada por los casi cuatro años de gobierno de Cambiemos. Las dificultades que hubieran podido enfrentar las empresas no se explican por los altos costos laborales sino, por el contrario, por otros costos de carácter patronal, como la suba de las tarifas de energía o las altas tasas de interés generadas por la bicicleta financiera que encarecieron gravosamente el crédito productivo.
El mecanismo que explica semejante transferencia de recursos entre las clases sociales ha sido, por un lado, el de los despidos masivos tanto en el sector público como en el privado y, por el otro, la brutal pérdida del poder adquisitivo de los asalariados generada por la inflación (y la devaluación), combinada con paritarias a la baja y el retraso del salario en negro. La suba de precios acumuló un 234% entre diciembre de 2015 y agosto de 2019 y, se estima, alcanzará un 295% durante todo el gobierno de Macri.
Shock de despidos y precarización laboral
A poco de andar, Cambiemos aceleró los despidos de alrededor de 40 mil empleados públicos que se desempeñaban en forma precaria en el Estado. La decisión no sólo apuntó a reducir el déficit fiscal del sector público a costa de los trabajadores estatales sino también a dar una señal a las patronales acerca de la política que implementaría el gobierno. La votación en el Congreso de la Ley de Emergencia Ocupacional (antidespidos), en mayo de 2016, recibió el veto inmediato del Ejecutivo, en otra muestra de su orientación abiertamente propatronal.
En abril de ese año, ya había avanzado un paso en la dirección de una reforma laboral que, ante la resistencia popular, no pudo implementar a escala global: la ley de Primer Empleo apuntaba a incentivar la contratación de jóvenes a través de la elusión de los convenios laborales y ofreciendo exenciones impositivas para las empresas. El resultado, claro, no fue el anunciado. Los jóvenes sufren hoy un desempleo del 18%, una tasa que creció en esa franja etaria un 21% en el último año, a una velocidad muy superior a la del resto de los trabajadores (un 7,7% más en igual período). Las ferias de empleo joven en La Rural, lejos de generar la incorporación de nuevos trabajadores al mercado, se transformaron en una postal de las privaciones que atraviesa el mercado laboral, con miles de jóvenes pugnando sin éxito por un puñado de empleos.
Mientras tanto, el gobierno siguió explorando reformas regresivas, como la de los convenios para el sector petrolero en Vaca Muerta, experiencia que amplió modificando a la baja algunos convenios existentes como el de los lecheros, de la televisión, de MercadoLibre, entre otros.
Monotributistas versus asalariados industriales
La promesa de los dos millones de puestos de trabajo quedó irrefutablemente en el debe. En diciembre de 2015, según un informe del Centro de Estudios del Trabajo y el Desarrollo (CETyD) basado en datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA-AFIP), existían en la Argentina 11.962.792 trabajadores en blanco, entre empleados del sector privado, empleados públicos, de casas particulares, monotributistas y autónomos. En julio de 2019, la cifra alcanzó los 12.107.069. Se trata de apenas 144.277 puestos de trabajo generados en algo menos de cuatro años, un crecimiento marginal del 1,2% y equivalente a apenas un 7% de los dos millones prometidos. Al mismo tiempo, son 241 mil puestos de trabajo menos que los existentes en el pico del macrismo, alcanzado en enero de 2017.
Pero a la hora de determinar el origen de esos empleos nuevos surge que, en el período, se registraron 149.700 nuevos monotributistas y 56.400 empleados de casas particulares, mientras retrocedieron en 162.700 los asalariados del sector privado.
Los datos, bien leídos, reflejan un proceso de precarización laboral (el traslado de empleados bajo convenio al régimen de monotributo), a la vez que un crecimiento estadístico de los empleados de casas particulares a partir de un proceso de blanqueo de empleo presumiblemente ya existente, motivado por la posibilidad de computar ese pago para el descuento del Impuesto a las Ganancias. Es que, y a contramano de lo prometido en campaña electoral, el número de trabajadores asalariados alcanzados por ese impuesto se elevó desde los 1,175 millones de diciembre de 2015 hasta los 1,939 millones en julio de 2018. Un crecimiento del 65% según los datos disponibles.
Pero además, el nivel del empleo registrado privado en julio de 2019 retrocedió a los guarismos del mismo mes de 2013, en torno de los 6,1 millones. Dicho de otra forma, todo el empleo privado creado en seis años, ha sido destruido.
Sin dudas, el sector más golpeado en términos de empleo ha sido el industrial, que retrocedió sin solución de continuidad desde los 1.252.085 trabajadores registrados de diciembre de 2015 hasta los 1.109.147 de la actualidad: un 11,5% en apenas tres años y medio.
Desempleo en alza y más gente buscando trabajo
Cómo es lógico, este fenómeno se tradujo en una suba del desempleo que perforó el techo de los dos dígitos en el primer trimestre de 2019 (10,1%) y que siguió escalando hasta el 10,6% en el segundo. Se trata de 2,1 millones de personas que buscan empleo en la Argentina. En el mismo trimestre de 2016, ese valor se encontraba en 9,3% mientras que la última cifra que se conoció del desempleo en 2015, la del tercer trimestre, aunque cuestionada por la manipulación de los datos, arrojaba apenas un 5,9% de trabajadores desocupados. Si se tomara ese parámetro, se han generado 930 mil desempleados en poco menos de cuatro años.
Pero el mercado de trabajo arroja otro dato significativo, que es la suba de la tasa de actividad desde el segundo trimestre de 2017 de un 46% hasta un 47,7% en el mismo período de este año. Se trata de la población que trabaja o busca activamente un nuevo empleo. La suba indica una tendencia a la incorporación de nuevos trabajadores al mercado, presumiblemente empujados por la dificultad de las familias de reunir los ingresos necesarios para llegar a fin de mes. Un fenómeno congruente con la suba de la pobreza hasta el 35,4 por ciento.
El empleo no registrado también siguió subiendo
Por el lado del trabajo en negro o no registrado, más allá de los intentos de promover una nueva ley de blanqueo laboral que el gobierno consideró la vía para promover la registración del trabajo, los resultados no han sido los mejores. Por el contrario, Cambiemos, que heredó un 31,9% de empleo no registrado –dato del primer trimestre de 2015–, dejará el gobierno con, al menos, un 35% de empleo en negro.
Salarios devaluados y pérdida del poder adquisitivo
Una de las promesas del gobierno al empresariado fue la de mejorar la competitividad sobre la base de reducir los denominados costos laborales y revisar los convenios. Para eso la devaluación de la moneda nacional jugó un papel fundamental.
El valor del dólar pasó de $ 9,76 el 10 de diciembre de 2015 (aunque en un contexto de fuertes restricciones cambiarias, el informal operaba a $15) y en la actualidad cotiza $ 60,01. Se trata de una devaluación del 516% en tres años y diez meses. Por ese motivo el salario mínimo medido en dólares en la Argentina se redujo drásticamente desde los U$S 589 que ostentaba en noviembre de 2015 hasta los U$S 221 que cotiza en la actualidad. Pasó de encabezar el ránking regional a ocupar el noveno lugar detrás del resto de las naciones de Sudamérica, superando sólo a Venezuela.
En lo que hace al salario privado registrado promedio, la pérdida del poder adquisitivo promedio entre diciembre de 2015 y junio de 2019 acumuló, según CETyD, un retroceso del 16% que, sin embargo, tuvo una distribución desigual según los sectores y los acuerdos paritarios que pudieran haber sellado. El mismo centro de estudios pronostica que hacia diciembre la caída del salario real acumulado durante al actual gestión podría llegar hasta el 22 por ciento. Medido en dólares, el salario promedio privado en diciembre de 2015 era de U$S 2495 mientras que, para julio y a un dólar a $ 45, equivalía a U$S 997, un retroceso del 60 por ciento. Si se tomara ese mismo salario con el valor actual de la divisa, el derrumbe sería del 70 por ciento.
Para el caso del salario no registrado, la pérdida de poder adquisitivo del salario en pesos supera largamente el 35 por ciento.
Según datos del Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma, han sido los textiles quienes resignaron un mayor poder adquisitivo entre el tercer trimestre de 2015 e igual período de este año, con un retroceso del 36,7 por ciento. Inmediatamente después se ubican los trabajadores de prensa con un 32,4 por ciento. Un estudio de la Junta Interna de ATE de los trabajadores del Indec sostiene que los empleados públicos nacionales resignaron un 27,2% de sus ingresos durante el período que va desde noviembre de 2015 y agosto de 2019. Para una categoría testigo, según los trabajadores, la pérdida acumulada equivale a $ 226 mil en el período. Se trata de 11,6 meses de salarios.
Por el lado de los docentes, el gobierno nacional ha optado por anular en forma unilateral la discusión paritaria nacional que oficiaba de piso para los acuerdos distritales. Condenaron así a los trabajadores de la educación a negociar sus haberes a nivel provincial, debilitando su capacidad de generar un conflicto efectivo.
Con todo, el deterioro salarial no sólo juega un papel en la mejora de los costos laborales sino que ha sido utilizado por las patronales como una forma de extorsión para habilitar la apertura de los convenios laborales, tal como ocurre en estas horas con los trabajadores aeronáuticos. «
