Este domingo tendrá lugar el segundo debate presidencial. Luego del primer cruce entre los seis candidatos en Santa Fe, la cita será en la Facultad de Derecho de la UBA. Allí, desde las 21, se verán las caras Mauricio Macri, Alberto Fernández, Roberto Lavagna, Nicolás del Caño, José Luis Espert y Juan José Gómez Centurión, quienes pasaron el piso del 1,5 por ciento de los votos en las PASO de agosto.
Los tópicos de este encuentro serán: Seguridad, Empleo, Producción e Infraestructura, Federalismo, Calidad Institucional y Rol del Estado, Desarrollo Social, Ambiente y Vivienda.
La organización corre por cuenta de la Cámara Nacional Electoral y será la última oportunidad que los candidatos tendrán para confrontar sus propuestas antes de los comicios del 27 de octubre. Si hubiera un ballotage, habrá un tercer debate el 17 de noviembre, también en la Facultad de Derecho de la UBA.
Los debates cuentan con un presupuesto de 24 millones de pesos y el Estado aparece como garante desde la modificación de la Ley 27.337, que se aplica por primera vez este año y establece que deben realizarse dos debates: uno en la Capital Federal y otro en el interior del país, y en caso de balotaje habrá un tercero.
Como el domingo pasado, habrá dos parejas de moderadores. Los periodistas Mónica Gutiérrez, María O’Donnell, Claudio Rígoli y Marcelo Bonelli serán los encargados de conducir las dos etapas en las que se dividirá el encuentro.
Al igual que el domingo pasado, cada candidato tendrá 45 segundos para presentarse. Luego, dispondrán de dos minutos para desarrollar su propuesta en el tema a tratar. A continuación, habrá 30 segundos para réplicas. Finalmente, otros 30 segundos para responder alusiones. Así será con los cuatro temas a debatir.
El primero de los debates presidenciales fue transmitido en directo desde la Universidad Nacional del Litoral, en Santa Fe, por todos los medios pertenecientes a R.T.A. Las señales fueron puestas a disposición de todos los medios públicos y privados del país, lo que implicó altos niveles de rating.
A diferencia del debate de 2015, la nueva legislación contempla sanciones para los candidatos que rehusaran su participación, cuyo atril se dejaría vacío para visibilizar la ausencia. Además, se contempla quitar pauta publicitaria al candidato que no asistiera, pauta que se repartiría entre los otros aspirantes de manera proporcional. En los considerandos de la ley, se especifica que tiene «la finalidad de dar a conocer y debatir ante el electorado las plataformas electorales de los partidos, frentes o agrupaciones políticas».