El Gobierno bonaerense denunció que un grupo de organizaciones que forman parte de la ocupación de los terrenos en la localidad bonaerense de Guernica «impidió de manera violenta la asistencia de la mesa interministerial» a las familias que se encuentran en el predio.
«Asistimos a una situación grave e inédita», expresó la Provincia en un comunicado en el que indicó que un «grupo de organizaciones políticas que forman parte de la ocupación decidió impedir de manera violenta la asistencia a las familias que se encuentran en el predio, obstruyendo la labor del Estado».
La gestión interministerial del Gobierno provincial está conformada por las carteras de Desarrollo de la Comunidad; de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual; de Justicia y Derechos Humanos; y de Seguridad; así como también por representantes de los municipios de Presidente Perón, Lomas de Zamora, Almirante Brown Florencia Varela, Esteban Echeverría, San Vicente y Ezeiza.
«El esquema implicaba la instalación de oficinas móviles de atención y contó con la participación de 150 trabajadores de los ministerios intervinientes que se hicieron presentes para asistir a las familias con la entrega de agua potable, alimentos secos, alcohol en gel, pañales, zapatillas, frazadas y barbijos; a la vez que fueron a distribuir viandas de comida caliente luego del temporal», consignó el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad en un comunicado.
A su vez, el Ministerio de Mujeres «visitaría personalmente a las mujeres víctimas de violencia de género a las que ya se encuentra asistiendo; y el Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia buscaba constatar la situación de las y los menores que se encuentran en el predio», señaló esa cartera, pero indicó que la actividad «no se pudo llevar a cabo por la decisión de un sector de organizaciones».
El gobierno provincial sostuvo que junto al municipio de Presidente Perón está «desarrollando todos los esfuerzos para lograr una resolución pacífica y consensuada», por lo que asume el «compromiso de seguir caso por caso la situación de cada una de las familias que presente real necesidad».
«La problemática de hábitat involucra a miles de personas en el distrito de Presidente Perón y a muchísimas más en la provincia de Buenos Aires, que no están en situación de toma. El Estado está trabajando para dar una respuesta estructural, pero reiteramos que las vías de solución deben ser institucionales y que la toma de tierras de ninguna manera puede ser el camino», añadió.
Tras reafirmar la «voluntad de diálogo», la administración de Axel Kicillof aseguró que sostendrá la «acción coordinada entre los Gobiernos nacional, provincial y municipal con el fin de encontrar una solución al conflicto».
El 90 por ciento de las personas que ocupan el predio de más de cien hectáreas, y que será desalojado el próximo jueves 1 de octubre por orden judicial, son desempleados que no podían enfrentar un alquiler, en tanto que medio centenar de ellas son mujeres en situación de violencia de género.
Los datos se desprenden del censo que realizó el Gobierno bonaerense, al que tuvo acceso Télam, como parte del Plan de Intervención Integral solicitado por el juez de Garantías de La Plata con asiento en la localidad de Cañuelas, Martín Rizzo, para abordar el desalojo que debe realizarse el 1 de octubre o, supletoriamente, los días 2 y 5 de ese mes.
La intendenta de Presidente Perón, Blanca Cantero, se mostró ayer «optimista» de que el Gobierno provincial ofrecerá una solución al conflicto y aclaró, en diálogo con esta agencia, que el objetivo no es la «violencia» sino que «cada uno se vaya en paz y con perspectiva de futuro».
