Un tribunal oral dividido, que ya demostró su voluntad de juzgar rápidamente a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, más un fiscal que sintoniza ese mismo apuro y dos acusadores que responden al gobierno nacional conformarán este martes el escenario en el que comenzará el juicio oral por la supuesta adjudicación irregular de obra pública en la provincia de Santa Cruz al empresario Lázaro Báez.

Sorteados todos los obstáculos que interpuso incluso la propia Corte Suprema (y que desanduvo en menos de 24 horas), el Tribunal Oral Federal número 2 comenzará a juzgar a 13 acusados. La lista la completan Julio De Vido, ex ministro de Planificación Federal; José López, ex secretario de Obras Públicas; Abel Fatala, subsecretario de Obras Públicas; Carlos Kirchner, ex titular de la Subsecretaría de Coordinación de Obra Pública Federal; Nelson Periotti, ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad; Raúl Daruich y Mauricio Collareda, ex jefes del distrito Santa Cruz de la Dirección Nacional de Vialidad; y Héctor Garro, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi y José Santibañez, ex presidentes de la Administración General de Vialidad de Santa Cruz.

El inicio del juicio está previsto para las 12 en la denominada “Sala Amia” de los tribunales federales de Comodoro Py 2002. Allí se desarrollaron los dos juicios por el encubrimiento del atentado contra la mutual judía y el proceso por la “Causa Ciccone”, por la que fue condenado y está preso el exvicepresidente Amado Boudou. Allí se está desarrollando actualmente otro juicio con Lázaro Báez como imputado, junto con -entre otros- el financista arrepentido Leonardo Fariña. De hecho, Fariña será testigo en el juicio que comenzará este martes.

El tribunal está integrado por tres jueces titulares, Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, y una suplente, Adriana Palliotti. Originalmente lo iba a integrar el magistrado Jorge Tassara, pero días antes del inicio del juicio previsto para febrero pasado sufrió una dolencia cardíaca que derivó en su fallecimiento. El fiscal será Diego Luciani, el primero en pedir que el debate comenzara igual pese a que la Corte había pedido el expediente. El rol de querellantes lo ocuparán dos organismos que dependen del gobierno nacional: la Oficina Anticorrupción (OA) y la Unidad de Información Financiera (UIF).

Las defensas de los imputados plantearán de entrada, aún antes de la lectura de las acusaciones, una serie de nulidades con las que intentarán frenar el inicio del debate. Hay un tema central que se ha debatido mucho en las últimas jornadas pero que, por ahora, no tiene solución: el peritaje sobre cinco de las 51 obras públicas en debate (un trabajo incompleto, un “muestreo” que afecta al derecho de defensa en juicio) ni siquiera está concluido. Y no lo estará hasta que el juicio esté bien avanzado, en agosto o setiembre próximo.

Esa es una de las cuestiones que debe revisar la Corte Suprema. No tiene tiempos establecidos para ello.

La expectativa central será la presencia obligatoria de la expresidenta en la sala de audiencias. Todos los imputados tienen la obligación de estar cuando se les leen las acusaciones, y en este caso es probable que ese trámite insuma varias jornadas.

El juicio durará no menos de nueve meses y probablemente bastante más que un año. Desfilarán casi 160 testigos, entre ellos el flamante precandidato presidencial Alberto Fernández; el también aspirante a la primera magistratura Sergio Massa; el exministro de Energía y denunciante original de la causa, Javier Iguacel; las legisladoras oficialistas Mariana Zuvic y Paula Oliveto y la exdiputada Margarita Stolbizer.

La expresidenta está acusada de ser la jefa de una asociación ilícita y en caso de ser hallada culpable podría sufrir una condena de hasta diez años de cárcel.