“Nuestros hermanos se mueren de cáncer porque el gobernador no manda médicos a los territorios, por eso estamos defendiendo acá el territorio. ¡No queremos ser esclavos, ustedes tampoco! Ya hemos sufrido muchos años. Cuatrocientas comunidades existen en la provincia de Jujuy; de esas 400 comunidades, el gobierno solo va a reconocer a 73, todas las demás están con amenaza de desalojo, eso no lo saben ustedes porque ustedes están dedicados a reprimir”. La mujer, integrante de una de las muchas comunidades indígenas de Jujuy que ayer volvieron a las rutas a resistir la reforma constitucional del gobernador radical Gerardo Morales, les habla de frente a las fuerzas que dispararon balas de goma y recibieron piedrazos como única defensa. La escena, difundida en sus redes por la periodista Cynthia García, fue el corolario de una jornada de violenta represión sobre los sectores que desde hace más de diez días intentan ponerle un límite al autoritarismo del mandatario enrolado en Juntos por el Cambio. Gritos, detenciones arbitrarias, como la de la diputada de izquierda Natalia Morales, heridos, y vuelta a la ruta porque esta vez parece que hay decisión de decir «¡Basta!».
Si las protestas se iniciaron por reclamos salariales, con los docentes a la cabeza, todo recrudeció tras la ignominiosa aprobación de la reforma constitucional a las apuradas y entre gallos y media noche que introduce cambios sustanciales para la vida jujeña. Acaso el más grave: la prohibición de la protesta social, o la definitiva legalización de su criminalización. Milagro Sala lo avisó en su momento, pero los pueblos tienen sus tiempos y procesos. Todo llega. También el desgaste de un gobernador que sólo pudo llevar adelante su gestión con el control total del poder público, sobre todo de su corte provincial, y ahora perfiló una Ley de Leyes a la medida de las necesidades de sus socios en el negocio del Litio.
A 1555 kilómetros del paisaje de la bella Purmamarca, otro gobernante cambiemita decidía también este sábado recurrir a la fuerza pública para desalojar por la fuerza Casa Pringles, una vivienda habitada por mujeres y niños en situación de absoluta vulnerabilidad en el barrio porteño de Almagro. Si la escena del desalojo ya resultaba vergonzante en una ciudad en la que acaban de morir de frío en las calles tres personas, las seis detenciones derivadas de la resistencia a la medida no lo fueron menos: incluyeron al presidente de Nuevo Encuentro de la Ciudad de Buenos Aires y director de Gestión política y social de Acumar, Antolín Magallanes, y el dirigente de ese espacio político, Franco Fernández, quienes acompañaban a las familias. La santa defensa de la propiedad privada no entiende de investiduras, climas, contextos sociales, ni infancias. La mano durísima del capitalismo acá y allá como marca electoral y advertencia de lo que le espera al resto. Porque uno y otro -en el Norte, Morales, y en la gran Capital, Horacio Rodríguez Larreta- podrían conformar una de las fórmulas presidenciales de octubre y esa elección no es para “tibios”.
A una semana del cierre de listas en los distintos frentes electorales que irán a las PASO, surge entonces una pregunta: ¿Es posible sostener disputas por el armado de la estrategia y las candidaturas sin reparar en que la fuerza política que acaba de ratificar su continuidad en la provincia norteña con una generosa cantidad de votos hoy enfrenta un reclamo generalizado por la cabeza de su gobernante? «El poder es efímero», parece gritar Jujuy, o «líquido», como se dice en esta época. Tremenda lección para quienes creen que es posible acelerar sin consecuencias.
Porque como ya todos sabemos, nada es para siempre y tarde o temprano el límite lo pone la calle.
