Los vecinos de Tigre fueron claros. Ya no quieren más barrios privados en su municipio luego de las fatales inundaciones de 2014 que produjeron dos muertos e innumerables costos materiales en toda la zona del noroeste del Conurbano bonaerense. Apenas se enteraron de que un nuevo country llamado Remeros Beach comenzaría a construirse, se movilizaron y se presentaron a la Justicia. Su propietario, Jorge Brito, dueño del Banco Macro e histórico amigo de Sergio Massa, logró que la  Municipalidad de Tigre aprobara el emprendimiento en abril del año pasado, en pleno ascenso electoral del entonces prometedor candidato presidencial del Frente Renovador.
La protesta de los vecinos y ambientalistas llegó a la Justicia para pedir la detención de toda construcción nueva en zona de humedales, cuya función ecológica es drenar el agua. La causa cayó en manos de la viuda de Alberto Nisman, la jueza de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, quien se negó a frenar el emprendimiento a pesar de los estudios científicos que constan en el expediente y que le aconsejan lo contrario.
Brito había apostado a la amistad con Massa que nació los tiempos en que el ahora diputado administraba la ANSES. Por eso no esperó la Declaración de Impacto Ambiental y, en noviembre de 2014, lanzó el emprendimiento en Clarín Countries. También comenzó con los movimientos de suelo y la venta de casas, departamentos y terrenos del predio. 
El Banco Macro, auspiciante del Club Atlético Tigre, es quién está detrás de la firma Macro Fiducia S.A. que constituyó el fideicomiso MikyWay, dueña de la firma Juano SA a quien el propio intendente de Tigre, Julio Zamora, le otorgó por decreto la «factibilidad del uso del suelo» en abril de 2015, cuando Massa tenía chances de llegar a la Casa Rosada.
A su vez, Milagro Brito, hija del banquero, es la dueña de Vizora, la desarrolladora inmobiliaria, que ya vende por Internet las casas y departamentos del cuestionado emprendimiento que cuenta con 18 hectáreas y una laguna «con arenas blancas y agua cristalina» a la que algún asesor de marketing decidió llamar Crystal Lagoon. El country se extiende por 19 hectáreas y está ubicado entre el Camino de los Remeros, Canal Aliviador y Ruta 27.
Pero Remeros Beach no sólo cuenta con el aval del Poder Ejecutivo local, sino que el Concejo Deliberante aprobó en una rápida sesión en mayo de 2015 la factibilidad del suelo. El actual intendente Zamora descalificó las críticas al cuestionado emprendimiento, al asegurar que los vecinos tienen intenciones “politizadas” que son fogoneadas por el Frente para la Victoria local.
De hecho, el bloque del FPV, que encabeza Federico Ugo, junto con Peronismo para la Victoria Concejal, monobloque de Carmen Salcedo, son los únicos que se hicieron eco de los reclamos de los vecinos y de los ambientalistas. “El desarrollo y progreso que supuestamente traen estas torres y barrios es falso. No hay desarrollo si es para beneficiar a un solo privado y no a la comunidad. Es negocio para uno, que se privilegia por encima del bienestar de la comunidad. La celeridad y la desprolijidad con la que se autorizaron estos emprendimientos son vergonzosas. El intendente firma cosas que no debería firmar y otorga la factibilidad por decreto, algo que tiene que hacer la provincia y no la municipalidad”, aseguró Ugo a Tiempo.
El 18 de mayo pasado, vecinos y organizaciones sociales realizaron una caravana hasta el juzgado federal de San Isidro de Arroyo Salgado para pedir la paralización de los megaemprendimientos inmobiliarios.
Sin embargo, los vecinos tampoco tuvieron mucha suerte en la Justicia hasta el momento. En febrero de este año el fiscal federal Fernando Domínguez pidió la paralización de las obras. Sin embargo, Arroyo Salgado falló en contra, no frenó la construcción, y ordenó hacer un nuevo estudio ambiental sin tener en cuenta los cinco informes que ya figuran en el expediente judicial que desaconsejan de manera vehemente la construcción de nuevos barrios privados en zona de humedales.
Arroyo Salgado argumentó que el expediente no refleja que haya incumplimiento de deberes de funcionario público. A su vez, la resolución de la jueza deja en manos de los municipios la presentación de peritos o especialistas para que evalúen el impacto ambiental. En Tigre fue el municipio quien habilitó por decreto a Remeros Beach en tiempo récord.   Desde la fiscalía se reclama que Arroyo Salgado tenga una mirada integral de todo el fenómeno inmobiliario que produce daño ambiental y argumentan que las cuestiones penales y ambientales están relacionadas entre sí.
El fiscal Domínguez cuestionó que la jueza ponga la mirada en el proceso administrativo y no en las consecuencias trágicas que terminaron con la vida de Daniel Javier Quintana, un joven de 22 años que falleció electrocutado en San Fernando, y de Carlos Nahuel Reyes, un adolescente de 14 años que desapareció con la crecida del río Luján –en 2014– y fue encontrado muerto por buzos que participaban del operativo de búsqueda. En ese entonces, en total, fueron evacuadas 6300 personas en 23 partidos del Conurbano bonaerense.
Los vecinos recién pudieron fijar su posición durante la audiencia pública del martes 21 de junio. Sin embargo, se tuvieron que enfrentar a una multitud de trabajadores de la UOCRA que se hizo presente en el auditorio con el argumento de que los trabajadores de la construcción iban a perder su trabajo si se frenaba el country. Durante las cinco horas que duró la audiencia también hablaron ambientalistas, organizaciones de Derechos Humanos, y académicos. Y expusieron sus razones los funcionarios de la empresa. Sin embargo, la audiencia –que tendría que haberse hecho antes de que comenzaran las obras– no es vinculante.
Ahora todo quedó en manos del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible, cuya función es autorizar o no el informe ambiental. Su titular es Ricardo Pagola, que proviene de la administración de la Ceamse, y fue elegido para el cargo por la propia María Eugenia Vidal. «