Alberto Fernández relanzó su gobierno apoyado sobre tres pilares narrativos: ampliación de derechos civiles, «solidaridad» distributiva y justicia.
Las alusiones a la “tierra arrasada”, abundantes en tiempos de campaña pero escasas en el primer trimestre de gestión, tuvo formato de exposición didáctica. Para evitar que se tome como chicana -y en línea con la pretensión de ser un gobierno «post grieta»- el presidente sólo despelgó cifras para graficar el desastre que recibió. La enumeración asceta no influirá en los convencidos -los oficialistas conocen de sobra la historia; el macrismo cultiva la negación-, pero la contundencia de los datos puede impactar en el porcentaje de la población que los encuestadores llaman “independiente”, una oscilante fracción del electorado que prestó sus votos para que Fernández obtuviera el bastón de mando, aunque de modo condicional.
Buena parte del discurso se destinó a ese tercio “blando”, una tierra movediza que Fernández pretende solidificar como base de sustentación política para engrosar la correlación de fuerzas frente a los desafíos por venir.
Con la economía en terapia intensiva, Fernández se propone confrontar con sectores cuyos privilegios, de tan obscenos, garantizan la simpatía de la opinión pública. El estruendoso tratamiento legislativo de la ley que morigera los extraordinarios beneficios previsionales de jueces y fiscales sirvió como prueba piloto. Las encuestas que circulan en Casa Rosada ratifican que la enorme mayoría de los argentinos desaprueba el régimen especial de los magistrados, al tiempo que deplora el servicio de justicia en general. En los tres sondeos que le llegaron al presidente, el Poder Judicial encabeza el podio de instituciones con peor reputación.
La percepción popular -fundada- de que en los tribunales se hace cualquier cosa menos justicia es campo fértil para sembrar la discordia política con la corporación judicial. La reforma en evaluación es ambiciosa. El paquete de medidas en estudio incluye retoques en el Consejo de la Magistratura, un reperfilamiento de la competencia de la Corte Suprema y la dilución del fuero penal federal que opera desde Comodoro Py, entre otras modificaciones. A juzgar por lo que ocurrió con las jubilaciones, es de esperar que los magistrados emprendan la resistencia en alianza con el macrismo, brazo legislativo de las élites y el poder real.
En el gobierno asumen que la pulseada con la justicia tiene riesgos, pero la economía famélica obliga a hacer de las necesidad, virtud. Sin recursos para apurar un repunte rápido a través de la expansión del consumo, el presidente busca consolidar su narrativa de gestión impulsando medidas de alto impacto social, como la legalización del aborto, la reforma de la Justicia y la investigación de la deuda récord asumida por el macrismo.
Esa tarea quedará en manos de una comisión bicameral del Congreso. La profundidad de la pesquisa determinará si será un simulacro o un verdadero “Nunca Más” que termine para siempre con los ciclos de endeudamiento, saqueo y fuga que mantienen al país en el subsuelo de sus posibilidades. «
