En 2017 se sustanció en Córdoba un juicio por delitos de lesa humanidad que tenía en el banquillo a integrantes de “La Sagrada Familia Judicial”. El “juicio de los Magistrados” dejó algunas condenas y la absolución del ex secretario Carlos Otero Álvarez, a manos de los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 Julián Falcucci (presidente), José Camilo Quiroga Uriburu y Jorge Sebastián Gallino La Fiscalía y las querellas particulares casaron la sentencia, y la Cámara ordenó un nuevo juicio. Es que parte de ese fallo fue un escándalo: en el caso de Otero Álvarez, “el tribunal omitió valoración acabada de la prueba, recortó la misma, hizo un examen superficial, faltó fundamentación y se apartó del paradigma de Derechos Humanos y de la naturaleza jurídica del derecho penal internacional” lapidó la abogada querellante Adriana Gentile, que con su colega Patricia Chalup representa a tres familias víctimas del terrorismo estatal.
El expediente gira alrededor de los fusilamientos en la Unidad Penitenciarias 1 de la ciudad de Córdoba, que costó la vida a 31 militantes populares. Otero Álvarez era funcionario judicial: «Para nosotros como querellantes él es responsable de omitir denunciar delitos de lesa humanidad. Cuando era secretario de un juzgado se enteró de las detenciones, ilegales, torturas y homicidios dentro de la Unidad penitenciaria y no hizo nada” completó Gentile.
“Lo importante no han sido las piedras en el camino, sino cómo pudimos esquivarlas”
“Por fin después de tantos años llegamos a este juicio, pensamos que vamos a completar la justicia después de tantísimos años de impunidad” señaló a Tiempo Argentino el querellante Luis Miguel Baronetto, esposo de Marta Juana González, asesinada en aquella noche oscura del terrorismo estatal. El expediente nació en 2008 a raíz de una denuncia suya; en esa época “El Vitín” -así se lo conoce- era director de Derechos Humanos de la Municipalidad de Córdoba. Actual director del Centro Tiempo Latinoamericano, seguidor del obispo Enrique Angelelli y referente de los Derechos Humanos en Córdoba, Baronetto lleva una vida reivindicando la vida y la lucha de Marta Juana González, una educadora y militante popular que dejó huella. En las vísperas del juicio, se esperanzó en que “esta segunda instancia de juicio sea la definitiva” y recordó que “el juicio de 2017 estuvo bastante invisibilizado”. “Los familiares directos tuvimos un rol importante en romper la cadena de impunidad protegida por la Sagrada Familia de la justicia cordobesa, que apañó el colaboracionismo del ex secretario judicial” consideró, sin olvidar que “hubo magistrados que después de desglosar la causa se apartaron por amistad o vínculos sociales, e incluso declaraciones públicas de apoyo por parte de magistrados que integraban el propio tribunal”. “En 2017 debimos soportar que los imputados se sintieran en su propia casa, como en los viejos tiempos”, recordó el referente también de la Comisión de Homenaje UP1, de familiares y amigos/as de presos políticos asesinados en la cárcel.
Cerrar el círculo de justicia
El que comenzará este jueves 14 desde las 9.30 es el 15° juicio por delitos de lesa humanidad en Córdoba. Otero Álvarez, único acusado será defendido por dos pesos pesados, los abogados Julio Deheza y Marcelo Brito. Deheza es el defensor particular que este año, al alegar en el pasado juicio por la apropiación de la nieta 107, cargó las tintas sobre la madre de la entonces niña, por las condiciones materiales de una vida que no esquivó el trabajo sexual. En esta ocasión defiende a un colega acusado de los delitos de “Abuso de autoridad” e “Incumplimiento de los deberes de funcionario judicial”.
Corridos del tribunal los jueces que absolvieron injustamente al ex magistrado, el nuevo proceso contra Otero Álvarez será presidido por Facundo Zapiola (Córdoba), a quien secundarán Mario Martínez (La Rioja) y José Escobar (Santa Fe). Gentile destaca que “éste es un juicio de reenvío de la Cámara de Casación Penal, que nos dio la razón”; “Vitín”, que desde el inicio recusó a Falcucci y apuntó que el juez Uriburu había sido asesor del gobierno riojano durante la dictadura, insiste en que “vamos a completar la justicia después de tantísimos años de impunidad”.
Al ex secretario penal Carlos Otero Álvarez se lo acusa del delito de abuso de autoridad reiterado en sesenta y dos ocasiones, con omisión de dar cuenta a la autoridad competente de una detención ilegal, reiterado en cuarenta ocasiones. A las y los militantes masacrados estando detenidos en la UP1 a disposición del Poder Judicial, del III Cuerpo del Ejército o bien del PEN, se les aplicó la mal llamada “ley de fugas”, consistente en la aniquilación mediante un simulado intento de fuga y enfrentamiento con efectivos policiales y/o militares. La intervención de Otero Álvarez en las actuaciones que devinieron de aquellos fusilamientos está acreditada de la manera más palmaria: con su firma.
Las audiencias se desarrollarán en la estrecha sala de audiencias del Tribunal Oral 2, sin capacidad para público en el recinto, y no serán difundidas en vivo ni permitida la transmisión al medio La Retaguardia, que se especializa en el tema. Es esta, al decir de Baronetto, “la causa maldita”. Tras el vergonzoso fallo de 2017, esta vez puede que sea justicia.
