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Tendría que haber sido este martes por la tarde, según la invitación, pero Lombardi no se presentará ante las comisiones de Libertad de Expresión y de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados, que preside el justicialista Sergio Ziliotto.
No solo eso, sino que Lombardi rechaza dialogar con los trabajadores y apela a la justicia federal para intentar frenar al reclamo masivo.
Sin contactos oficiales desde que el martes 26 de junio empezaron a llover telegramas de despido, el Directorio de Télam a cargo de Rodolfo Pousá, Ricardo Carpena y Pablo Ciarliero presentó ayer una denuncia penal en la comisaría 2° de la ciudad de Buenos Aires por la presunta usurpación de los edificios de la agencia.
El funcionario había sido citado para dar explicaciones por el ajuste en los medios públicos y, puntualmente, en la agencia de noticias Télam, donde la semana pasada fueron despedidos 357 trabajadores. En una nota enviada al presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, y al secretario parlamentario, Eugenio Inchausti, se confirmó hoy mismo que el funcionario no asistirá a partir de las 18.30.
Los trabajadores y trabajadoras enviaron el siguiente comunicado:
Sin argumentos para defender públicamente el despido del 40% de la planta laboral de Télam y acorralado por la visibilidad que tomó el conflicto, que se expresó en el rechazo unánime del mundo periodístico al recorte oficial, Lombardi rechaza sentarse a dialogar con los trabajadores que continuamos cumpliendo nuestro horario de trabajo y permanecemos en los edificios de la agencia pública después de que los funcionarios a cargo abandonaron las instalaciones una semana atrás.
Desde el martes pasado, momento en el que se iniciaron las medidas de fuerza que se cumplen de manera contundente en todos los sectores del organismo, ningún funcionario jerárquico de Télam volvió presentarse a trabajar o a emitir directivas. Paradójicamente, las únicas declaraciones de Puosá y Lombardi conocidas desde el inicio del conflicto se brindaron a medios privados. Una muestra de consecuencia.
Durante la tarde hoy, el ministro a cargo de los medios públicos debería haberse presentado ante las Comisiones parlamentarias de Legislación Laboral y Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados de la Nación para explicar sus erráticas justificaciones de los despidos y los inadmisibles argumentos expresados por Pousá que justificó las desvinculaciones de centenares de trabajadores por cuestiones ideológicas.