La propia ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, desde su cuenta de Twitter, el domingo por la noche, había advertido que el juez Claudio Bonadio pretendería allanar su casa mientras ella estuviera el lunes en la Ciudad de Buenos Aires. De ese modo cerraba el rumor que circulaba en las últimas horas respecto de que sería inminente la orden del magistrado que lleva la causa Los Sauces SA, para allanar las propiedades pertenecientes a la familia Kirchner en las localidad de Río Gallegos.
Pero lo que sucedió, finalmente, fue que al tiempo en que la ex presidenta se hallaba en la sede de los tribunales federales en Comodoro Py, prestando declaración ante el juez federal Julián Ercolini, por la causa por la adjudicación de la obra pública al empresario Lázaro Báez, en aquella localidad del sur de la Argentina, y también en El Calafate y El Chaltén, se apuraban las primeras diligencias tendientes a efectuar las tasaciones en las propiedades que tiene la firma.
Los procedimientos fueron llevados adelante por dos arquitectas designadas por el juzgado actuante en Buenos Aires, y contaron con la colaboración de numeroso personal de gendarmería. Si bien se esperaba que uno de los primeros inmuebles a los que fueran se tratara de la casa ubicada en la calle Mascarello 441, el hogar de la ex presidenta en Río Gallegos, hasta entrada la tarde, no lo habían hecho. Pero sí hubo actuaciones en dos complejos de departamentos ubicados en Mariano Moreno 882 y Alvear 391, en Río Gallegos. No menos de media docena de gendarmes en cada uno de esos lugares posibilitaron la acción en comendada por Bonadío. También se preveían gestiones en El Calafate y en el hotel La Aldea de El Chaltén.
