El gobierno de María Eugenia Vidal comenzará a trabajar en agosto en el revalúo de las tierras urbanas y de las mejoras introducidas en el campo, una medida que ya anticipa que subirá el impuesto inmobiliario en 2017.
La gobernadora ordenó la revaluación a través del decreto 790, publicado en el Boletín Oficial, que establece la ejecución del recálculo de valores de la tierra urbana y suburbana libre de mejoras y sus edificios, las mejoras rurales y las plantaciones.
Traducido: se actualizará el valor fiscal de la tierra de las propiedades urbanas de acuerdo a los parámetros de mercado y las mejoras que haya podido tener en los últimos diez años, que fue cuando el Estado realizó el último revalúo fiscal. La medida alcanzará a las 6,9 millones de partidas inmobiliarias urbanas y baldías y también a los 900 countries, clubes de campo y barrios cerrados registrados en ARBA.
En el caso de las propiedades rurales, como el último revalúo de la tierra se hizo en 2012 -en medio de una gran pelea del gobierno con las entidades del campo- lo que se revisará es el valor fiscal de las mejoras introducidas en los campos como, por ejemplo, silos y galpones. La medida afectará a 300 mil partidas rurales.
El recálculo estará a cargo de una comisión asesora que se conformará en cada uno de los 135 distritos y que estará integrada por representantes del municipio, del Concejo Deliberante local y de ARBA. Tendrán un mes para llevar adelante el trabajo.
Los nuevos valores de la tierra impactarán en el cálculo del impuesto inmobiliario del 2017, cuando comience a regir la ley impositiva que determina cada año el valor de todos los impuestos provinciales.
Desde ARBA señalaron a Tiempo que todavía no es posible saber de cuánto será la suba y que para algunas partidas no necesariamente implicará un aumento. Argumentan que el valor fiscal de tierra es uno de los componentes del impuesto; además se tienen en cuenta la base imponible (el porcentaje del valor fiscal que se toma para cobrar el impuesto) y la alícuota, que es fijada cada año por la ley fiscal. Estos dos últimos componentes son las herramientas que tiene el gobierno para atenuar el impacto que los nuevos valores fiscales -que por la inflación se prevé serán mucho más altos que los actuales- tendrán en la boleta del impuesto; habrá que ver cómo las usa.