La justicia jujeña volvió a la carga contra Milagro Sala y mientras el Tribunal Criminal N°2 postergó, sin nueva fecha, el inicio del juicio en su contra que estaba programado para este miércoles, el juez de instrucción Pablo Pullén Llermanos restringió aún más la visitas a la diputada del Parlasur. El debate, conocido como “la causa de las bombachas” y que tiene a la diputada del Parlasur como única acusada por supuestas amenazas a una oficial de policía, se suspendió luego que los jueces aceptaran el planteo del equipo de abogados defensores de la líder de la Tupac Amaru, que cuestionó la producción de la prueba en ese expediente y pidió el apartamiento del presidente del tribunal. Por otro lado, el magistrado que la encarceló en su casa de El Carmen redujo la visita sin restricciones a su núcleo familiar íntimo, compuesto por los hijos y su marido.

La suspensión del debate fue decidida por el juez Luis Ernesto Kamada, luego de que los abogados Luis Hernán Paz, Paula Álvarez Carrera y Elizabeth Gómez Alcorta recusaran al juez Antonio Llermanos, presidente del tribunal. El pedido de apartamiento fue solicitado por la mañana. La definición estará en manos de Kamada, Mario Ramón Puig y Alejandra Tolaba.

El juez Llermanos fue el magistrado que condenó a Romina Tejerina en 2005, por quien se realizaron en Jujuy diversas movilizaciones de organizaciones sociales y políticas, por lo que los defensores de la dirigente social entendieron que no garantizaba su imparcialidad. Las manifestaciones incluyeron, incluso, una manifestación frente a la casa del juez en junio de ese año, en la que exigieron libertad para la joven y repudiaron al poder judicial por favorecer a los violadores.  

Voceros del Poder Jucidial de Jujuy informaron que cuando se resuelva la recusación y quede integrado definitivamente el Tribunal enjuiciador, recién se podrá resolver el pedido de suspensión del juicio a prueba, presentado el viernes por la defensa de Sala.

En el juicio postergado Milagro Sala está acusada de amenazas por la comisario Ángela Silvina Cabrero, jefa en la seccional 56 de la capital jujeña, quien fue patrocinada por los abogados Gastón Morales -hijo del gobernador Gerardo Morales- y Luciano Rivas -actual funcionario del gobierno- en 2014, cuando presentó la denuncia en contra de la entonces diputada provincial. En febrero de 2016 los letrados fueron reemplazados por Eduardo Vergara, representante de Morales en la querella en la causa “de los huevos”, en la que la justicia federal la condenó a tres años de prisión en suspenso.

La “causa de las bombachas” se originó en octubre de 2014 cuando la hija de una integrante de la Tupac Amaru cercana a Milagro encontró en una feria ropa interior a la venta que había sido robada en la casa de su madre. La policía, dos horas después de haber sido llamada, llegó y detuvo a la vendedora y la joven. A los pocos minutos los oficiales liberaron a la acusada, pero dejaron demorada a Vargas.

Según denunció la comisario en la causa, Sala habría llamado a la Comisaría para amenazarla. Eso es lo que se va a debatir en estas audiencias que habían sido convocadas para esta semana.

Por otra parte, por la mañana de este martes el juez Pullen Llermanos ajustó aún más la prohibición de las visitas que puede recibir Milagro Sala en la casa de El Carmen, donde cumple prisión preventiva desde el jueves pasado, cuando fue trasladada desde la Cárcel de Mujeres de Alto Comedero, como consecuencia del reclamo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El juez libró oficios para que la Gendarmería Nacional a cargo de la custodia de Sala profundice los controles sobre las visitas que recibe la dirigente social a fin de garantizar que sólo lo hagan «familiares autorizados». El magistrado exigió a la fuerza de seguridad que le garantice que sólo dejaría ingresar a familiares cuyos “vínculos fueran visados y autorizados por este juzgado”, dijo a la prensa local.

Según aclaró Pullen Llermanos, sólo autorizó el ingreso del marido de Sala, Raúl Noro, y de sus hijos, de quienes “no se puede dudar de ese vínculo”. Y acaró que “ninguna otra persona” puede visitarla. 

Pullen Llermanos ratificó que sólo pueden ingresar al inmueble hasta cuatro personas a la vez, en el horario de 7 a 19, los martes, jueves y sábados, con un máximo de veinte personas por cada día de visita, aunque esta limitación no es aplicable a los familiares directos, que pueden ingresar en cualquier momento, siempre que estén autorizados por él.

La diputada del Parlasur fue trasladada a esa casa luego de que fuera convertida en una prisión por orden de Pullen Llermanos: está custodiada por 16 cámaras, un puesto de Gendarmería y un perímetro de Policía Provincial, está rodeada por alambre de púa y la referente esta monitoreada las 24 horas con una tobillera electrónica.

La decisión se produjo luego de una cautelar de la CIDH, que reclamó al Estado argentino que “adopte las medidas necesarias para garantizar la vida e integridad personal” de Sala, para lo que pidió su liberación, como ordenó el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU, o como mínimo tomar medidas alternativas a la detención preventiva como el arresto domiciliario o en libertad con fiscalización electrónica.

Pullen Llermanos en su resolución negó la domiciliaria y ordenó un “mero” cambio de lugar de detención con una serie de restricciones estrictas. Cuando la trasladó desde el Penal de Alto Comedero, el juez le dijo a Sala que la cambiaba “de una cárcel a otra cárcel”.