Esta semana, el Tribunal Oral Federal 6 de la Ciudad comenzará a juzgar a 17 exmiembros de la Policía Federal por el asesinato de 11 personas entre 1976 y 1977 en el juicio conocido como «Superintendencia de Seguridad Federal III». El debate abarca seis operativos represivos y muestra el funcionamiento de las patotas en territorio porteño con el protagonismo de la Superintendencia de Seguridad Federal (SSF) –también conocida como Coordinación Federal– en la persecución y ejecución de militantes políticos.

A diferencia de otras causas de lesa humanidad, muchas de las pruebas surgieron a partir de documentación de la propia dictadura, parte del rastro burocrático que dejó el terrorismo de Estado. El juzgado federal de Daniel Rafecas analizó cientos de expedientes de Consejos de Guerra del Primer Cuerpo del Ejército, que tenía el control operacional de la Ciudad de Buenos Aires y parte de la Provincia. En esos documentos de los Consejos de Guerra, que intentaban dar una apariencia de legalidad, figuran los nombres de quienes participaron así como los informes periciales sobre las víctimas, lo que permitió reconstruir lo que pasó verdaderamente e imputar a los expolicías.

Los operativos

El 19 de abril de 1977 fueron asesinados en un departamento de la calle Bacacay 2215 los militantes montoneros Mario Frías Pereira, Patricia Claria Pedernera y Liliana Griffin. A partir de los documentos, se pudo comprobar que fueron acribillados y una pericia de Gendarmería estableció que les plantaron un arma. «El resultado del enfrentamiento armado revela la enorme disparidad entre los agentes estatales y las víctimas: mientras que los fallecidos poseían gran cantidad de impactos de bala, el personal policial presente en el lugar resultó ileso», explicó Rafecas en la elevación a juicio. Por esos hechos están acusados Juan Carlos Carrera, Esteban Sanguinetti, Antonio Imbrogiano, Miguel Ángel Boiffier, Guillermo Dolz, Carlos Berón y Norberto Varcasia, todos integrantes de los departamentos Sumarios y Táctico de la Superintendencia.

Esa misma metodología se repitió en otros casos. En la madrugada del 18 de mayo de 1976, otra patota atacó el departamento de Yatay 707 y fueron asesinados Jorge Casoy, María Marta Imáz Garzón Maceda de Casoy y Bernardo Levenson, también militantes de Montoneros. Dos de ellos recibieron entre once y 17 disparos. Se pudo probar la participación de los integrantes del Departamento de Sumarios Rafael Romero, Daniel Amarilla, Juan Adolfo Ríos, Osvaldo González, Horacio Ortiz y Miguel Olarte.

Las actas permitieron identificar además la actuación de miembros de la brigada de la Zona 1 en el homicidio de Carlos Jeifetz y Nora Salvarezza de Jeif el 4 de enero de 1977 en su departamento del Hogar Obrero de Villa del Parque. Fueron imputados Alfredo Hugo Vidal, quien murió antes del debate, y Alberto Mattone, comisario Inspector y jefe de la Zona 1 de la Superintendencia.

Olarte también será juzgado por el secuestro y desaparición del militante montonero Mario Lerner. Si bien en el acta no figuraban los policías destinados al operativo realizado en marzo de 1977, el juzgado pudo identificarlo a partir de un hecho extraordinario: en su legajo figura que extravió su credencial mientras sostenía un tiroteo con un «delincuente subversivo» ese mismo día, en esa misma dirección.

Otro evento similar permitió imputar a Gerardo Arráez y a Germán Rimoldi, del Departamento Táctico, por la desaparición de Alberto Gorrini el 2 de junio de 1977. Los dos fueron mencionados por un tercer policía, Adolfo Ariza, ya fallecido, en un expediente disciplinario ya que se le escapó un tiro durante el procedimiento y resultó herido.

El último de los acusados es Eduardo Comesaña, del Cuerpo de Informaciones, por el homicidio de Oscar De Cicco y la desaparición de Marta Graciela Treptow el 14 de abril de 1977 en una YPF de la localidad de San Martín. Comesaña estaba en comisión en el Grupo de Tareas 1 del Batallón 601 y, una vez más, la burocracia sirvió para vincularlo con los hechos: en su legajo figura que fue felicitado por Alberto Valín, jefe del Batallón 601, y ascendido por su participación en ese operativo.

La Superintendencia

Desde los años ’60, la Superintendencia centralizó la persecución y represión a organizaciones sociales y políticas en la Ciudad de Buenos Aires. Durante el terrorismo de Estado, estos objetivos se reforzaron y se volcó de lleno en la llamada «lucha contra la subversión»: tenía a su cargo el Grupo de Tareas 2 y sus miembros también estaban en comisión en la ESMA. Su sede en Moreno 1417 funcionó también como centro clandestino de detención, tortura y exterminio.

Miembros de Coordinación Federal ya fueron juzgado en otros juicios, en particular el de la Masacre de Fátima (2008), por el asesinato de 30 militantes políticos que fueron sacados del CCD y fusilados en un descampado de Pilar; y el de 2019, en el que fueron condenados 6 represores, entre ellos Romero y Comesaña, por los crímenes contra 67 personas en el CCD, de las cuales 15 continúan desaparecidas. «