El año pasado la Legislatura porteña sancionó la Ley 5885 que autorizó a licitar y otorgar como concesión de servicio público la operación y el mantenimiento del servicio de subte y premetro. En febrero, Subterráneos de Buenos Aires (SBASE) aprobó las bases y condiciones del contrato. El pasado 14 de agosto se abrieron las ofertas de los interesados y se presentaron tres oferentes, para poner en marcha la adjudicación para los próximos 12 años o 15, en caso de prórroga.
Conocidas las actuaciones por la cuales se investigan posibles hechos de cartelización de la obra pública y de mecanismos pocos transparentes en el transporte que –en este caso–, alcanzan e involucran a algunas de las empresas licitantes, se crea una opción para declarar desierto este llamado a licitación internacional. Y si, además, tenemos en cuenta la posibilidad cierta de que el gobierno nacional adquiera un préstamo waiver ante el Fondo Monetario Internacional; poner en manos extranjeras la administración del subte sería un gran riesgo para garantizar el bien público y el funcionamiento del servicio que es de todos los porteños.
Esta coyuntura, abre una verdadera oportunidad para que la administración del Subterráneo y su control sea integralmente gestionado por el Estado de la Ciudad, y dejar de lado los subsidios millonarios a estas empresas, que no hacen más que demostrar gestiones deficientes.
Además, el Ejecutivo de la Ciudad debe reconsiderar el aumento del servicio del subte. Con una suba de un peso por mes, a partir de noviembre llevará la tarifa a $16,50 lo que implica un incremento –con respecto a la actual–, de un 330 por ciento. Un 1360% en total, si contamos las modificaciones en el precio del boleto desde 2012, cuando el Ejecutivo nacional le transfirió las competencias a la Ciudad. «
