El juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, amplió el procesamiento contra el fiscal Carlos Stornelli por el delito de “tentativa de extorsión” contra un ex secretario de Cristina Fernández de Kirchner, ordenó que se le secuestre su pasaporte y le trabó una “caución real” de diez millones de pesos. El juez también amplió el procesamiento contra el periodista Daniel Santoro, ahora como “miembro” de una “asociación ilícita paraestatal dedicada al espionaje ilegal”.
La resolución proyecta sus alcances a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el gobierno de Cambiemos: “se ocupó de dar cobertura en las diversas ocasiones en las que la actuación de la organización se vio comprometida o en emergencia por algún requerimiento o investigación judicial”.
El nuevo delito que se le reprocha al fiscal Stornelli tuvo como supuesta víctima a Pablo Erasmo Barreiro, cuyo padre fue identificado como “el jardinero de los Kirchner” y a quien – según la resolución, de casi 1.200 páginas – presionó para que se “arrepintiera” y complicara judicialmente a la ex presidenta, actual vicepresidenta.
La acción – añade el texto – fue cometida “en el marco de una asociación ilícita paraestatal dedicada al espionaje ilegal y contraria la ley de Inteligencia, que prohíbe la formación de redes y grupos de personas físicas o jurídicas que planifiquen y/o ejecuten funciones y actividades de inteligencia”. El reproche penal incluye la figura de “espionaje político, ideológico e influir a través de dichas actividades en la vida personal, en la situación institucional, política y económica del país, como así también en la opinión pública a través de los medios de comunicación”.
La ampliación de procesamiento de Stornelli acompaña también a las del suspendido fiscal de Mercedes Juan Ignacio Bidone, el falso abogado Marcelo D’Alessio y otros involucrados en la causa por asociación ilícita, extorsión e inteligencia ilegal. Y suma a Pablo Pinamonti, el ex espía encargado del denominado “Proyecto AMBA”, el desembarco de la AFI en la provincia de Buenos Aires durante la gobernación de María Eugenia Vidal que, so pretexto del combate al narcotráfico y al crimen organizado, terminó montando una estructura de espionaje sobre dirigentes y movimientos sociales, comedores populares, sacerdotes y dirigentes políticos.
“La organización llevó adelante encuentros y conversaciones con jueces, fiscales, diputados, periodistas, ministros a los que se les puso a su disposición el resultado de diversas operaciones ilegales que llevaba adelante. La diseminación en la prensa –mediante periodistas y empresarios– de la información obtenida ilegalmente fue una acción constante e indispensable para el éxito de las maniobras”, embistió el juez.
“A partir del momento en que se logró desbaratar esta organización, algunos de sus miembros recurrieron a la actuación ilegal de los servicios de inteligencia y a las mismas lógicas que se describen en esta resolución. (…) El objeto de esta investigación excede la intervención de uno o dos fiscales, un periodista, un falso abogado o dos directivos y un ex agente de la AFI. En concreto, aquí se encuentra involucrada la actividad de una organización paraestatal con fuertes vínculos con los tres poderes del Estado e incidencia en las instituciones democráticas mediante mecanismos de espionaje ilegal y pseudo mafiosos”, proclamó el juez.
“Por ello es que, además de la atribución de responsabilidades penales –que, por supuesto, debe ser realizada lo más prontamente posible–, esta investigación, al igual que otras que han avanzado y se han conocido en los últimos tiempos, debería también contribuir a modificar un paradigma de actuación respecto de la relación entre las actividades ilegales de inteligencia y las instituciones de la República, para evitar que hechos como los aquí probados, que afectan bienes jurídicos preciados para el Estado de Derecho vuelvan a ocurrir”, añadió.
Pródiga en documentación, la extensísima resolución repasa y avanza sobre nuevos elementos de prueba recolectados (algunos de los cuales, incluso, muestra) en el marco de la investigación que lleva ya más de un año y medio de trámite. “Se pudo comprobar y desandar el funcionamiento de una asociación ilícita paraestatal que, a través de variadas y complejas acciones vinculadas al espionaje y la inteligencia ilegal, llevó adelante todo tipo de planes y operaciones sobre políticos, empresarios, periodistas, el Poder Judicial y la opinión pública en general”.
El documento dedica un capítulo entero a la supuesta operación para identificar al ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández como “la Morsa”, un personaje clave en el tráfico de efedrina y el triple crimen de General Rodríguez. “La organización llevó adelante acciones para involucrar al ex jefe de Gabinete de Ministros, Aníbal Fernández, en el denominado Triple Crimen de General Rodríguez y que para ello presentó informes de inteligencia que lo señalaban como autor intelectual de dicho crimen y que fueron incorporados precisamente al expediente judicial de Mercedes donde se investigaban esos homicidios”.
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No sólo eso. También describe la resolución, en otro capítulo, que “se confeccionaron planes e informes en los que se diseñaron complejas maniobras de inteligencia que buscaban recomponer una investigación que llevaba adelante el ex juez Bonadío y el fiscal Carlos Stornelli y que se había visto afectada por la actuación ilegal de un perito”. Se refiere a la investigación por la importación de gas natural licuado (GNL). Documentos hallados en la computadora de D’Alessio, titulados “Informe Dr. Bonadio” e “Informe Dr. Stornelli”, – según Ramos Padilla – “sumaban nuevas hipótesis sobre hechos de corrupción e incluían ‘listas negras’ que indicaban quiénes, según la organización, eran los responsables”.
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“Estos documentos fueron distribuidos a la prensa y también a personas con influencia en las más altas esferas del Poder Ejecutivo Nacional”.
La descripción de “operaciones” es larga. En el capítulo dedicado a la organización de narcotraficantes conocida como “Los Monos”, el texto subraya que “la infiltración y el espionaje fueron también las técnicas utilizadas en relación con el narcotráfico en Rosario. Se llevaron adelante cámaras ocultas y maniobras de espionaje e inteligencia ilegal sobre la organización o personas vinculadas a la banda que además de formar parte de los informes especialmente confeccionados para la Agencia Federal de Inteligencia, fueron reportadas a la Ministra de Seguridad de la Nación. La infiltración abarcó en este caso incluso a quienes integraban una presunta red de lavado del dinero obtenido por las actividades ilegales de la organización rosarina”.
El juez consideró completa la instrucción sobre varios de los imputados, para quienes propuso que rápidamente la causa pase a la etapa de juicio. Ese paso sólo se cumplirá cuando los procesamientos queden definitivamente firmes y comprende a los imputados D ́Alessio, Rolando Hugo Barreiro, Stornelli, Bidone, Santoro, Pinamonti, Ricardo Oscar Bogoliuk, Norberto Anibal Degastaldi, Carlos Alberto Liñani, Eduardo Ariel Menchi y Mariano Díaz Strunz.
