El anuncio compartido entre el gobierno de Martín Llaryora y la empresa de Elon Musk contempla cubrir con internet satelital al 65% del total de las escuelas rurales que existen en la provincia de Córdoba. De ese modo, el servicio podría beneficiar a cerca de 40.000 niñas, niños y adolescentes.

Fuentes del área de telecomunicaciones del gobierno cordobés justificaron la decisión como un intento por revertir “la falta de inversión de los anteriores gobiernos de la provincia” y “el desguace de las políticas del kirchnerismo en el área, tanto en el Enacom como en Arsat”.

Ante la falta de inversión previa para generar redes de soberanía tecnológica (como sucedió en su momento en La Rioja o San Luis), el acuerdo con Starlink refleja un pragmatismo que deja de lado lo que representa la empresa en términos simbólicos a nivel global. La contratación se está desarrollando en paralelo con la extensión de la red de fibra óptica, según explican desde el gobierno provincial. Ese proceso durará por los menos dos años, por lo que, por el momento, Starlink surge como la mejor opción. 

La noticia provocó distintas miradas entre educadores populares y organizaciones sociales que día a día luchan por otro mundo posible.

Más allá del modelo hegemónico empresarial (cada vez más concentrado) y del papel simbólico y geopolítico que representa el dueño de Stralink, Elon Musk,  diversos referentes tecnológicos y comunitarios se pronunciaron a favor del acuerdo.

Diego Rossi, profesor de Políticas de Comunicación de la UBA y miembro de la Coalición para una Comunicación Democrática, explica la complejidad de la situación: “La mirada del gobierno cordobés es razonable, en la medida que tiende a resolver algo que podría haber resuelto el Enacom en su momento. Pero eran costos muy altos y esto de alguna manera hace sentido con una mirada de auditoría que el actual gobierno de Milei posó sobre algunas contrataciones de conectividad satelital del Ministerio de Educación y del propio Enacom”.

Musk es el paladín tecnológico de las nuevas derechas, suena como próximo funcionario de la Casa Blanca, en la próxima administración Trump, pero su empresa satelital tendrá una presencia que podría haber disputado el Estado.

Entre la geopolítica y la realidad

“Evidentemente hay cosas con las que Starlink no tiene competencia, como es el caso de los satélites de órbita baja. Me encantaría que hubiera más elementos que nos diera nuestro Estado nacional, ya que la constelación de Starlink, desde que se lanzó, la vimos como una amenaza a la soberanía tecnológica. Pero no podemos hacer mucho”, se lamenta Rossi. Y justifica: “El plan satelital de Arsat se demoró durante el gobierno de Macri, con Alberto se ralentizó y Milei lo va a planchar. Con lo cual, aun cuando se corrija esta política, eso demorará algunos años. Podríamos seguir dejando escuelas desconectadas o pagar abonos caros con otras empresas, también transnacionales. Fácticamente resulta comprensible que una parte de achicar la brecha en Argentina hoy sea este tipo de contrataciones”.

Los planes de Starlink cuestan en Argentina lo mismo que en Brasil, y la mitad o un tercio del precio que se paga en Estados Unidos. Esto puede deberse a decisiones ideológicas o geopolíticas (por la expectativa de acceso al litio en Argentina por parte de Elon Musk). También, a una técnica de dumping (reducir los precios para dominar el mercado). Lo cierto es que, además del margen económico que tiene la empresa por su desarrollo tecnológico, tampoco existen demasiados competidores, y el país no cuenta con una Comisión de Defensa de la Competencia que funcione como tal. Como el Estado no puede regular este servicio, la situación se parece a la de otros servicios públicos: un monopolio “natural”.

“Las escuelas rurales de Córdoba históricamente tienen servicios que no funcionan. Nosotros lo que estamos tratando de ver es cómo aprovechar el hecho de tener una conectividad razonable para facilitar redes comunitarias que hagan accesible el servicio para todes. De hecho, ya lo venimos desarrollando con la señal de Starlink en José de la Quintana”, aclara Nicolás Echaniz, socio de Alter Mundi, una cooperativa tecnológica que viene implementando proyectos de conectividad y libre router junto a organizaciones de pequeños y medianos productores rurales como la Unión de Trabajadoras Rurales (UTR).

La lejana ruralidad

“Desde la Comuna venimos desarrollando el trabajo en una escuelita dentro de una reserva hídrica natural, donde los chicos están rodeados de la naturaleza, aprendiendo de todo lo que es el entorno, pero también atravesados por este mundo en el que vivimos, donde las tecnologías también son parte del cotidiano y son necesarias. Así que veníamos pidiendo esa conexión”, cuenta Natalia Di Pace, jefa comunal de Villa Cerro Azul y parte del Movimiento Verde Cordobés (MVC). “Es parte de estas contradicciones y tensiones en las que vivimos. El desafío está en cómo poder utilizar las tecnologías y lo que se llama a veces progreso. Nuestro proyecto político está orientado a ese equilibrio entre preservar la comunidad y la naturaleza, pero también siendo conscientes del mundo en el que vivimos, donde no tenerlo también nos aleja y nos imposibilita entramarnos para hacer un mundo mejor”, aclara.

“Al fútbol podemos jugar con pelotas de trapo, pero programar y subir data con una mala conectividad se vuelve complejo”, relata Anselmo Cunill, músico, sociólogo e investigador de Traslasierra que viene desarrollando cursos de formación en tecnología en escuelas rurales y es parte del equipo de Futurx, un centro de investigación y desarrollo que hace poco publicó el libro IA + Música.

“¿Por qué Starlink y no Arsat?”, se pregunta Cunill. “Ahí hay una complejidad geoestratégica. Yo soy usuario de Starlink, no porque me caiga bien Elon Musk, sino porque donde vivo, por los requerimientos que tengo de conectividad, era la única opción. Otra cosa son los proyectos globales de transición energética y qué color político van tomando, sabiendo el tipo de sociedad y de planeta que están imaginando. Son proyectos de una concentración económica muy fuerte, de una desigualdad muy fuerte. Son proyectos que dañan o perjudican o van en contra de las soberanías, sean territoriales, alimentarias o tecnológicas. Entonces, es bravo”, concluye el investigador.