El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi ordenó nuevos allanamientos a las sedes de las empresas IECSA, Odebrecht y Ghella, en el marco de la causa que investiga el escándalo del «Lava Jato» brasileño, y si la constructora brasileña pagó coimas para que se le asignaran las millonarias obras de soterramiento del tren Sarmiento. La causa, de todos modos, está bajo el secreto de sumario.
IECSA es la firma que hasta hace poco perteneciera a Angelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri. La orden fue librada en el contexto del expediente en el que interviene el fiscal Franco Picardi y en el que se investiga una obra pública de 3.000 millones de dólares. Se informó en el juzgado que los procedimientos realizados este mediodía fueron para «complementar» otros realizados la semana pasada.
El operativo tuvo lugar en las oficinas de la compañía, ubicadas en la avenida Leandro N. Alem al 800, a fin de recolectar registros de la obra. También fueron allanadas la firma Detall y la consultora Caesa, del ex funcionario Manuel Vázquez. Los allanamientos realizados hoy forman parte de una lista de medidas de prueba solicitadas por el fiscal Picardi vinculadas con empresas como Iecsa.
El fiscal pidió al magistrado que ordene entrecruzamientos de llamados entre el detenido ex secretario de Transporte Ricardo Jaime, su ex asesor Manuel Vázquez, y autoridades y directivos de «Constructora Norberto Odebrecht SA, incluido Fernando Migliaccio Da Silva, Ghella Societa Per Azioni, Iecsa SA y Comsa SA, con sede o filial en el país». El ejecutivo de Odebrecht, Da Silva intercambió correos electrónicos con un directivo de la empresa en Argentina, Couri Ribeiro, alusivos a una transferencia millonaria vinculada a la Argentina de la que también se escribía con Manuel Vázquez, ex asesor de Jaime y actualmente bajo arresto domiciliario en otra causa por corrupción. Picardi pidió también que se realice un estudio técnico del expediente de la licitación del soterramiento en las que participaron esas empresas de manera directa o indirecta por parte de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA).
Al mismo tiempo, el fiscal federal Federico Delgado exhortó a que la Anses genere un informe en un «plazo breve y perentorio», respecto del «respaldo legal» que habría tenido ese organismo con la empresa AYSA por $ 890.000 millones. Tiene que ver con la causa que investiga el supuesto pago de sobornos para la construcción de dos plantas potabilizadoras en el Paraná de las Palmas, que fuera adjudicada a Odebrecht.
