El fiscal federal Franco Picardi amplió este lunes la investigación por supuesto pago de sobornos en el soterramiento del tren Sarmiento al pedir 17 medidas de prueba relativas a ex funcionarios del Ministerio de Planificación de la Nación, directivos locales de Odebrecht y de la empresa Iecsa, que hasta hace un mes pertenecía a Ángelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri.
En un dictamen presentado al juez de la causa, Marcelo Martínez De Giorgi, Picardi advirtió que entre 2005 y 2014, período investigado, hubo un «habitual, complejo e ilícito modus operandi de empresas de origen extranjero y socios locales» para el pago y cobro de sobornos con la obra pública, según el escrito al que accedió Télam.
El fiscal pidió al magistrado que ordene entrecruzamientos de llamados entre el detenido ex secretario de Transporte Ricardo Jaime, su ex asesor Manuel Vázquez, y autoridades y directivos de «Constructora Norberto Odebrecht SA, incluido Fernando Migliaccio Da Silva, Ghella Societa Per Azioni, Iecsa SA y Comsa SA, con sede o filial en el país».
El ejecutivo de Odebrecht Da Silva intercambió correos electrónicos con un directivo de la empresa en Argentina, Couri Ribeiro, alusivos a una transferencia millonaria vinculada a la Argentina de la que también se escribía con Manuel Vázquez, ex asesor de Jaime y actualmente bajo arresto domiciliario en otra causa por corrupción.
Picardi pidió también que se realice un estudio técnico del expediente de la licitación del soterramiento en las que participaron esas empresas de manera directa o indirecta por parte de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA).
«La gigantesca red de lavado de activos de origen delictivo y corrupción» del Lava Jato en Brasil «trascendió las fronteras locales y proyectó sus efectos a través del pago de sobornos en otros países con miras a la obtención de importantes obras públicas, como es el caso argentino», dio por probado Picardi.
También, se incluyó en la investigación al lobbista Jorge «Corcho» Rodriguez, ex pareja de Susana Giménez, y requirió que se establezca si hubo visitas suyas al Ministerio de Planificación Federal que conducía Julio De Vido en el período investigado.
Picardi pidió que se informe «si Jorge Rodríguez, Javier Sánchez Caballero, así como los representantes y sujetos vinculados con las empresas integrantes del consorcio ganador (Iecsa, Odebrecht, Comsa Empresa Constructora, Ghella SPA)» están informados en el registro de ingresos de alguna área de Planificación entre 2005 y 2014.
También, si hubo audiencias concedidas a los ganadores de esa licitación para el soterramiento del Sarmiento con funcionarios de Planificación y otras áreas, como Ministerio del Interior y Economía.
A la Jefatura de Gabinete de la Nación se le pidió un detalle de pagos hechos en esos años para la obra de soterramiento.
En tanto, a la Dirección Nacional de Migraciones se le requirió un informe de salidas y entradas del país de Jaime, Vázquez, José López, Jorge Rodríguez, Javier Sánchez Caballero, Fernando Migliaccio Da Silva y los demás directivos y autoridades de la empresas investigadas, entre ellas Iecsa, en ese momento perteneciente al primo del presidente Mauricio Macri, Ángelo Calcaterra.
Además, requirió informes patrimoniales amplios sobre Jaime y Vázquez y sus familiares directos y que se pida a Investigaciones Patrimoniales de la Policía Federal un «análisis del entramado societario de las empresas que compitieron en la licitación» del soterramiento.
Picardi pidió a la AFIP listados de directivos y empleados en relación de dependencia del consorcio ganador y sus salarios.
También, incorporó en la investigación al detenido ex secretario de Obras Públicas, José López, sorprendido cuando intentaba esconder unos 9 millones de dólares en un monasterio de General Rodríguez en junio del año pasado.
En el extenso dictamen, se reclamaron además, informes de cuentas bancarias, transferencias y sus montos, giros o transferencias del exterior.
En particular, el fiscal apuntó a operaciones que hubieran estado ordenadas o tuvieran como beneficiarios a las firmas «Klienfeld Service LTDA, Constructora Internacional del SUR SA, Innovation Engineering and Research y Pribont Corporation», a través de las cuales se sospecha pudieron blanquearse sobornos.
Por otro lado, en su extenso dictamen, Picardi hizo un repaso del origen de lo que se llamó la operación «Lava Jato» en Brasil en el 2009 y lo vinculó a la denuncia penal presentada al respecto por el soterramiento del Sarmiento por la legisladora Graciela Ocaña ante Martínez De Giorgi un año atrás.
