Los trabajadores de Cresta Roja no dan crédito a la feroz represión del miércoles en la planta Tristán Suarez, Ezeiza, cuando 1300 gendarmes se lanzaron contra los 500 manifestantes que estaban apostados pacíficamente en la puerta de la planta reclamando el pago de salarios adeudados y el resguardo de la fuente laboral, ahora en manos de la firma Granja Tres Arroyos. La represión dejó como saldo gran cantidad de heridos y dos detenidos que fueron puestos en libertad ese mismo día a las 17 hs.

La nueva firma que toma el control, luego de la retirada de Proteinsa, plantea el despido de más trabajadores bajo la excusa de la reestructuración. Tiempo Argentino dialogó con uno de los delegados quien relató que “el operativo montado tuvo proporciones descomunales, mucho más grande que en 2015, los mismos vecinos estaban asustados. Fueron más de dos horas de represión, y luchamos porque estábamos encerrados. Al final no podíamos más, cuando pudimos nos corrimos y ahí paró.”

El delegado que aún muestra rastros de la tensión del día de ayer en su voz relata lamenta que “es muy triste lo que pasó, tantos compañeros heridos, tantos lastimados”. Y reclama la necesidad de que se entable un diálogo con las autoridades políticas: “Necesitamos hablar con Vidal o con alguien que nos atienda para que no se llegue a este punto en que lo único que faltó es un muerto. Estamos abiertos al diálogo y queremos una solución. No queremos seguir con el conflicto en la calle, pero para eso necesitamos dialogar con gente que decida. Nos tienen que dar una chance, esto no se arregla con represión.”

La presencia de los trabajadores en la puerta de la planta llevaba dos semanas y media y su objetivo es “la reincorporación de todos los compañeros, porque el plan operativo de la empresa Tres Arroyos es dejar a 500 personas sin su puesto de trabajo”.

La historia se repite: de los 2300 de la planta de faena en 2015 quedaron 1300, bajo el mando del empresario Santiago Perea, titular de Proteinsa, que llegó de la mano del presidente Mauricio Macri y la gobernadora María Eugenia Vidal. Ahora buscan reducir esa cantidad a 800 solamente: “Tres Arroyos tiene el mismo plan que Proteinsa, que cuando arrancaron tiraron un plan de integración de los despedidos y finalmente no cumplieron. Y ahora buscan lo mismo, por eso rechazamos el acuerdo, para que no pase lo mismo que en 2015. En ministerio del Trabajo no pasa nada –explica el delegado–. Hay compañeros que han estado toda la vida en la empresa y ahora no entran en el sistema que quiere implementar Tres Arroyos.

El día después de la represión, los trabajadores se encuentran entregando mercadería a los compañeros que no permiten ingresar a trabajar “para que al menos tengan algo que poner en el plato, nos lo brindó el Municipio de Tres Arroyos. Pronto haremos una asamblea con los delegados y todos los compañeros para decidir los próximos pasos a seguir”. En ese sentido explica que el gremio ha venido acompañando su lucha, por ejemplo, al no firmar el convenio que la empresa y el ministerio quieren imponer, “pero ahora va a tener que intervenir más fuerte, con un paro tal vez, porque no podemos seguir arriesgando la integridad física”.

La historia de Cresta Roja, “un símbolo de que sí se puede” que sigue despidiendo trabajadores
Los problemas para la avícola Cresta Roja, presentada como emblema de la recuperación económica de la gestión Cambiemos por el presidente Macri, estallaron en el año 2014, poco antes de su gestión, cuando la empresa de los hermanos croatas Ivo y Milenko Rasic, fundada en 1958, se presentó a convocatoria por emitir cheques sin fondos por $ 43 millones y ya para julio de ese año intentaron despedir 1300 de alrededor de 4000 trabajadores que dependían directamente de la empresa. La firma avícola era la segunda más grande del país, con el 13% del mercado interno, detrás de Tres Arroyos, su actual dueña, con el 22 por ciento.

Antes de las elecciones de 2015, un desembolso millonario de los gobiernos provincial y nacional intentaron frenar una caída que con el tiempo sólo fue acelerándose. La llegada de la gestión Cambiemos trajo un empresario amigo Santiago Perea, titular de Proteinsa, quien la dirigió desde enero de 2016 al comprometerse a desembolsar $ 120 millones.

En abril de 2016, el presidente Mauricio Macri y la gobernadora María Eugenia Vidal visitaron la planta en Esteban Echeverría y mientras Macri la presentó como muestra de “una nueva etapa de la Argentina”, Vidal expresó que Cresta Roja era “un símbolo de que sí se puede”. Un mes más tarde en una visita a la planta de El Jagüel, en Esteban Echeverría, el presidente anunció su primer veto, que sería contra la Ley Antidespidos, que prohibía los despidos por 180 días e implementaba la doble indemnización, en el acto la denominó como “una ley contra los argentinos porque demuestra que no confiamos en nuestro futuro”. Menos de dos meses más tarde, la empresa volvía a despedir a sus trabajadores. Y el último miércoles fue escenario de una represión de gran magnitud, los relatos de los trabajadores reprimidos son aterradores.

Tras el fracaso de Perea, fue adquirida por la empresa Wade S.A, relacionada a Granja Tres Arroyos con una oferta de 80 millones de pesos. El plan operativo de la empresa, la reestructuración que plantea, conlleva la pérdida de otros 500 trabajadores.

Cresta Roja, que en sus mejores tiempos supo faenar alrededor de 400 mil pollos por día redujo su capacidad apenas 60 mil, contrastando con los 800 mil que Macri había pronosticado en su primera visita a la empresa.

En el transcurso de todo este proceso, los trabajadores figuran como las principales bajas de la empresa. De los más de 3000 que efectuaban tareas en 2015, hoy quedan 1.300, de ellos denuncian que el plan de reestructuración de la empresa contempla más de 800 despidos. La represión estatal como respuesta a la resistencia de los trabajadores para mantener sus puestos de trabajo es una constante que tuvo uno de sus puntos culminantes en diciembre de 2015 y este miércoles otro más.