Las  imágenes se viralizaron en las redes sociales. Había dos jóvenes en short y sin remera, en cuclillas y con las dos manos puestas en la nuca, trataban de caminar en esa posición por una calle que a los lados tenía autos abandonos y bolsas de basura desparramadas. Detrás de los jóvenes caminaban tres gendarmes, dos hombres y una mujer, con sus uniformes verde oliva. Iban custodiando que los jóvenes cumplieran la rutina.

Este “baile” se produjo esta semana en la Villa 1-11-14 en el sur del barrio de Flores. Las redes, que sirven tanto para el bien como para el mal, fueron útiles para difundir el hecho. Los jóvenes, supuestamente, habían violado la cuarentena.  El video llegó a manos de los funcionarios del Ministerio de Seguridad que conduce Sabrina Frederic y los efectivos fueron apartados.

No es justo poner a los 37 mil efectivos que trabajan en gendarmería nacional  en la misma bolsa. Aplicar la lógica del botón de muestra con este hecho sería una gran injusticia. Sin embargo, es una señal del cuidado que se debe tener en la Argentina a la hora de evaluar medidas que habiliten mayores licencias para reprimir a las fuerzas de seguridad, como sería la declaración del estado de sitio.

La última vez que se tomó esa decisión en el país fue el 19 de diciembre del 2001. La cadena nacional con la que el ex presidente Fernando De la Rúa anunció la medida fue un video que duraba cuatro minutos. De la Rúa aparece en las imágenes mucho más conectado con la realidad de lo que realmente estaba. Hubo un largo coucheo previo a la filmación para que el entonces presidente diera la sensación de estar en control de la situación. De la Rúa había comprado la hipótesis de que el conflicto social que se había desatado era en buena medida una operación del peronismo bonaerense para derrocarlo. Y no la suma de casi tres años de recesión, desempleo del 20 por ciento, y el corralito bancario que implicó la confiscación de los ahorros de la clase media. Claro que había algunos operadores políticos que se montaron sobre el estallido social y le echaron más leña al fuego. Pero era como culpar a un balde de agua de haber provocado un tsunami.

El resultado de la declaración del estado de sitio en ese momento es conocido: hubo 38 muertos y miles de heridos. Porque declarar el estado de sitio en un país con la historia de la Argentina todavía sigue siendo peligroso. Por eso la imagen de los gendarmes bailando a los jóvenes de la villa es una señal, muy leve, del tipo de situaciones que se pueden desatar si se le da carta blanca a las fuerzas de seguridad, señalando nuevamente que la generalización es una enorme injusticia. Pero para generar una catarata de abusos no hace falta que los 37 mil gendarmes caigan en el uso excesivo de la violencia. Es como el coronavirus: alcanza con que  el uno por ciento lo haga para provocar un descalabro.

Yendo más cerca en el tiempo está lo ocurrido con Santiago Maldonado en agosto de 2017, cuando Patricia Bullrich ordenó despejar la ruta en Chubut y perseguir a quienes habían participado de la protesta mapuche por el reclamo de sus tierras ancestrales.

La semana pasada el gobierno tiró la rodar la posibilidad de utilizar el estado de sitio para garantizar el cumplimiento del aislamiento social obligatorio, impuesto para intentar contener la epidemia de coronavrius. La insinuación pudo haber sido hecha como mensaje de advertencia para que la sociedad acepte las actuales restricciones como el mal menor para enfrentar la emergencia sanitaria. Es posible, lo que no implica que no sea necesario recordar el tipo de tragedia que puede disparar la utilización de ese instrumento constitucional (estado de sitio).

En el resto de la región se han tomado medidas de ese tipo. El caso de Chile es casi risueño. El presidente Sebastián Piñera no declaró la cuarentena total pero sí el toque de queda a partir de las 22 hasta  y las 5 de la mañana del día siguiente. Es un coronavirus singular, al que le gusta la noche y que, de día, cuando los trabajadores se amontonan en el metro de Santiago, se dedica a descansar. Piñera se montó sobre el virus para intentar ajustar las clavijas y frenar lo que él considera la verdadera pandemia, el conflicto  social que sacude a Chile desde octubre del año pasado. 

En Ecuador también hay toque de queda y estado de excepción. Pero es un país que no tiene una historia represiva como la chilena o la argentina a manos del ejército. De hecho, al gobierno de facto que gobernó ese país entre 1972 y 1976 los ecuatorianos le decían (y le dicen) «dictablanda», por la baja intensidad de la represión y persecución en comparación con lo que ocurría en resto de la región.

Esta semana parece haberse enfriado la idea del estado de sitio. Quizás nunca estuvo sobre la mesa como posibilidad real sino como instrumento de disuasión hacia la población. Es muy posible. Porque es una de esos recursos con los que el remedio puede ser mucho peor que la enfermedad, incluso que el coronavirus, que ha cambiado al mundo entero.  «






























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as imágenes se viralizaron en las redes sociales. Había dos jóvenes en short y sin remera, en cuclillas y con las dos manos puestas en la nuca, trataban de caminar en esa posición por una calle que a los lados tenía autos abandonos y bolsas de basura desparramadas. Detrás de los jóvenes caminaban tres gendarmes, dos hombres y una mujer, con sus uniformes verde oliva. Iban custodiando que los jóvenes cumplieran la rutina.


Este “baile” se produjo esta semana en la Villa 1-11-14 en el sur del barrio de Flores. Las redes, que sirven tanto para el bien como para el mal, fueron útiles para difundir el hecho. Los jóvenes, supuestamente, habían violado la cuarentena.  El video llegó a manos de los funcionarios del Ministerio de Seguridad que conduce Sabrina Frederic y los efectivos fueron apartados.


No es justo poner a los 37 mil efectivos que trabajan en gendarmería nacional  en la misma bolsa. Aplicar la lógica del botón de muestra con este hecho sería una gran injusticia. Sin embargo, es una señal del cuidado que se debe tener en la Argentina a la hora de evaluar medidas que habiliten mayores licencias para reprimir a las fuerzas de seguridad, como sería la declaración del estado de sitio.


La última vez que se tomó esa decisión en el país fue el 19 de diciembre del 2001. La cadena nacional con la que el ex presidente Fernando De la Rúa anunció la medida fue un video que duraba cuatro minutos. De la Rúa aparece en las imágenes mucho más conectado con la realidad de lo que realmente estaba. Hubo un largo coucheo previo a la filmación para que el entonces presidente diera la sensación de estar en control de la situación. De la Rúa había comprado la hipótesis de que el conflicto social que se había desatado era en buena medida una operación del peronismo bonaerense para derrocarlo. Y no la suma de casi tres años de recesión, desempleo del 20 por ciento, y el corralito bancario que implicó la confiscación de los ahorros de la clase media. Claro que había algunos operadores políticos que se montaron sobre el estallido social y le echaron más leña al fuego. Pero era como culpar a un balde de agua de haber provocado un tsunami.


El resultado de la declaración del estado de sitio en ese momento es conocido: hubo 38 muertos y miles de heridos. Porque declarar el estado de sitio en un país con la historia de la Argentina todavía sigue siendo peligroso. Por eso la imagen de los gendarmes bailando a los jóvenes de la villa es una señal, muy leve, del tipo de situaciones que se pueden desatar si se le da carta blanca a las fuerzas de seguridad, señalando nuevamente que la generalización es una enorme injusticia. Pero para generar una catarata de abusos no hace falta que los 37 mil gendarmes caigan en el uso excesivo de la violencia. Es como el coronavirus: alcanza con que  el uno por ciento lo haga para provocar un descalabro.


Yendo más cerca en el tiempo está lo ocurrido con Santiago Maldonado en agosto de 2017, cuando Patricia Bullrich ordenó despejar la ruta en Chubut y perseguir a quienes habían participado de la protesta mapuche por el reclamo de sus tierras ancestrales.


La semana pasada el gobierno tiró la rodar la posibilidad de utilizar el estado de sitio para garantizar el cumplimiento del aislamiento social obligatorio, impuesto para intentar contener la epidemia de coronavrius. La insinuación pudo haber sido hecha como mensaje de advertencia para que la sociedad acepte las actuales restricciones como el mal menor para enfrentar la emergencia sanitaria. Es posible, lo que no implica que no sea necesario recordar el tipo de tragedia que puede disparar la utilización de ese instrumento constitucional (estado de sitio).


En el resto de la región se han tomado medidas de ese tipo. El caso de Chile es casi risueño. El presidente Sebastián Piñera no declaró la cuarentena total pero sí el toque de queda a partir de las 22 hasta  y las 5 de la mañana del día siguiente. Es un coronavirus singular, al que le gusta la noche y que, de día, cuando los trabajadores se amontonan en el metro de Santiago, se dedica a descansar. Piñera se montó sobre el virus para intentar ajustar las clavijas y frenar lo que él considera la verdadera pandemia, el conflicto  social que sacude a Chile desde octubre del año pasado. 


En Ecuador también hay toque de queda y estado de excepción. Pero es un país que no tiene una historia represiva como la chilena o la argentina a manos del ejército. De hecho, al gobierno de facto que gobernó ese país entre 1972 y 1976 los ecuatorianos le decían (y le dicen) «dictablanda», por la baja intensidad de la represión y persecución en comparación con lo que ocurría en resto de la región.


Esta semana parece haberse enfriado la idea del estado de sitio. Quizás nunca estuvo sobre la mesa como posibilidad real sino como instrumento de disuasión hacia la población. Es muy posible. Porque es una de esos recursos con los que el remedio puede ser mucho peor que la enfermedad, incluso que el coronavirus, que ha cambiado al mundo entero.  «