La presidenta de la comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados, la radical jujeña Gabriela Burgos, estudió durante la mañana del martes el borrador del proyecto de ley que reforma el régimen penal juvenil y luego partió rumbo al Ministerio de Justicia para empaparse de la visión del Ejecutivo.

Pero lo cierto es que más allá de las estridentes declaraciones públicas de los funcionarios y voceros de Cambiemos, el panorama parlamentario aún no se termina de delinear. Entre otras cosas, porque el oficialismo no tiene certeza sobre las posibilidades reales que tiene el proyecto para ser sancionado.

En ese escenario, por ahora la idea de Cambiemos es “poner en marcha el debate” pese a no contar con el apoyo de ningún sector extrapartidario para afrontar el debate en un año electoral.

La fragilidad legislativa del oficialismo ya hizo fracasar el trámite del proyecto que aumentaba las penas para los barrabravas. Aquel debate, que quedó a mitad de camino en diciembre, también fue conducido por la legisladora Gabriela Burgos.

“La idea es iniciar pronto el tratamiento. No es para nada seguro que se vaya a dar en extraordinarias. Depende de cuándo sea ingresado el proyecto. Y dónde, porque tampoco hay una confirmación de que vaya a ingresar en Diputados.  Si es en Diputados, podría ser que se trate a principios de marzo, y con la realización de reuniones de comisión donde participen actores del sistema. Es decir, sabemos poco y no hay certezas”, explicaron a Tiempo desde el oficialismo y agregaron: “A principios de febrero vamos a tener una idea más clara, que es cuando veo que se va a definir la metodología de tratamiento”.

Más allá de los tiempos, la oportunidad y la forma Burgos asegura que resulta “imprescindible” avanzar con una reforma del régimen penal juvenil que está vigente es del año 1980, plena dictadura, y “se ampara en un modelo tutelar que vulnera derechos y garantías” de los menores.

La diputada jujeña consideró que se debe saldar “esta deuda con la democracia y con la ciudadanía”, y recordó que Cambiemos asumió ese compromiso “desde el primer día”.

Burgos aclaró que si bien aún no hay fecha cierta para el envío del proyecto ni bien ingrese se iniciará “la discusión con el objeto de llegar a una ley basada en el consenso que permita el acceso a la justicia y la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes”.

El borrador que ya circula por los despachos de los diputados – pese a que la mayoría está de vacaciones – contiene  un centenar de artículos distribuidos en 16 capítulos.

 Según pudo saber Tiempo la idea del oficialismo es que el nuevo régimen que busca bajar la edad de imputabilidad a los 15 años se aplicará a los menores de 15 cuando hayan cometido delitos tales como homicidio, violación, abuso sexual agravado, secuestro extorsivo o robo con armas de fuego.

 El proyecto que establece la creación de un fuero especializado en la adolescencia, y, según los voceros del oficialismo, solo plantea la posibilidad de la reclusión como el “último recurso” y “por el plazo más breve posible”.

 Además, según el texto provisorio los adolescentes “no serán pasibles de sanciones privativas o restrictivas de la libertad en función de infracciones de naturaleza contravencional o de faltas”. Y el máximo de años de cárcel será de 15 y quedará prohibida “la imposición de reclusión y de prisión perpetua”.

Por otra parte, la norma propone que en caso que las víctimas den su consentimiento, y sólo ante delitos menores, se incorporarán mecanismos no tradicionales de resolución de conflictos, como la mediación, la conciliación y el acuerdo restaurativo.

El proyecto que también establece sanciones como la asistencia a programas de formación ciudadana; capacitación laboral, cultural y deportiva; también dispone que la prisión preventiva para los jóvenes de entre 15 y 18 años deberá ser por el plazo de un año.

Al respecto el jefe del interbloque Argentina Federal en Diputados, Pablo Kosiner, expresó que “siempre lo penal tienta a muchos a un discurso de impacto electoral”.

El salteño calificó como un  “error” enfocar “la problemática del menor y el delito solamente a una cuestión de la edad” y dejó en claro que se trata de una maniobra dsitractiva para alejar la mirada de la crisis económica. Sin embargo Kosinar advirtió que la reforma del régimen penal juvenil “siempre fue un tema pendiente en Argentina”, y requiere ser visto desde “la necesidad de modernizar” el sistema.