A pesar de las declaraciones formuladas en Tucumán por el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, aún se desconoce cómo intervendrá la cartera laboral en el conflicto desatado en la agencia pública de noticias Télam tras el despido de 357 trabajadores. Sin embargo, las principales autoridades de agencia mantienen un rotundo silencio sobre los despidos que ordenaron, quizás por el escándalo desatado por la designación del funcionario Maximiliano Jorge Tomas, que fue denunciado ante la Oficina Anticorrupción por violar la Ley de Ética Pública y acumular varios trabajos públicos y privados incompatibles con su función.

Desde la llegada de Mauricio Macri al poder, la agencia es presidida por Rodolfo Pousá, que ejerce la conducción del medio bajo órdenes del  titular del Sistema Nacional de Medios Públicos, Hernán Lombardi. Dentro del organigrama de Télam, Pousá es secundado por un directorio compuesto, entre otros, por Ricardo Cárpena y la reciente incorporación de Pablo Ciarliero, que viene de Radio Nacional, donde los trabajadores lo acusaron de persecución e intimidación.

Los dos ex funcionarios de la Alianza y sus subalternos no ofrecen declaraciones a la prensa ni hablan sobre el conflicto desde que Lombardi dijo que «ganó el periodismo» para justificar los despidos. En ese momento las críticas contra Lombardi se incrementaron dentro y fuera del Gobierno, una situación que lo obligó a volver al bajo perfil, a pesar de las consultas y de las invitaciones a distintos programas para explicar la situación, como sucedió este domingo en el programa de Mirtha Legrand, por Canal 13. “Me solidarizo con los periodistas de Télam y quiero decir que lo invitamos al ministro Lombardi a que venga al programa y no pudo o no quiso venir. Dicen que acá apoyamos al gobierno pero lo cierto es que hay funcionarios que prefieren no venir. Con Pousá pasó lo mismo”, se quejó la presentadora.

En rigor, el silencio de radio de Lombardi y Pousá responde también a una dura interna dentro del Gobierno por el conflicto, pero también por el desgaste público a partir de irregularidades denunciadas que enlodan a ambos, como la designación de Tomas, que se desempeña como jefe de la sección Cultura de la agencia desde abril de 2016 pero fue denunciado ante la Oficina Anticorrupción, encabezada por Laura Alonso, por violar la Ley de Ética Pública.

Según la presentación, a pesar de trabajar con el cargo de secretario general de Redacción en la agencia, Tomas acumuló cuatro cargos públicos rentados. Mantuvo un cargo gerencial en el Centro Cultural San Martín, que depende del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y en el que preservó una relación de dependencia formal hasta agosto de 2016. Después de la presunta desvinculación siguió trabajando y habría escondido su relación laboral bajo un aparente régimen de facturación continuado. Eso no es todo: también cuenta con un contrato en Radio Nacional, donde conduce un programa los domingos, y otro en la TV Pública.

El cuestionado funcionario habría llegado a sumar esos contratos gracias a su relación con Lombardi, que antes de llegar al SNMP se desempeñó como ministro de Cultura porteño. También se explica por el aceitado vínculo con autoridades periodísticas de la agencia, como Daniel Capalbo, con quien trabajó en el Diario Perfil hace casi una década atrás.

Tomas es señalado dentro del medio por participar activamente de la confección de la lista de despedidos. Fuentes vinculadas al directorio explicaron que hubo una reunión donde «Pousá, Cárpena y Ciarliero dijeron a los jefes de cada sección que los despidos eran una decisión suya y que se hacían cargo plenamente de la decisión tomada».  La versión, ante las consultas de Tiempo, busca negar la participación de Tomas en las cesantías aplicadas, un dato que los empleados desvinculados consideran un hecho confirmado.

Según pudo reconstruir este medio, la comunicación que hicieron los tres directivos a los editores, sólo fue efectuada a quienes fueron contratados bajo su gestión. El mando periodístico de la agencia Télam está comprendido por once editores. Los despidos fueron informados solamente una parte de ese cuerpo de editores. Los que no fueron designados por Pousá fueron excluídos de esa instancia, y una parte de ellos también formó parte de la lista de cesanteados. Ante esa línea divisoria, Tomas queda más involucrado aún en el armado de la lista de despedidos que niega con vehemencia. 

En la Casa Rosada, las críticas más resonantes contra Lombardi y Pousá apuntan a la ventilación pública de las presuntas irregularidades en la contratación de Tomas, pero también en la metodología masiva de los despidos, como producto de «soberbia, indecisión e impericia por no haberlo hecho antes de otro modo». Si bien las fuentes oficiales no se animaron a explicar cómo tendrían que haber efectuado las cesantías para no defenestrar a Lombardi, la sorpresa gira en torno a los empleados que responden al macrismo que también fueron removidos. El malestar deslizado confirma el móvil político e ideológico de las cesantías.

En la denuncia se lee que el funcionario cuestionado «percibe ingresos de los gestores culturales públicos y privados de los que, se supone, debería conservar alguna autonomía», porque «la persona que decide qué materiales se publican o no en Télam está a sueldo por aquellos interesados en esas publicaciones. Tomas se ubica en forma indistinta (y simultánea) de los todos los lados del mostrador», seña el texto en referencia a la relación de Tomas con distintas empresas del mercado editorial, como Edhasa e Ilhsa, dueña de la cadena Yenny.

Ante las consultas de Tiempo, Tomas no quiso formular declaraciones y dijo que cuenta con el patrocinio de un abogado a cargo de su defensa. Sin embargo, fuentes vinculadas al funcionario sostuvieron que se trata de «una operación de prensa de manual», aunque la documentación que integra la denuncia aporta pistas concretas sobre su consistencia.

Una de ellas tiene que ver con la simultaneidad de tareas públicas. Aunque trabaja en Télam desde abril de 2016, la página 30 de la resolución 765 MHGC/2016 del Ministerio de Hacienda del Gobierno de la Ciudad confirma que ocupó un cargo gerencial en el Centro Cultural San Martín hasta agosto de 2016 y luego siguió facturando. A eso se suman sus trabajos para Radio y Televisión Argentina (RTA S.E.), donde participa del programa televisivo “Bibliómanos”, emitido por la TV Pública, y en el programa radial “Vicios Propios” de  Radio Nacional. Por la participación televisiva “cobra una remuneración tercerizada por la empresa A Latina SRL, otro acto de simulación jurídica”, advierte la denuncia, mientras que con la radio (de donde viene Ciarliero) “tiene contrato a su nombre, y por el que cobra publicidad”.

Es un sistema prohibido tanto por el régimen de contrataciones del gobierno nacional como por el porteño. El decreto nacional 8566/61advierte expresamente que ese régimen de incompatibilidades incluye a las empresas del Estado como Télam, aunque Tomas también firmó como empleado de Télam una declaración jurada donde afirmó que no estaba alcanzado por incompatibilidad alguna. Además, la ley porteña 471 sostiene que la simultaneidad de empleos en el Estado Nacional y en el porteño está prohibida por su artículo 12, donde establece bajo el título de «Incompatibilidad» que «el desempeño de un cargo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es incompatible con el ejercicio de cualquier otro remunerado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como en el orden nacional, provincial o municipal, salvo en los casos en que el Poder Ejecutivo autorice la acumulación por razones fundadas”.