El decreto 647, que penaba con prisión a quienes difundieran las declaraciones juradas de los funcionarios bonaerenses, desató una crisis inesperada en el gobierno de María Eugenia Vidal.
En un miércoles frenético, el gobierno pasó del silencio inicial a los tweets de la gobernadora asegurando que revisaría el decreto si había dudas, y poco después al reconocimiento, a través de un comunicado, de «un error en la redacción» que sería salvado con la derogación de los artículos de la polémica. Ya por la noche, Vidal repitió que se había tratado de un error frente a las cámaras de TV.
El nuevo régimen de declaraciones juradas fue anunciado por Vidal en la apertura de sesiones de la Legislatura como una medida destinada a transparentar la gestión pública. La instrumentó a través del decreto 116, que obliga a unos 55 mil funcionarios, incluidos los policías y penitenciarios con rango igual o mayor a subcomisario, a declarar sus bienes.
El plazo para esa presentación venció el 6 de junio. Vidal resolvió prorrogar con el decreto 647 la entrega por 60 días para aliviar, según explicaron en el gobierno, el caos generado en la Escribanía General de Gobierno, encargada de recibir las presentaciones. Pero el decreto fue más allá: agregó el carácter «reservado» de las declaraciones «integrales» –que contiene la información completa a diferencia de la declaración «sintética»– e incluyó sanciones y penas de prisión a «terceros» que difundieran esa información. Es decir, a los periodistas.
Ese punto, calcado del artículo 85 de la ley de blanqueo de capitales que impulsó Mauricio Macri, generó una lluvia de críticas y obligó al gobierno de Vidal a dar marcha atrás en menos de 24 horas.
El secretario Legal y Técnico, Julio Conte Grand, fue el responsable de la redacción y quedó en el ojo de la tormenta. Esa tarde defendió el texto en distintos medios. «Hubo una mala interpretación. No hay riesgo para el ejercicio de la profesión periodística», repitió. Aclaró que buscaban evitar el uso indebido por parte de los propios funcionarios y que las DD JJ igual que en AFIP, están protegidas por el secreto fiscal. Aún hoy sigue convencido de que técnicamente el decreto es correcto.
Para frenar la crisis, Vidal lo obligó a redactar otro decreto rectificatorio que eliminó los artículos controversiales. Un día después de la marcha atrás, la gobernadora le pidió la renuncia a la escribana general, María Eva Guida, quien venía de la gestión de Daniel Scioli. En su lugar asumirá Tomás Rospide, un hombre cercano a Conte Grand, quien parece haber salido fortalecido pese al costo político que pagó su jefa.
El decreto espera ahora ser convertido en ley en la Legislatura y obligar también a legisladores y jueces a declarar su patrimonio. El proyecto iba a tratarse el último jueves en el Senado, pero se trabó porque la oposición le pidió a Cambiemos aprobar en simultáneo la creación de un organismo anticorrupción que reciba las Declaraciones Juradas. El dato es que el despacho de comisión firmado por unanimidad, al que accedió Tiempo, mantiene el carácter reservado de las declaraciones integrales. Habrá que ver qué pasa finalmente en el recinto. «